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Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presentó cargos por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es señalado de haber intentado, durante más de un año, coaccionar a una ayudante para mantener una relación sexual.
La mujer alega también que Khan la manoseó contra su voluntad, una versión que rechaza el fiscal. “No hay nada de cierto en las sugerencias de mala conducta”, ha afirmado.
Khan investiga, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde abril de 2017.
Según el gobierno de Nicolás Maduro son actos que “nunca han ocurrido”.
Aunque el organismo de control de la CPI no pudo determinar la existencia de irregularidades, en un informe instó a Khan a reducir su contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad de la institución.
Funcionarios judiciales apuntaron que podrían formar parte de una campaña de desprestigio de los servicios de inteligencia israelíes.
No es el primer escándalo en el que Khan se ve involucrado, en septiembre de este año el diario The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno venezolano para su defensa, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió en la sede de la CPI en La Haya reportaron la supuesta conducta indebida a principios de mayo ante el organismo de control independiente del tribunal, que señaló que entrevistó a la mujer y cerró su investigación cinco días después cuando ella optó por no presentar una denuncia formal.
Khan no llegó a ser interrogado, pero el caso podría no haber terminado.
Aunque la mujer rechazó hacer declaraciones a The Associated Press, personas cercanas a ella afirman que sus reticencias iniciales se debían a la desconfianza en el organismo de control de la entidad y ha pedido a la entidad que supervisa la CPI, formada por los Estados miembro, que inicie una investigación interna.
Un funcionario de la CPI con conocimiento del asunto, que habló con la AP bajo condición de anonimato, confirmó que su solicitud seguía en estudio.
Estos esfuerzos fueron aplaudidos por personas próximas a la mujer, que sigue trabajando en la Corte.
“No se trataba de un acercamiento puntual o de un brazo alrededor del hombro que pudiese ser malinterpretado”, contó a la AP una de esas personas, que habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la mujer. “Se trataba de un patrón de conducta repetido que se llevó a cabo durante un largo periodo”.
Días después del archivo de la causa, el trabajo de la CPI continuó con normalidad. El 20 de mayo, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás por crímenes de guerra. Un panel formado por tres jueces está estudiando la petición.
El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por el pedido y su presidente, Joe Biden, calificó la acusación de “escandalosa” por implicar una equivalencia entre Israel y Hamás.
Al anunciar los cargos, Khan insinuó que fuerzas externas estaban llevando a cabo una campaña para hacer fracasar su investigación.
“Insisto en que todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir de forma indebida en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”, dijo el fiscal, y agregó que no dudará en utilizar su autoridad para investigar a cualquier sospechoso de obstrucción de la justicia.
Una lista creciente de enemigos
Bajo la dirección de Khan, la CPI se ha vuelto más asertiva en el combate contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. En el camino, la lista de enemigos ha sido cada vez mayor.
En septiembre pasado, tras la apertura de una pesquisa sobre las atrocidades rusas en Ucrania, la CPI sufrió un debilitante ciberataque que impidió al personal trabajar durante semanas. También contrató a un pasante que luego fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.
Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre lo que el tribunal denominó “la situación en el Estado de Palestina”.
El periódico londinense The Guardian y varios medios de comunicación israelíes publicaron este verano que durante la última década las agencias de inteligencia de Israel supuestamente han ido tras funcionarios de alto rango de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo con el fin de desacreditarla.
El propio Netanyahu, en los días previos al anuncio de Khan de los cargos por crímenes de guerra, pidió a las democracias del mundo “que utilicen todos los medios a su disposición” para bloquear al CPI ante lo que llamó un “ultraje de proporciones históricas”.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
