Internacionales
Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presentó cargos por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es señalado de haber intentado, durante más de un año, coaccionar a una ayudante para mantener una relación sexual.
La mujer alega también que Khan la manoseó contra su voluntad, una versión que rechaza el fiscal. “No hay nada de cierto en las sugerencias de mala conducta”, ha afirmado.
Khan investiga, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde abril de 2017.
Según el gobierno de Nicolás Maduro son actos que “nunca han ocurrido”.
Aunque el organismo de control de la CPI no pudo determinar la existencia de irregularidades, en un informe instó a Khan a reducir su contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad de la institución.
Funcionarios judiciales apuntaron que podrían formar parte de una campaña de desprestigio de los servicios de inteligencia israelíes.
No es el primer escándalo en el que Khan se ve involucrado, en septiembre de este año el diario The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno venezolano para su defensa, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió en la sede de la CPI en La Haya reportaron la supuesta conducta indebida a principios de mayo ante el organismo de control independiente del tribunal, que señaló que entrevistó a la mujer y cerró su investigación cinco días después cuando ella optó por no presentar una denuncia formal.
Khan no llegó a ser interrogado, pero el caso podría no haber terminado.
Aunque la mujer rechazó hacer declaraciones a The Associated Press, personas cercanas a ella afirman que sus reticencias iniciales se debían a la desconfianza en el organismo de control de la entidad y ha pedido a la entidad que supervisa la CPI, formada por los Estados miembro, que inicie una investigación interna.
Un funcionario de la CPI con conocimiento del asunto, que habló con la AP bajo condición de anonimato, confirmó que su solicitud seguía en estudio.
Estos esfuerzos fueron aplaudidos por personas próximas a la mujer, que sigue trabajando en la Corte.
“No se trataba de un acercamiento puntual o de un brazo alrededor del hombro que pudiese ser malinterpretado”, contó a la AP una de esas personas, que habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la mujer. “Se trataba de un patrón de conducta repetido que se llevó a cabo durante un largo periodo”.
Días después del archivo de la causa, el trabajo de la CPI continuó con normalidad. El 20 de mayo, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás por crímenes de guerra. Un panel formado por tres jueces está estudiando la petición.
El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por el pedido y su presidente, Joe Biden, calificó la acusación de “escandalosa” por implicar una equivalencia entre Israel y Hamás.
Al anunciar los cargos, Khan insinuó que fuerzas externas estaban llevando a cabo una campaña para hacer fracasar su investigación.
“Insisto en que todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir de forma indebida en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”, dijo el fiscal, y agregó que no dudará en utilizar su autoridad para investigar a cualquier sospechoso de obstrucción de la justicia.
Una lista creciente de enemigos
Bajo la dirección de Khan, la CPI se ha vuelto más asertiva en el combate contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. En el camino, la lista de enemigos ha sido cada vez mayor.
En septiembre pasado, tras la apertura de una pesquisa sobre las atrocidades rusas en Ucrania, la CPI sufrió un debilitante ciberataque que impidió al personal trabajar durante semanas. También contrató a un pasante que luego fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.
Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre lo que el tribunal denominó “la situación en el Estado de Palestina”.
El periódico londinense The Guardian y varios medios de comunicación israelíes publicaron este verano que durante la última década las agencias de inteligencia de Israel supuestamente han ido tras funcionarios de alto rango de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo con el fin de desacreditarla.
El propio Netanyahu, en los días previos al anuncio de Khan de los cargos por crímenes de guerra, pidió a las democracias del mundo “que utilicen todos los medios a su disposición” para bloquear al CPI ante lo que llamó un “ultraje de proporciones históricas”.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
