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Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presentó cargos por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es señalado de haber intentado, durante más de un año, coaccionar a una ayudante para mantener una relación sexual.
La mujer alega también que Khan la manoseó contra su voluntad, una versión que rechaza el fiscal. “No hay nada de cierto en las sugerencias de mala conducta”, ha afirmado.
Khan investiga, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde abril de 2017.
Según el gobierno de Nicolás Maduro son actos que “nunca han ocurrido”.
Aunque el organismo de control de la CPI no pudo determinar la existencia de irregularidades, en un informe instó a Khan a reducir su contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad de la institución.
Funcionarios judiciales apuntaron que podrían formar parte de una campaña de desprestigio de los servicios de inteligencia israelíes.
No es el primer escándalo en el que Khan se ve involucrado, en septiembre de este año el diario The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno venezolano para su defensa, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió en la sede de la CPI en La Haya reportaron la supuesta conducta indebida a principios de mayo ante el organismo de control independiente del tribunal, que señaló que entrevistó a la mujer y cerró su investigación cinco días después cuando ella optó por no presentar una denuncia formal.
Khan no llegó a ser interrogado, pero el caso podría no haber terminado.
Aunque la mujer rechazó hacer declaraciones a The Associated Press, personas cercanas a ella afirman que sus reticencias iniciales se debían a la desconfianza en el organismo de control de la entidad y ha pedido a la entidad que supervisa la CPI, formada por los Estados miembro, que inicie una investigación interna.
Un funcionario de la CPI con conocimiento del asunto, que habló con la AP bajo condición de anonimato, confirmó que su solicitud seguía en estudio.
Estos esfuerzos fueron aplaudidos por personas próximas a la mujer, que sigue trabajando en la Corte.
“No se trataba de un acercamiento puntual o de un brazo alrededor del hombro que pudiese ser malinterpretado”, contó a la AP una de esas personas, que habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la mujer. “Se trataba de un patrón de conducta repetido que se llevó a cabo durante un largo periodo”.
Días después del archivo de la causa, el trabajo de la CPI continuó con normalidad. El 20 de mayo, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás por crímenes de guerra. Un panel formado por tres jueces está estudiando la petición.
El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por el pedido y su presidente, Joe Biden, calificó la acusación de “escandalosa” por implicar una equivalencia entre Israel y Hamás.
Al anunciar los cargos, Khan insinuó que fuerzas externas estaban llevando a cabo una campaña para hacer fracasar su investigación.
“Insisto en que todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir de forma indebida en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”, dijo el fiscal, y agregó que no dudará en utilizar su autoridad para investigar a cualquier sospechoso de obstrucción de la justicia.
Una lista creciente de enemigos
Bajo la dirección de Khan, la CPI se ha vuelto más asertiva en el combate contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. En el camino, la lista de enemigos ha sido cada vez mayor.
En septiembre pasado, tras la apertura de una pesquisa sobre las atrocidades rusas en Ucrania, la CPI sufrió un debilitante ciberataque que impidió al personal trabajar durante semanas. También contrató a un pasante que luego fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.
Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre lo que el tribunal denominó “la situación en el Estado de Palestina”.
El periódico londinense The Guardian y varios medios de comunicación israelíes publicaron este verano que durante la última década las agencias de inteligencia de Israel supuestamente han ido tras funcionarios de alto rango de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo con el fin de desacreditarla.
El propio Netanyahu, en los días previos al anuncio de Khan de los cargos por crímenes de guerra, pidió a las democracias del mundo “que utilicen todos los medios a su disposición” para bloquear al CPI ante lo que llamó un “ultraje de proporciones históricas”.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
