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Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presentó cargos por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es señalado de haber intentado, durante más de un año, coaccionar a una ayudante para mantener una relación sexual.
La mujer alega también que Khan la manoseó contra su voluntad, una versión que rechaza el fiscal. “No hay nada de cierto en las sugerencias de mala conducta”, ha afirmado.
Khan investiga, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde abril de 2017.
Según el gobierno de Nicolás Maduro son actos que “nunca han ocurrido”.
Aunque el organismo de control de la CPI no pudo determinar la existencia de irregularidades, en un informe instó a Khan a reducir su contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad de la institución.
Funcionarios judiciales apuntaron que podrían formar parte de una campaña de desprestigio de los servicios de inteligencia israelíes.
No es el primer escándalo en el que Khan se ve involucrado, en septiembre de este año el diario The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno venezolano para su defensa, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió en la sede de la CPI en La Haya reportaron la supuesta conducta indebida a principios de mayo ante el organismo de control independiente del tribunal, que señaló que entrevistó a la mujer y cerró su investigación cinco días después cuando ella optó por no presentar una denuncia formal.
Khan no llegó a ser interrogado, pero el caso podría no haber terminado.
Aunque la mujer rechazó hacer declaraciones a The Associated Press, personas cercanas a ella afirman que sus reticencias iniciales se debían a la desconfianza en el organismo de control de la entidad y ha pedido a la entidad que supervisa la CPI, formada por los Estados miembro, que inicie una investigación interna.
Un funcionario de la CPI con conocimiento del asunto, que habló con la AP bajo condición de anonimato, confirmó que su solicitud seguía en estudio.
Estos esfuerzos fueron aplaudidos por personas próximas a la mujer, que sigue trabajando en la Corte.
“No se trataba de un acercamiento puntual o de un brazo alrededor del hombro que pudiese ser malinterpretado”, contó a la AP una de esas personas, que habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la mujer. “Se trataba de un patrón de conducta repetido que se llevó a cabo durante un largo periodo”.
Días después del archivo de la causa, el trabajo de la CPI continuó con normalidad. El 20 de mayo, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás por crímenes de guerra. Un panel formado por tres jueces está estudiando la petición.
El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por el pedido y su presidente, Joe Biden, calificó la acusación de “escandalosa” por implicar una equivalencia entre Israel y Hamás.
Al anunciar los cargos, Khan insinuó que fuerzas externas estaban llevando a cabo una campaña para hacer fracasar su investigación.
“Insisto en que todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir de forma indebida en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”, dijo el fiscal, y agregó que no dudará en utilizar su autoridad para investigar a cualquier sospechoso de obstrucción de la justicia.
Una lista creciente de enemigos
Bajo la dirección de Khan, la CPI se ha vuelto más asertiva en el combate contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. En el camino, la lista de enemigos ha sido cada vez mayor.
En septiembre pasado, tras la apertura de una pesquisa sobre las atrocidades rusas en Ucrania, la CPI sufrió un debilitante ciberataque que impidió al personal trabajar durante semanas. También contrató a un pasante que luego fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.
Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre lo que el tribunal denominó “la situación en el Estado de Palestina”.
El periódico londinense The Guardian y varios medios de comunicación israelíes publicaron este verano que durante la última década las agencias de inteligencia de Israel supuestamente han ido tras funcionarios de alto rango de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo con el fin de desacreditarla.
El propio Netanyahu, en los días previos al anuncio de Khan de los cargos por crímenes de guerra, pidió a las democracias del mundo “que utilicen todos los medios a su disposición” para bloquear al CPI ante lo que llamó un “ultraje de proporciones históricas”.
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.
Rescatistas en California recuperaron el sábado el cuerpo de la novena y última persona fallecida en una fatal avalancha en las montañas de Sierra Nevada, informó la oficina del sheriff local.
Un alud impactó a un grupo de 11 esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de un paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2.777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.
Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas el martes. Esta fue la avalancha más mortal en Estados Unidos desde 1981.
«Las nueve personas que perdieron la vida en la avalancha de pico Castle del 17 de febrero fueron recuperadas de forma segura de la montaña», señaló la oficina del sheriff del condado de Nevada en un comunicado.
«No hay palabras que realmente capten la magnitud de esta pérdida y nuestros corazones lloran junto a las familias de los afectados por este catastrófico suceso», declaró la sheriff Shannan Moon.
Las autoridades habían advertido el jueves que las operaciones de búsqueda se prolongarían durante el fin de semana por el mal tiempo en la zona.
Los sobrevivientes lograron pedir ayuda poco después de que se produjera el desastre, pero las condiciones de visibilidad nula y el riesgo de nuevos aludes de nieve hicieron que los equipos de rescate no pudieran llegar hasta ellos durante varias horas.
