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Fiscal de CPI que investiga presuntos crímenes en Venezuela enfrenta denuncia por conducta sexual inapropiada
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presentó cargos por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es señalado de haber intentado, durante más de un año, coaccionar a una ayudante para mantener una relación sexual.
La mujer alega también que Khan la manoseó contra su voluntad, una versión que rechaza el fiscal. “No hay nada de cierto en las sugerencias de mala conducta”, ha afirmado.
Khan investiga, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde abril de 2017.
Según el gobierno de Nicolás Maduro son actos que “nunca han ocurrido”.
Aunque el organismo de control de la CPI no pudo determinar la existencia de irregularidades, en un informe instó a Khan a reducir su contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad de la institución.
Funcionarios judiciales apuntaron que podrían formar parte de una campaña de desprestigio de los servicios de inteligencia israelíes.
No es el primer escándalo en el que Khan se ve involucrado, en septiembre de este año el diario The Washington Post reveló que Venkateswari Alagendra, una abogada del bufete contratado por el gobierno venezolano para su defensa, es hermana de la esposa del fiscal de la CPI.
Dos compañeros de trabajo en quienes la mujer confió en la sede de la CPI en La Haya reportaron la supuesta conducta indebida a principios de mayo ante el organismo de control independiente del tribunal, que señaló que entrevistó a la mujer y cerró su investigación cinco días después cuando ella optó por no presentar una denuncia formal.
Khan no llegó a ser interrogado, pero el caso podría no haber terminado.
Aunque la mujer rechazó hacer declaraciones a The Associated Press, personas cercanas a ella afirman que sus reticencias iniciales se debían a la desconfianza en el organismo de control de la entidad y ha pedido a la entidad que supervisa la CPI, formada por los Estados miembro, que inicie una investigación interna.
Un funcionario de la CPI con conocimiento del asunto, que habló con la AP bajo condición de anonimato, confirmó que su solicitud seguía en estudio.
Estos esfuerzos fueron aplaudidos por personas próximas a la mujer, que sigue trabajando en la Corte.
“No se trataba de un acercamiento puntual o de un brazo alrededor del hombro que pudiese ser malinterpretado”, contó a la AP una de esas personas, que habló bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la mujer. “Se trataba de un patrón de conducta repetido que se llevó a cabo durante un largo periodo”.
Días después del archivo de la causa, el trabajo de la CPI continuó con normalidad. El 20 de mayo, Khan solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás por crímenes de guerra. Un panel formado por tres jueces está estudiando la petición.
El gobierno de Estados Unidos se mostró sorprendido por el pedido y su presidente, Joe Biden, calificó la acusación de “escandalosa” por implicar una equivalencia entre Israel y Hamás.
Al anunciar los cargos, Khan insinuó que fuerzas externas estaban llevando a cabo una campaña para hacer fracasar su investigación.
“Insisto en que todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir de forma indebida en los funcionarios de este tribunal deben cesar de inmediato”, dijo el fiscal, y agregó que no dudará en utilizar su autoridad para investigar a cualquier sospechoso de obstrucción de la justicia.
Una lista creciente de enemigos
Bajo la dirección de Khan, la CPI se ha vuelto más asertiva en el combate contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. En el camino, la lista de enemigos ha sido cada vez mayor.
En septiembre pasado, tras la apertura de una pesquisa sobre las atrocidades rusas en Ucrania, la CPI sufrió un debilitante ciberataque que impidió al personal trabajar durante semanas. También contrató a un pasante que luego fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.
Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre lo que el tribunal denominó “la situación en el Estado de Palestina”.
El periódico londinense The Guardian y varios medios de comunicación israelíes publicaron este verano que durante la última década las agencias de inteligencia de Israel supuestamente han ido tras funcionarios de alto rango de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo con el fin de desacreditarla.
El propio Netanyahu, en los días previos al anuncio de Khan de los cargos por crímenes de guerra, pidió a las democracias del mundo “que utilicen todos los medios a su disposición” para bloquear al CPI ante lo que llamó un “ultraje de proporciones históricas”.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
