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Estudio vincula herbicida común con daño cerebral permanente
Un estudio publicado este miércoles en la revista científica Neuroinflammation muestra «por primera vez» que incluso un breve contacto con el herbicida glifosato, uno de los más utilizados en todo el mundo, puede causar daños duraderos en el cerebro.
El investigador Ramón Velázquez, de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), y sus colegas, incluidos los del Translational Genomics Research Institute (TGen, instituto de investigación genómica sin ánimo de lucro con sede en Phoenix, Arizona), en Estados Unidos, «demostraron que los ratones expuestos al herbicida glifosato desarrollan una inflamación cerebral significativa, asociada a enfermedades neurodegenerativas», según un comunicado sobre el trabajo difundido por la universidad.
Lo que los científicos identificaron fue una asociación entre la exposición de las ratas al herbicida y síntomas de neuroinflamación, así como un empeoramiento de una patología similar a la enfermedad de Alzhéimer, muerte prematura y comportamientos similares a la ansiedad.
Al analizar tanto la presencia de glifosato como el impacto de los derivados del herbicida en el cerebro mucho tiempo después del fin de la exposición, se revelaron «una serie de efectos persistentes y perjudiciales para la salud cerebral».
La investigación también demostró que un subproducto del glifosato, el ácido aminometilfosfónico, se acumula en el tejido cerebral, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad del producto químico para el ser humano.
Los ensayos científicos
Los experimentos se llevaron a cabo durante 13 semanas, seguidas de un periodo de recuperación de seis meses, en ratones normales y transgénicos (con enfermedad de Alzhéimer), y los científicos probaron dos niveles de exposición al glifosato: una dosis alta, a un nivel similar al utilizado en estudios anteriores, y otra más baja, cercana al límite considerado para determinar la dosis aceptable para los humanos.
Esta dosis más baja también causó efectos nocivos en el cerebro de las ratas, incluso después de meses de exposición. «El glifosato provocó un aumento persistente de los marcadores inflamatorios en el cerebro y la sangre, incluso después del periodo de recuperación».
«Nuestro trabajo contribuye a la creciente literatura que destaca la vulnerabilidad del cerebro al glifosato», afirma Velázquez, citado en el comunicado de prensa.
«Dada la creciente incidencia del deterioro cognitivo en la población de edad avanzada, en particular en las comunidades rurales donde la exposición al glifosato es más común debido a la agricultura a gran escala, hay una necesidad urgente de más investigación básica sobre los efectos de este herbicida», añade.
Regulación del glifosato: posturas de la EPA y la UE
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. (EPA) considera que la exposición a ciertos niveles de glifosato es segura para las personas, afirmando que el cuerpo absorbe mínimamente el producto químico y lo excreta predominantemente sin cambios.
Hace un año, basándose en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión Europea decidió renovar la aprobación del uso del herbicida glifosato en la Unión Europea (UE) durante diez años (hasta 2033), aunque con nuevas condiciones y restricciones, como la prohibición de su uso antes de la cosecha.
La EFSA no ha identificado ningún área crítica de preocupación y también ha concluido que no hay pruebas de que el herbicida más utilizado sea cancerígeno.
Preocupación científica sobre el impacto del herbicida
Sin embargo, según el comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Arizona, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifica el glifosato como «posiblemente cancerígeno para los seres humanos».
Los trabajadores agrícolas están más expuestos al glifosato por inhalación o contacto con la piel, pero debido a su uso generalizado, el producto químico se encuentra en toda la cadena alimentaria.
«Mi esperanza es que nuestro trabajo estimule nuevas investigaciones sobre los efectos de la exposición al glifosato, lo que podría llevar a reexaminar su seguridad a largo plazo y tal vez suscitar un debate sobre otras toxinas frecuentes en nuestro entorno que pueden afectar al cerebro», afirma Samantha K. Bartholomew, del Laboratorio de Ciencias Biológicas. Bartholomew, del Laboratorio Velázquez de Enfermedades Neurodegenerativas y autora principal del estudio.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona inició este martes una nueva etapa con los primeros testimonios presentados por las defensas. Dos especialistas en adicciones respaldaron un tratamiento similar al que recibió el astro argentino del fútbol, aunque aclararon que sus declaraciones se realizaron en términos generales y sin referirse directamente al caso.
La defensa del psicólogo Carlos Díaz buscó demostrar que la adicción de Maradona al alcohol y a los psicofármacos no era suficiente, por sí sola, para justificar una internación contra su voluntad.
Durante la audiencia, el sociólogo especializado en adicciones Ignacio O’Donnell sostuvo que una persona que no se encuentra consumiendo sustancias y logra mantenerse sin hacerlo no requiere necesariamente una internación.
El siguiente testigo, el psicólogo Damián Barreiro, coincidió con O’Donnell y afirmó que una persona que consume sustancias no está, por ese solo hecho, incapacitada. Según explicó, para disponer una internación contra su voluntad debe existir un riesgo inminente para la propia persona o para terceros.
Ambos especialistas señalaron que sus declaraciones eran de carácter general y que no conocían los pormenores del caso de Maradona.
El exfutbolista murió durante una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones se encuentran en el centro del debate judicial. Semanas atrás, dos peritos convocados por la parte acusatoria declararon que Maradona habría tenido que ser internado de manera forzosa debido a que, según ellos, “no estaba en sus cabales”.
Maradona había sido trasladado a una casa ubicada en Tigre, al norte de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.
El 25 de noviembre de ese mismo año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.
Durante el proceso, peritos convocados por la fiscalía también señalaron que Maradona debió haber permanecido internado en un hospital y que, durante las semanas previas a su muerte, presentó signos de desmejoría que debieron alertar a los profesionales responsables de su atención.
El juicio se desarrolla en un tribunal de San Isidro, cerca de Tigre, y además de Carlos Díaz tiene como acusados a otros seis profesionales de la salud.
Todos enfrentan acusaciones por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. De ser declarados culpables, arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio comenzó en abril y podría concluir en octubre, luego de que varias de las defensas desistieran de algunos testigos con el objetivo de agilizar el proceso.
Olga Carolina Esquité, de 43 años, y su hija Natali Nicole Esquité, de 23, fueron asesinadas mientras laboraban en su negocio de venta de ropa usada, ubicado en la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información proporcionada, ambas mujeres perdieron la vida de forma instantánea tras ser atacadas al interior del establecimiento comercial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo de seguridad y acordonaron ampliamente la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con una extorsión que las mujeres presuntamente se habrían negado a pagar.
En Guatemala, las estadísticas oficiales reflejan que el delito de la extorsión continúa afectando al sector comercial y al transporte en el territorio nacional.
