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Emergencia nacional y alerta roja se mantienen en vigor en El Salvador
Las lluvias intensas con rápidos vientos han cesado en el país, pero el nivel de vulnerabilidad sigue siendo alto en una diversidad de áreas. El Gobierno del Presidente Bukele hará uso de los recursos necesarios para continuar protegiendo la vida de los salvadoreños.
“Recordemos que todavía estamos en alerta roja y declaratoria de emergencia”, explicó el titular del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
El decreto 522, publicado en el Diario Oficial número 189, tomo 437, del 8 de octubre de 2022, estableció el estado de emergencia nacional por la tormenta tropical Julia. Cuando el Presidente Bukele promovió esta iniciativa, y los diputados la aprobaron, Julia mantenía la categoría de huracán. En el territorio salvadoreño, perdió fuerza y pasó a ser tormenta, hasta avanzar a Guatemala como depresión.
La emergencia nacional continuará por 15 días a partir de la vigencia del referido decreto. Junto con la alerta roja, permiten al Gobierno actuar con mayor agilidad para resguardar a las comunidades, además de proceder con la recuperación.
“Hemos tenido ciertos daños en algunos lugares y los trabajos continuarán. No es algo que se haga en un día”, dijo el ministro Bidegain. Los equipos continúan analizando las condiciones para determinar qué tipo de intervención se requiere.
En el caso de las personas que se encuentran en albergues, el Gobierno les proveerá el resguardo digno todo el tiempo que sea necesario: higiene del lugar, acceso a bienes de primera necesidad y, según el ministro Bidegain, “la atención especializada para niños y mujeres se mantendrá el tiempo que sea necesario”. De hecho, les harán un censo para darles ayuda según sus necesidades.
El decreto también establece que las personas están obligadas a proceder con las evacuaciones cuando Protección Civil los llame. La recomendación es evitar cruzar cuerpos de agua y prestar atención a las condiciones del entorno como árboles, muros, cauces de ríos o quebradas y manejar vehículos con precaución.
La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
