Principal
Dictaminan creación de Organismo para la Implementación de Energía Nuclear en El Salvador
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió un dictamen favorable para darle vida a la Ley de Creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador, la cual tiene por finalidad establecer el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), que será una dependencia de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Dicho organismo tendrá diferentes atribuciones entre ellas formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica y de calor, así como para la optimización de procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
La iniciativa también permitirá que, en el futuro, El Salvador tenga soberanía energética y que cumpla con los estándares internacionales en la materia tomando en cuenta los convenios a los que se ha suscrito.
Daniel Álvarez, presidente de CEL, explicó que será la autónoma quien dirigirá el OIPEN y nombrará al personal técnico y administrativo para su funcionamiento. Agregó que, actualmente, hay técnicos que están siendo capacitados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para poder desarrollar este nuevo modelo energético en el país.
“La energía nuclear tiene ventajas: puede pasar produciendo energía 24/7 y el precio sería más estable para que no dependa de factores geopolíticos o precios del petróleo. Lo vemos como algo que para un futuro puede cubrir nuestra demanda con precios sumamente competitivos y a largo plazo que eso es lo importante”, mencionó.
El funcionario ahondó en que para 2050 se prevé un crecimiento en el consumo de electricidad en el país y se considera que la energía nuclear podría representar el 26 % de la matriz en el país.
A nivel mundial, ya existen varios países que desarrollan la energía nuclear: Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá, Suecia, Bélgica, Brasil y México.
“El Salvador tiene el derecho de poder explorar estas oportunidades y diversificar la matriz energética. No estamos pensando de aquí a tres años, estamos pensando en el suministro de energía que le vamos a garantizar a las generaciones de aquí a 2050”, señaló el diputado William Soriano.
El legislador opinó que uno de los retos que tiene El Salvador es generar fuentes de energías sostenibles, limpias y que garanticen mejores precios y competitividad en el mercado y que permitan la soberanía energética.
Por su parte, Mauricio Ortiz enfatizó en que en las administraciones pasadas no hubo agenda en materia de energía, por lo que es necesaria la creación de una nueva normativa, ya que la actual Ley Orgánica de la Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear data de 1961 y ha quedado obsoleta.
Facultades del OIPEN:
a) Formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica o de calor.
b) Ejecutar y desarrollar los estudios necesarios para la instalación de plantas nucleares en El Salvador, ya sea para la generación de energía eléctrica, procesos industriales y el uso de sus subproductos para fines médicos o agrícolas, entre otros.
c) Promover la preparación especializada del personal técnico que participará de las actividades con la energía nuclear y sus usos pacíficos conforme a la regulación aplicable.
d) Celebrar contratos, convenios y cualquier otro instrumento legal que fuesen necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
e) Aceptar donaciones y cooperación de corporaciones de Derecho Público, personas naturales o jurídicas, organismos internacionales, entes de Derecho Privado; y para ello podrá celebrar toda clase de instrumentos a fin de procurarse los bienes o servicios que necesitare para los fines que esta ley le encomienda.
El presidente Donald Trump envió este viernes una carta a miembros del Congreso en la que sostiene que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha concluido y, con ello, busca cerrar el debate sobre si su administración debe pedir autorización legislativa para mantener fuerzas armadas desplegadas en Oriente Medio. El documento, obtenido por Politico, fue enviado el mismo día en que expiraba el plazo legal para solicitar ese permiso.
Trump subraya en la misiva que “no ha habido intercambio de fuego entre EE. UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026”, en alusión a la tregua que ambos gobiernos acordaron y que el presidente extendió de manera indefinida la semana pasada. Según altos funcionarios de su administración, incluido el secretario de Guerra Pete Hegseth, ese alto el fuego reinicia el conteo legal que activa la norma conocida como War Powers Resolution, o Ley de Poderes de Guerra, que exige la aprobación del Congreso para prolongar un conflicto más allá de 60 días.
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 obliga al Ejecutivo a consultar y, en muchos casos, recibir autorización del Legislativo antes de mantener tropas en operaciones internacionales, salvo que el Congreso ya haya declarado la guerra o EE. UU. haya sido atacado directamente. Trump cuestionó hoy la constitucionalidad de la normativa, señalando desde la Casa Blanca que “hay algunas personas que la consideran inconstitucional” y preguntó por qué su administración debería actuar de forma diferente a gobiernos anteriores que tampoco solicitaron ese permiso.
Legisladores demócratas habían argumentado que el conteo de los 60 días debía comenzar el 2 de marzo, cuando Trump informó formalmente al Congreso sobre el inicio de los ataques junto a Israel contra objetivos en Irán. Si se aplica esa fecha, el plazo para pedir autorización vencía este viernes, lo que avivó el debate sobre la necesidad de control parlamentario sobre decisiones de guerra. La carta de Trump busca zanjar ese punto argumentando que la tregua actual pone fin al ciclo de hostilidades y, por ende, reinicia cualquier obligación legal de consulta.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
Principal
Depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.8 % a febrero y superan los $22,600 millones
El sistema bancario de El Salvador cerró febrero de 2026 con un saldo de depósitos de $22,619.6 millones, lo que representa un incremento de $3,259.3 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a una variación interanual de 16.8 %, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) compilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El crecimiento no se limitó a una comparación anual favorable. Frente a diciembre de 2025, los depósitos aumentaron $494.7 millones, y respecto a enero de 2026, la captación sumó $313.2 millones adicionales, lo que refleja una tendencia sostenida en los primeros meses del año.
El segmento que más contribuyó al crecimiento en términos absolutos fue el de depósitos a la vista, que alcanzó $13,986.5 millones al cierre de febrero, con un alza interanual de $2,119.7 millones, equivalente a 17.9 %. Este tipo de cuenta representa cerca del 62 % del total captado por el sistema y agrupa tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes de personas y empresas.
Los depósitos a plazo de hasta un año también mostraron dinamismo, con un saldo de $7,389.1 millones y un crecimiento interanual de 16.2 %, aportando $1,029.9 millones adicionales en el período. En contraste, los depósitos pactados a más de un año registraron un avance más moderado de 4.7 % interanual, para ubicarse en $813.7 millones.
En cuanto a la distribución por institución, Banco Agrícola mantuvo el liderazgo del sistema con $5,875.1 millones en depósitos, seguido por Banco Cuscatlán con $3,997 millones y BAC Credomatic con $3,274.4 millones. Davivienda ocupó el cuarto lugar con $2,969 millones, mientras que Banco Hipotecario cerró el grupo de los cinco principales con $1,554.4 millones.
Un sistema que crece en activos, crédito y rentabilidad
El comportamiento de los depósitos se inscribe en una expansión más amplia del sistema financiero salvadoreño. Los activos totales del sector alcanzaron $28,889.3 millones en febrero de 2026, un incremento interanual de $3,189.9 millones equivalente a 12.4 %.
Por su parte, los préstamos brutos sumaron $19,238.7 millones, con un crecimiento de 9 % respecto al mismo mes de 2025, impulsados principalmente por los sectores de consumo, que concentró el 31.5 % de la cartera, y construcción, que registró el mayor dinamismo relativo con un alza interanual de 32.2 %.
La brecha entre el ritmo de crecimiento de los depósitos y el del crédito sugiere que el sistema acumula una base de fondeo más amplia que la requerida por la demanda actual de financiamiento, lo que en principio ofrece condiciones favorables para sostener la expansión crediticia en los próximos meses.
En materia de calidad de cartera, el índice de morosidad se ubicó en 1.4 % en febrero de 2026, por debajo del 1.7 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que la cobertura de reservas sobre préstamos vencidos alcanzó 155 %.
