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Internacionales

Derrumbe en La Habana Vieja deja tres muertos y afecta a 13 familias

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Un edificio en el casco histórico de La Habana en el que vivían 13 familias se derrumbó dejando fallecidos a dos bomberos —uno de ellos, una mujer— y un residente, informaron las autoridades.

El miércoles las fuerzas de rescate, acompañadas de enormes grúas y con el apoyo de perros, trabajaron toda la jornada bajo una lluvia intermitente para lograr sacar los cuerpos de entre los escombros..

No se especificó el motivo del colapso ocurrido cerca de la medianoche del martes, pero la zona tiene construcciones deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, condiciones que las aguaceros tropicales —como las de la temporada presente— tienden a empeorar, reconocieron las autoridades.

El edificio de tres pisos sufrió un primer derrumbe que hizo que los bomberos acudieran al lugar de inmediato y evacuaran a la mayoría de los residentes, antes de que dos de ellos quedaran atrapados en un segundo desplome.

La Dirección General de Salud de La Habana identificó a la rescatista muerta como Yoandra Suárez López, de 40 años, quien también impartía clases de salvamento y era una de las primeras mujeres en desarrollar esa labor en la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel manifestó sus condolencias.

El otro bombero profesional muerto fue Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años, mientras el último de los decesos —y quien previamente había sido considerado desaparecido— fue identificado como Ramón Páez Frómeta, de 79 años, residente del edificio.

El intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, indicó a medios locales que en el momento del derrumbe se encontraban 54 personas en el inmueble. Además de los fallecidos, dos vecinos sufrieron lesiones pero se encuentran fuera de peligro.

Las familias fueron evacuadas a una escuela cercana mientras se determina a dónde se alojarán y no se reportaron daños en los edificios colindantes, aunque el sector permanece acordonado pues las lluvias continúan y se teme que las pocas paredes frontales de la construcción que aún quedan en pie también se vengan abajo.

El estado de las edificaciones residenciales es uno de los temas más tensos en Cuba, donde el clima húmedo, el permanente paso de ciclones, el salitre, el escaso mantenimiento y el bajo índice de terminación de nuevas edificaciones suele ser una queja común entre los ciudadanos.

Esta semana en un informe ante el Consejo de Ministros la directora general de la Vivienda, Vivian Rodríguez, indicó que el déficit de casas en la isla se ubica en 800 viviendas, sobre todo en las provincias de La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Desde 2019 a la fecha se concluyeron 127.345 unidades y se repararon 106.332.

Un recuento a partir de cifras oficiales indicó que al cierre de 2020 en la isla había 3,9 millones de viviendas de las cuales casi el 40% estaba en regular y mal estado. El 76% se encontraban en localidades urbanas, las que tienen las peores condiciones.

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Dueño y cliente mueren en ataque armado en una cevichería

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El propietario y un cliente de una cevichería fallecieron en un ataque armado registrado en el departamento de Chimaltenango, Guatemala.

El tiroteo ocurrió en el cantón La Democracia, ubicado en el municipio de Párramos, departamento de Chimaltenango.

Según la información disponible, socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el lugar.

Al llegar a la escena, los cuerpos de socorro verificaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Las dos personas fallecidas quedaron en el interior de una venta de bebidas alcohólicas. Hasta el momento, se conoce que uno de los fallecidos era el propietario del local, mientras que la otra víctima era un cliente de la cevichería.

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Dos fallecidos y varios lesionados tras fatal accidente en Quetzaltenango, Guatemala

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Dos personas fallecieron y otras 12 resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el sábado en Guatemala, según informaron medios de comunicación locales.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 210 de la carretera CA-2, a la altura de la Finca Miramar, en el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.

De manera preliminar, se conoció que la intensa lluvia que se experimentó en la zona habría podido provocar el accidente.

Tras la emergencia, socorristas de los Bomberos Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos de ambos vehículos involucrados en el choque.

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Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.

Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.

Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.

El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.

La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.

Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.

Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.

Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.

Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.

Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.

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