Internacionales
Caen arrestos por cruces irregulares en el Rio Grande Valley de Texas

Un autobús de la Patrulla Fronteriza permaneció vacío esta semana, a la espera de cualquier migrante que se entregara cerca del extremo sur de Texas.
Agentes en dos lanchas rápidas pasaron rápidamente por zonas de playas arenosas, conocidos puntos de desembarco para personas que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal desde México sosteniéndose en neumáticos inflables, pero no vieron nada sospechoso.
Los que solían ser sitios muy concurridos para desembarcar cerca de la ciudad fronteriza de Mission estaban desiertos de migrantes que anteriormente cruzaban allí, aunque la orilla del río estaba llena de ropa, pulseras de plástico distribuidas por contrabandistas y un oso de peluche en una mañana de jueves inusualmente fría.
Las detenciones por cruces irregulares han caído drásticamente desde un récord mensual de 250.000 en diciembre de 2023, quizás de manera más notable en el Rio Grande Valley, el epicentro de las llegadas de migrantes de 2013 a 2022.
Periodistas de The Associated Press que acompañaban el jueves a agentes de la Patrulla Fronteriza en una camioneta y lanchas rápidas —las cuales recorrieron 48 kilómetros a lo largo del Rio Grande Valley y el río durante cinco horas— no encontraron a ningún migrante.
Las detenciones, que ya estaban en sus niveles más bajos desde 2019 cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero, han caído drásticamente en las últimas semanas. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, dijo el viernes que actualmente son unas 350 al día, en comparación con más de 1.500 diarias en diciembre, el último mes del que se han publicado datos.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el Rio Grande Valley, donde viven aproximadamente 1,4 millones de personas, han estado haciendo unas 50 detenciones al día, en comparación con un promedio diario de 325 en diciembre y casi 3.000 en los días de mayor tránsito de 2021.
A pesar de la relativa calma, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera en su primer día en el cargo.
En un memorando sobre política migratoria al asumir el cargo la semana pasada, la secretaria de Justicia Pam Bondi escribió: “Los cruces fronterizos ilegales y la migración irregular hacia Estados Unidos han alcanzado niveles récord, lo que resulta en una amenaza sustancial e inaceptable para nuestra seguridad nacional y la seguridad pública”.
Durante la noche del jueves hubo detenciones a lo largo del río Bravo —que Estados Unidos denomina Rio Grande—, así como un tiroteo el miércoles. La Patrulla Fronteriza informó que un agente le disparó a alguien en un presunto incidente de contrabando en la localidad de Boca Chica, hiriendo a un sospechoso.
Sin embargo, no se encontraron migrantes a lo largo del río el jueves por la mañana en antiguos puntos sumamente transitados como Mission, una ciudad de 87.000 habitantes donde, incluso en diciembre pasado, solicitantes de asilo aguardaban en campos abiertos cerca de un puente internacional muy transitado para que los agentes los recogieran, o en muchos otros puntos a lo largo del sinuoso río bordeado de cañas gigantes.
El incremento en la vigilancia por parte de las autoridades mexicanas dentro de sus propias fronteras y las severas restricciones al asilo en Estados Unidos contribuyeron a las drásticas caídas en los cruces irregulare antes de que Trump asumiera el cargo.
En los últimos años, la Guardia Nacional de Texas y la policía estatal se han convertido en una presencia importante bajo la “Operación Estrella Solitaria” del gobernador Greg Abbott, una iniciativa fronteriza para controlar la inmigración a un costo de varios miles de millones de dólares.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acordó recientemente permitir que la Guardia Nacional de Texas arreste y detenga a personas por cruces iregulares, lo que previamente había sido del dominio exclusivo del gobierno federal.
El jueves se autorizó que 300 miembros de la Guardia de Texas efectúen detenciones migratorias en conjunto con los agentes de la Patrulla Fronteriza y se desplieguen aún más a lo largo de la frontera
Internacionales
Gobierno de México crea plataforma de identificación y base de desaparecidos

El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
Internacionales
Aumenta a 90 el número de municipios bolivianos declarados en desastre por lluvias

«Ya no son 81 los municipios declarados en desastre, ahora son 90 municipios declarados en desastre y 19 municipios declarados en emergencia municipal», explicó Calvimontes en conferencia de prensa, al precisar que la cifra de familias afectadas se elevó también a 368.707.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, las regiones más afectadas son La Paz (oeste), Santa Cruz (este), Cochabamba (centro), donde las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura.
«De los 50 fallecidos registrados hasta ahora, 18 pertenecen a Cochabamba, el segundo departamento más golpeado, después de La Paz», aseveró el viceministro de Defensa.
En Santa Cruz, siete municipios fueron declarados en desastre, particularmente en zonas productivas y el Norte Integrado. Se prevé una evaluación aérea para definir medidas de intervención, indicó.
En La Paz suman 44 municipios declarados en desastre, mientras que la infraestructura urbana también ha sufrido daños significativos, especialmente en Bajo Llojeta y la zona sur de la ciudad.
Ante la amenaza de nuevos desbordes, el viceministro alertó que 29 municipios están en riesgo inminente de inundaciones.
Para mitigar el impacto, el Gobierno desplegó maquinaria pesada para dragar ríos y distribuir materiales de construcción que permitan reforzar muros de contención.
Por su parte, el estatal Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta roja por el incremento progresivo y repentino del nivel de los ríos en siete de los nueve departamentos del país, la cual estará vigente hasta el 5 de abril.
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México entrega a Guatemala a un miembro de la MS-13 condenado a 130 años de prisión en El Salvador

En México, las autoridades de ese país capturaron a César Omar Hernández Quintanilla, de 33 años alias Lunático, miembro de la Mara Salvatrucha que tiene una condena de 130 años impuesta por el Tribunal de Sentencia de San Miguel.
El terrorista fue entregado al Centro Antipandillas Transnacional (CAT), de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, para que sea expulsado de esa nación y puestos a la orden de la Policía de El Salvador.
«El marero salvadoreño figura en los más buscados de su país es entregado por México para deportarlo a El Salvador», publicó la PNC guatemalteca.
Se informó que en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos investigadores del Centro Antipandillas Transnacional en coordinación con autoridades mexicanas recibieron al pandillero de 33 años.
«César Omar Hernández Quintanilla, es un pandillero de alto perfil criminal que cuenta con tres órdenes de aprehensión en su país por los delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas y extorsión», destacó la PNC del vecino país.
En la información publicada por la Policía de Guatemala, Hernández Quintanilla tiene tres órdenes de captura, una fue girada el 16 de febrero de 2023 y las otras dos datan de octubre y noviembre del 2024.
Lunático, el miembro de la clica «Normadis Locos Salvatruchos» una estructura que por décadas estuvo consumando una serie de delitos en el departamento de Sonsonate y posteriormente se expandió a otros territorios.
El pandillero fue capturado en Chiapas, México y según las autoridades de ese país, había ingresado por el río Suchiate, para no ser localizado, se estuvo moviendo en varios municipios de ese estado.
En junio de 2024, Tribunal de Sentencia de San Miguel lo condenó junto a otros siete pandilleros a 130 años de cárcel por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República probó que entre el 2003 y 2013, exigieron entre $25 y $1,000 semanales a comerciantes de San Miguel para dejarlos trabajar y por temor a las amenazas las víctimas pagaron las cantidades de dinero.