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Alcaldesa de Soyapango continuará bajo detención provisional
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas consideradas como «suficientes» en dos audiencias iniciales en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, quien seguirá en prisión provisional en el centro penal de Apanteos, Santa Ana. Asimismo, se informó que esta medida permitirá continuar con las investigaciones del caso.
«El juzgado 1° de Paz de Soyapango ha determinado que sus acciones han afectado los derechos de los trabajadores y ciudadanía», Informó la Fiscalía.
Las dos audiencias iniciales en su contra estaban programadas para este sábado, y estaban previstas durante la mañana, pero se reprogramaron para las 2:00 pm de este mismo día.
A Montano se le acusa de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracciones de las condiciones laborales o de seguridad social y resistencia.
Los primeros delitos se desligan de sus funciones al frente de la comuna durante los últimos meses, mientras que el último se debería a actos cometidos por la funcionaria al momento de su captura el pasado 28 de diciembre.
Al terminar la audiencia, el alcalde en funciones, Marco García, habló de algunas medidas y cambios que se están haciendo efectivos dentro de la alcaldía de Soyapango, como por ejemplo, reducir el gasto corriente, además de tener como prioridad el pago de salarios, retenciones y obligaciones para los trabajadores y estar a disposición de las autoridades para las investigaciones que se llevan a cabo actualmente.
García agregó que la Corte de Cuentas se encuentra instalada en la alcaldía y que el lunes empezará un estudio sobre las finanzas de la comuna.
Por su parte, el abogado defensor, Miguel Cárcamo expresó que «por la configuración procesal que tenemos, el sobreseimiento no se puede dar en esta etapa. Lo que sí esperamos es que ella recupere su libertad y que pueda seguir su vida normal. Y en la etapa de instrucción desvanecer esta acusación y demostrar que ella es inocente de todo lo que se le está acusado».
De acuerdo a la Fiscalía, se ha encontrado un desorden financiero en la municipalidad, donde sus «fondos económicos no se han estado utilizando de forma adecuada». Además, descubrieron «un gasto excesivo en las fiestas patronales».
Mientras, abogados penalistas sostienen que, debido a la complejidad de los tres delitos que le imputan, habrían más implicados que deben investigarse y la funcionaría podría enfrentar hasta 14 años de prisión si el sistema de justicia la declara culpable.
«Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en huelga de hambre», indicó Castillo en su cuenta de X, donde publicó una breve carta en la que ofrece más detalles sobre su decisión.
En la misiva, escrita de su puño y letra, afirmó que se «encuentra recluido injustamente» en la cárcel de Barbadillo, ubicada en el distrito de Ate (Lima), «por actos que nunca cometí».
El pasado 4 de marzo, se inició un juicio oral en su contra, en el marco de una investigación fiscal por intento de golpe de Estado, luego de que el 7 de diciembre de 2022 intentara disolver el Congreso sin tener un sustento legal.
En ese sentido, Castillo cuestionó que ahora hay «un tribunal con una jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión».
La carta ha sido rubricada también por el abogado Walter Ayala, quien declaró a la privada emisora Radio Programas del Perú que, en su opinión, «han metido preso a un inocente», especialmente al considerar que el exmandatario «nunca se alzó en armas».
«La decisión de una huelga de hambre es porque él está haciendo una protesta pacífica para que Perú y el mundo tengan conocimiento de que Castillo se encuentra preso de manera injusta, arbitraria», sostuvo.
Asimismo, hizo «responsable al sistema de justicia por su salud o algo más grave que pueda suceder de hoy en adelante».
El Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos.
En un operativo llevado a cabo, este martes, por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), tres sujetos fueron detenidos en flagrancia por transportar marihuana en Santa Tecla.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, identificó a los arrestados como Henry Ernesto Ramos Badillos, Rodrigo Alberto Flores Noruega y Edgar Balmore Galdámez Hernández, quienes, según las autoridades, transportaban cuatro porciones de marihuana con un valor estimado de $4,288.24.
El arresto se efectuó tras una labor de vigilancia e inteligencia que permitió a los agentes de la PNC interceptar a los sospechosos mientras transportaban la droga. Los tres detenidos enfrentarán cargos por tráfico ilícito de estupefacientes.
«Entiendan, no hay forma de burlarse de la autoridad, tenemos presencia de nuestras fuerzas del orden en todo el territorio salvadoreño y tenemos el firme compromiso de combatir este flagelo de las drogas con toda la contundencia del Estado», dijo Villatoro.
La PNC reiteró que continuará realizando esfuerzos para desarticular redes dedicadas al tráfico de drogas en el país.
El exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, fue condenado a 27 años de cárcel por peculado e incumplimiento de deberes, la pena se la impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
En el mismo fallo, el extesorero municipal, Edwin Orlando León, fue encontrado culpable y lo sentenciaron a 12 años de prisión.
El proceso también llegó a vista pública en contra de otros nueve miembros del exconcejo municipal de Olocuilta y un particular, quienes recibieron tres años de cárcel.
El juicio fue por el mal uso de fondos públicos y falta de supervisión en proyectos que no cumplieron con los procedimientos legales para la compra de un terreno que serviría para ampliar el cementerio municipal y la construcción de un parque ecológico.
La vista pública fue efectuada con siete presentes y cinco prófugos, entre ellos el exalcalde, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez; el extesorero municipal, Edwin Orlando León, los exconcejales: Roque Zepeda López y Roberto Antonio Ruiz Zavaleta.
Solo comparecieron al juicio, el particular, Jorge Salvador Yada Córdova; el exsíndico Gilberto Antonio Toloza; y los exconcejales Luis Alonso Chávez Ramírez, Venancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo; Carlos Córdova Díaz, Carlos Mendoza y Juan Miguel Aragón Ramírez.
Todos fueron parte del concejo municipal en el período comprendido entre el año 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República probó anomalías en la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Respecto al cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y por el parque ecológico se erogaron $260,000.
Marvin Ulises Rodríguez, incurrió en el delito de peculado cuando transfirió de las cuentas del FODES hacia su cuenta personal y del tesorero, dinero destinado a la comuna.
