La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas consideradas como «suficientes» en dos audiencias iniciales en contra de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, quien seguirá en prisión provisional en el centro penal de Apanteos, Santa Ana. Asimismo, se informó que esta medida permitirá continuar con las investigaciones del caso.

«El juzgado 1° de Paz de Soyapango ha determinado que sus acciones han afectado los derechos de los trabajadores y ciudadanía», Informó la Fiscalía.

Las dos audiencias iniciales en su contra estaban programadas para este sábado, y estaban previstas durante la mañana, pero se reprogramaron para las 2:00 pm de este mismo día.

A Montano se le acusa de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracciones de las condiciones laborales o de seguridad social y resistencia.

Los primeros delitos se desligan de sus funciones al frente de la comuna durante los últimos meses, mientras que el último se debería a actos cometidos por la funcionaria al momento de su captura el pasado 28 de diciembre.

Al terminar la audiencia, el alcalde en funciones, Marco García, habló de algunas medidas y cambios que se están haciendo efectivos dentro de la alcaldía de Soyapango, como por ejemplo, reducir el gasto corriente, además de tener como prioridad el pago de salarios, retenciones y obligaciones para los trabajadores y estar a disposición de las autoridades para las investigaciones que se llevan a cabo actualmente.

García agregó que la Corte de Cuentas se encuentra instalada en la alcaldía y que el lunes empezará un estudio sobre las finanzas de la comuna.

Por su parte, el abogado defensor, Miguel Cárcamo expresó que «por la configuración procesal que tenemos, el sobreseimiento no se puede dar en esta etapa. Lo que sí esperamos es que ella recupere su libertad y que pueda seguir su vida normal. Y en la etapa de instrucción desvanecer esta acusación y demostrar que ella es inocente de todo lo que se le está acusado».

De acuerdo a la Fiscalía, se ha encontrado un desorden financiero en la municipalidad, donde sus «fondos económicos no se han estado utilizando de forma adecuada». Además, descubrieron «un gasto excesivo en las fiestas patronales».

Mientras, abogados penalistas sostienen que, debido a la complejidad de los tres delitos que le imputan, habrían más implicados que deben investigarse y la funcionaría podría enfrentar hasta 14 años de prisión si el sistema de justicia la declara culpable.