Política
Paolo Lüers ofreció a pandillas trabajar para ellos si ARENA ganaba elecciones, y desmiente a Norman Quijano, «sabía que eran pandilleros con quienes se reunía»
Paolo Lüers, columnista del El Diario de Hoy (EDH), se acercó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 en el 2014 para buscar el respaldo de los miembros de dichas estructuras criminales previo a las elecciones presidenciales de ese año, mismo que llevara a ARENA al poder.
«Yo, personalmente, me voy a encargar de elaborar un discurso y un programa de gobierno para seguridad y para pandillas” aseguró Paolo Lüers, quien confesó a las pandillas trabajar para ellos en un posible gobierno de ARENA.
Por estas acciones, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber entregado dinero a las pandillas para que estas apoyaran al partido de derecha en dichas elecciones, cuando Norman Quijano se postuló para buscar la presidencia.
Según una reciente publicación del periódico digital El Faro, el acercamiento se realizó debido a los spot que lanzó Quijano durante su campaña “Un país libre de maras”, que había lanzado en medios de comunicación y redes sociales, en la cual, incluso, se le veía casi llorando.
Según Lüers, el mismo “podía neutralizarlos” y poner quietas a las estructuras criminales para «jarlarlas» al bando de ARENA, todo para ganar las elecciones del 2014.
Al parecer, los planes de ARENA para gobernar, y en los que habían tomado en cuenta a los cabecillas de pandillas y sus seguidores, eran coordinados en conjunto con el más alto de sus dirigentes, el expresidente de COENA, Jorge Velado.
Junto al polémico miembro del Concejo Editorial de EDH, la Fiscalía ha acusado ante los tribunales a los exministros de Gobernación, Arístides Valencia; y el de Justicia y Seguridad, Benito Lara; y al diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.
Sobre este último, Paolo Lüers lanzó una serie de acusaciones.
Quijano ha sostenido, reiteradamente, que nunca se reunió con pandilleros ni negoció con ellos; no obstante, Lüers lo ha desmentido categóricamente al asegurar durante una entrevista con El Faro que Quijano estaba al tanto de la situación y que se reunió con líderes de pandillas.
“Anteayer hablé con Norman (martes 28 de enero) y sigue con el juego ese de decir “n’ombre, ¿cómo va a creer eso? Yo fui a un evento de unos pastores y ¿cómo iba a saber yo quiénes eran todas las personas que estaban ahí?”. Claro, a él no le conviene decir la verdad, porque se estaría involucrando él mismo. Eso lo entiendo. Norman ahorita tiene que tomar una decisión jodida: tratar de matar este asunto en la Asamblea, que es una opción, pero se queda como el hombre que no quiso abandonar su fuero e ir al juicio, o dejar que la Asamblea lo desafuere y jugársela en los tribunales. Mirá, yo no sé… Yo entiendo que intente maniobrar en la Asamblea”, expresó Lüer ante la pregunta sobre si Quijano miente al asegurar que nunca se reunió.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en una reunión sostenida con líderes de estructuras, Quijano le pidió disculpas a los pandilleros por la campaña “Un país libre de maras” que había lanzado en medios de comunicación y redes sociales, en la cual, incluso, se le veía llorando.
El ahora diputado le explicó a los pandilleros que la campaña era solo una mentira para obtener votos, debido a que si ganaba la presidencia iba a reducir la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en los municipios controlados por pandillas.
No obstante, a pesar de todas estas pruebas, el diputado del partido ARENA siempre ha negado esas reuniones, pero de igual forma se ha negado a renunciar a su fuero para enfrentar a la justicia.
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Los ciudadanos tienen 12 días, a partir de hoy, para efectuar modificaciones en la dirección de residencia que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones generales que se realizarán el 28 de febrero de 2027, según ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Si te mudaste recientemente, actualiza tu dirección en el DUI para que puedas votar más cerca de tu nuevo hogar. Realiza el trámite en cualquier duicentro del país», indicó la institución a través de sus diferentes plataformas de redes sociales.
El tribunal reiteró a la ciudadanía que tiene como plazo límite el 27 de febrero próximo para realizar los respectivos cambios en el documento.
«Si quieres votar más cerca de tu casa aún estás a tiempo», enfatizó el ente electoral.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) también desarrolla jornadas móviles en el extranjero para dar oportunidad a que los connacionales realicen actualización de la dirección.
El TSE también ha comunicado los avances de las etapas del ciclo electoral salvadoreño, del que detalló que en este momento se ejecuta la segunda fase de este período.
«Esta etapa está compuesta por seis fases claves, diseñadas para organizar, supervisar y garantizar que cada salvadoreño dentro y fuera del país sea el protagonista de un proceso electoral moderno y eficiente», indicó.
LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Para tener una mejor comprensión de las seis fases claves a las que el TSE ha hecho referencia, estas han sido organizadas de la siguiente forma: logística y preparación de los centros de votación en el país; sigue la etapa de instalación de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) y apertura de los centros de votación que serán habilitados en instalaciones previamente anunciadas por la institución a escala nacional.
En tercer lugar está la apertura de votación en el territorio nacional; después viene la observación electoral, que estará a cargo de las entidades y organismos nacionales e internacionales debidamente acreditados por el tribunal.
Luego viene el escrutinio, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares; y finalmente, la recolección y traslado de las actas y el material electoral que será destinado para el evento.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
