Política
Ley de Emergencia Nacional castigará con $50 a personas que no cumplan cuarentena obligatoria
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa logró un consenso sobre la Ley de Emergencia Nacional que someterán a discusión en el pleno de hoy jueves, y acordaron que la PNC y la FAES no podrán privar de libertad a las personas que incumplan la cuarentena obligatoria, y en vez de ello, se propone que se multe con $50 a los infractores.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dio una conferencia de prensa luego de reunirse con miembros del gabinete de Nayib Bukele, para explicar los acuerdos alcanzados. En tal sentido, afirmó que «la Ley de Emergencia Nacional lleva sanciones como amonestación verbal, sanción económica de $50 y trabajo comunitario. Eso es de fiel cumplimiento para quien viole la cuarenta domiciliar», aclaró.
El acuerdo establece además, que las personas que sean sorprendidas en incumplimiento de la cuarentena no podrán ser enviadas a un centro de contención, salvo en los casos de aquellos que presenten síntomas de covid-19, lo cual será establecido por medio de una evaluación sanitaria.
En cuanto a las personas que sean sometidas a trabajo comunitario porque no pueden pagar los $50, el servicio lo prestarán en el municipio donde viven. Ponce adelantó que las labores pueden consistir arreglando parques y trabajos de limpieza en barrios y colonias.
El diputado presidente celebró los acuerdos logrados entre los diputados y el Ejecutivo, y explicó que se lograron modificaciones al proyecto presentado por Casa Presidencia, sobre todo en materia de protección de derechos humanos para evitar posibles abusos de las autoridades de seguridad pública, dijo
Desde tempranas horas del miércoles, los diputados de la Comisión Política, se reunieron con el secretario jurídico y privado de la Presidencia, así como con los ministros de Salud y de Hacienda para consensuar el proyecto de decreto que será sometido al pleno en la sesión de mañana (jueves) para su aprobación.
La nueva normativa difiere del decreto ejecutivo número 19 presentado por el presidente Nayib Bukele el lunes para mantener la cuarententa obligatoria, y que proponía las detenciones de personas que no acataran la cuarentena.
Opinet
Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Política
FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
Política
CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».




