Política
Asamblea Legislativa aprueba prorroga de emergencia nacional hasta el 1 de mayo por el COVID-19
La Asamblea Legislativa prorrogó anoche, el decreto de emergencia nacional por 15 días más, hasta el 1 de mayo, con el fin de contener el contagio de la pandemia del COVID-19 en El Salvador.
La prórroga recibió la votación de 65 diputados de Arena, FMLN, Gana, PDC, CD y el no partidario Leonardo Bonilla.
El decreto 593 permite que el Ministerio de Salud haga una evaluación médica a “toda persona sospechosa o confirmada como portadora de COVID-19 o que haya estado expuesta a su contagio, teniendo la atribución para indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias internacionales”.
La Comisión Nacional de Protección Civil, de acuerdo al decreto, queda facultada por 15 días más “para restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras de COVID-19” en su ingreso al país y dentro del territorio nacional para que reciban “el tratamiento correspondiente”.
La ley ordena a que toda persona, cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, a partir de los cordones sanitarios fijados.
El nuevo periodo también restringe concentraciones de personas, prohibiendo o suspendiendo toda la clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que arriesguen la salud de los salvadoreños, antes de la evaluación y resolución de la Dirección de Protección Civil y el Ministerio de Salud.
El parlamento aprobó además multas que van desde los $50 a $300 para los infractores y, en el caso que no las puedan pagar, deberán cambiarlas por servicio a la comunidad, que puede ir desde limpieza de parques a oficios varios en hospitales o unidades de salud
El decreto prorrogado obliga a tener además centros de cuarentena dignos, suspende clases, suspende términos y plazos legales, prohíbe despidos de personas en cuarentena y autoriza contrataciones directas tanto en alcaldías como en el Gobierno central. Los efectos de la prórroga concluirán el 1 de mayo de 2020, indicó expresamente el decreto.
La sesión plenaria fue cerrada a las 10:51 de la noche con el fin de que la prórroga inicie su vigencia hoy viernes.
La Asamblea Legislativa no logró aprobar un nuevo decreto de Estado de Emergencia Nacional que prohibía salir de las casas a excepción de las personas que se dirijan a su trabajo o que pretendan ir a comprar alimentación, medicamentos, deban hacer operaciones bancarias o ayudar a un familiar por emergencia.
Al hablar de ese proyecto, no aprobado, el diputado Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, señaló que “no es que todo el mundo va a andar de arriba para abajo”, pero detalló que la prohibición de salir de la casa tenía excepciones: ir al trabajo, ir a adquirir agua potable, medicamentos a hacer operaciones bancarias y trasladarse por emergencias.
Según este diputado, la nueva normativa prohibiría la captura de las personas por el hecho de salir de sus viviendas, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
Un nuevo proyecto sería sometido a aprobación ayer, para prohibir las detenciones por el hecho de violar la cuarentena domiciliar, en respeto al fallo de la Sala.
El nuevo decreto que habían preparado Arena y FMLN permitía a las personas transitar cuando su objetivo fuera ir a trabajar, emergencias o comprar alimentos, lo que significaba quitarle las facultades al gobierno para mantener a las personas en cuarentena domiciliar obligatoria.
También se buscaba la prohibición de decomiso de vehículos y tratos humillantes para las personas que fuesen sorprendidas incumpliendo la cuarentena.
Tras la aprobación de la prorroga por 15 días más al estado de emergencia nacional por coronavirus, el presidente de la República a través de su cuenta de twitter expuso los siguiente: «GANA, PCN, CD (que siempre apoyaron) y finalmente se sumó todo el FMLN y algunos pocos de ARENA. Funcionó la presión. Ojalá no sea necesaria dentro de 15 días».
En en sugundo tuir el mandatario resaltó que la prorroga fue sancionada por el ejecutivo y publicada en El Diario Oficial.
«La prórroga a la Ley de Emergencia ya fue sancionada por este servidor y publicada en El Diario Oficial. Oficialmente empiezan a correr los 15 días de prórroga».
Opinet
Analista Rafael Góchez considera que el mapa político no cambiará antes de las elecciones
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Política
FMLN y ARENA avanzan con nuevas inscripciones de precandidatos
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
Política
CCR revisa procesos para constancias de candidatos de 2027
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».




