Política
Legisladores apoyan iniciativa para modernizar los servicios de ANDA
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para autorizar al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esos recursos permitirán que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecute el Programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador.
Los legisladores apoyaron la iniciativa para garantizar que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida y bienestar, mediante el acceso a servicios básicos de calidad.
Este proyecto, según expuso a la mesa legislativa el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, beneficiará a unas 450 mil familias que residen en el Área Metropolitana de San Salvador, con énfasis en la zona norte, en donde ANDA ha identificado un alto porcentaje de deterioro de la red.
Específicamente el programa contempla la continuidad de los servicios de agua potable con la renovación de redes de agua, así como la ampliación de macro y micro medición y la automatización y control digital de redes.
La autónoma también podrá reducir los niveles de agua no facturada y mejorar la eficiencia energética en el Sistema Zona Norte, así como la gestión empresarial de la institución. Para ello, se modernizarán los equipos de bombeo, se perforarán nuevos pozos y se mejorarán los existentes.
“Básicamente todos estos sistemas, de acuerdo a lo planteado por ANDA, desde la década de 1970 no se han intervenido. Esto conlleva pérdidas aproximadas de un 64% del agua que se suministra”, señaló Herrera.
El delegado de Hacienda agregó que un porcentaje de los fondos del préstamo se destinarán para mejorar las capacidades de la institución. Al respecto, se ha contemplado el diseño de un plan de acción de buenas prácticas de gobierno corporativo y de un plan de comunicaciones. Además, se tiene previsto hacer una actualización de normas técnicas para la realización de proyectos y crear una estrategia para inclusión de personas con discapacidad entre los trabajadores de la autónoma.
El crédito con el organismo internacional tendrá un período de desembolso de cinco años, con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
