Política
Inicia estudio de nueva ley para compras transparentes y ágiles
El estudio del proyecto de ley de compras públicas, que busca asegurar que las contrataciones de las instituciones de la administración estatal se lleven a cabo de manera clara, transparente, ágil y oportuna, garantizando un procedimiento idóneo y equitativo, comenzó a ser analizado ayer por los diputados de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa.
La mesa de trabajo dio lectura al proyecto, que consta de 195 artículos y que ingresó al parlamento en la última sesión plenaria. El presidente de la comisión, Rodrigo Ayala, tras la lectura —que duró unas cuatro horas— dejó abierta la sesión y pidió a los grupos parlamentarios hacer sus respectivas propuestas.
Ayala, también vicepresidente del congreso, no descartó que sean convocados a la comisión funcionarios de Gobierno para la discusión y debate del proyecto de ley.
El artículo 1 de este indica que «tiene por objeto establecer las normas básicas que regularán el ciclo de la compra pública, compuesto por las fases de planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación de las contrataciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba realizar para la consecución de sus fines, encaminada al uso eficiente de los recursos del Estado».
Asimismo, se actualiza el marco jurídico que regula las adquisiciones y las contrataciones de las instituciones públicas, y se busca también implementar el uso de tecnologías de la información y comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, así como nuevas herramientas que permitan establecer medidas de control y auditorías.
Una vez entre en vigor, la nueva normativa reestructurará y establecerá disposiciones al régimen de la contratación administrativa en el sector público. El proyecto, como otras iniciativas que ingresan a las comisiones legislativas, será ampliamente analizado previo a su discusión en el pleno, contrario a lo expresado por diputados de la oposición política, que afirman que no hay estudio.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
