Política
FMLN solicita derogar todas las leyes del sistema de pensiones actuales que dieron vida a las AFP y crear un sistema de pensiones público
El partido FMLN, acompañado de distintas organizaciones sociales, presentó en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la que propone hacer reformas para que el sistema de pensiones se convierta en público y que “mueran” las AFP.
La propuesta que fue introducida en la Asamblea solicita derogar todas las leyes del sistema de pensiones actuales que dieron vidas a las AFP.
De acuerdo con la jefa de fracción del Frente en la Asamblea, Nidia Díaz, el actual sistema privado solo garantiza ganancias para las aseguradoras de pensiones, mientras que el salvadoreño que ha trabajado toda su vida obtiene una pensión injusta.
“Se propone un nuevo sistema de pensiones y legítima demanda de todos los trabajadores del país… el plantearse un nuevo sistema de pensiones es justamente un reclamo ciudadano que se viene escuchando desde hace varios meses. Esta propuesta representa una ruptura con al actual sistema, que es privado, y con fines de lucro que lo que hace es generar pensiones de miseria para la clase trabajadora”, externó la diputada de la comisión de Hacienda del FMLN, Yanci Urbina.
De acuerdo con lo que explicaron los representantes de las organizaciones sociales, se busca dos pilares en el sistema público, el primero que sería contributivo para los que ya trabajan y pagan su pensión; el otro sería uno no contributivo con la intención de ayudar a las personas mayores de 70 años.
“Los parámetros queremos que se mantengan, 60 años para el retiro de hombres y 55 para las mujeres, que se mantenga los 25 años de cotización pero queremos que se cambie el porcentaje de retorno sobre el salario base, ahora es un vil robo, nos dicen que es el 34%, pero termina siendo el 25% o el 20%, por lo que sea el 60 % sobre el salario de los últimos tres años y no de los últimos 10 años como está ahora”, indicó la representante.
Otro de los puntos que contempla la propuesta es incrementar el monto de cotización para los patronos, mientras que para los trabajadores no; es decir, el trabajador se mantiene en el 7.25 % actual, mientras que al patrono se le sube un punto porcentual llegando al 8.25 %, entre ambos la cotización aumenta al 16%.
“Sabemos que en el sistema privado actual solo cotiza un 25% de la población y de esas solo un 25% va a tener cotización, el resto le hace regalado el dinero a las AFP. Lo que queremos que esta gente tenga el derecho de recibir el dinero de regreso y que reciba en asignaciones mensuales o en un solo pago”, agregó la diputada.
También se planteó que los que han trabajado por cuenta propia, personas mayores de edad, amas de casa que nunca han cotizado pasen a ser beneficiarios del fondo solidario, recibiendo un tercio del salario mínimo del sector comercio y servicios, lo que equivale a un poco más de $100.
“(La reforma) da espacio a la participación de los beneficios de la población que no ha representado o no ha realizado una cotización, pero que ha sostenido el actual sistema de sus contribuciones mediante el pago de impuestos”, agregó Urbina.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
