Política
Diputados del PCN tildan de irresponsable a Cristina López y hacen un llamado urgente a la CSJ para que retome el tema de las escuchas telefónicas, según la abogada Bessy Ríos
La exatleta y exdiputada Cristina López sigue estando en la palestra pública tras los señalamientos hechos contra el Partido de Concertación Nacional (PCN), institución política para la cual laboró y al que ha acusado de mantener por varios años “contrataciones irregulares” al interior de la Asamblea Legislativa.
Las acusaciones de López se basan luego que se filtrara la noticia que ella cobró por 6 meses (mayo a octubre de 2019) un salario de $2,000 con el cargo de asesora administrativa del PCN, sin presentarse al órgano legislativo, un acto considerado como nepotismos (trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos).
Tras la noticia, López destapó la caja de pandoras al responder en su cuenta de twitter y confesar que esa modalidad de cobro, fue implementada por el mismo el jefe de fracción, José Antonio Almendáriz, a lo que ella misma ha calificado de una “una trampa” en su contra y ha acusado de ello a sus antiguos compañeros.
Las declaraciones de López como era de esperarse ya han tenido respuestas de sus excompañeros de partido de político, quienes son acusados por la exatleta de irregularidades administrativas, presunto encubrimiento en el asesinato del dirigente político Ramón Kury y de falsedad material con la “falsificación” su sello y firma en una pieza de correspondencia que favorecía al empresario Enrique Rais, pieza de correspondencia que posteriormente fue aprobada por el congreso.
Sobre este caso específico, el actual presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y exjefe de fracción del PCN en la legislatura 2015-2018, aseveró que López fue la única de su partido en firmar esa pieza de correspondencia, aunque desconoce quiénes más firmaron el documento.
“Ningún miembro a excepción de ella firmó esa pieza de la cual no estábamos de acuerdo”. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esa pieza?, se le preguntó. “Desconozco”, dijo.
Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones
Cristina López, a juicio personal hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (Art. 23) que beneficia al empresario Enrique Rais, la cual ella misma habría presentado en la ventanilla de recepción de documentos del órgano legislativo tres años atrás.
Fue específicamente el 31 de octubre de 2017 en que la exdiputada propuso por iniciativa propia una interpretación del artículo 23 de la ley.
Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre de ese mismo año, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la López a criterio personal y sin contar con la presencia y consentimiento del empresario Enrique Rais, quien al momento de la presentación se encontraba fuera del país.
La propuesta de López partió luego que la Fiscalía, según ella, estaba abusando de las escuchas telefónicas mediante el entro de escuchas telefónicas en administraciones anteriores.
Sobre ese punto, la abogada y defensora de derechos humanos en el país, Bessy Ríos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional, a que retomen el tema de las escuchas telefónicas y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas como pruebas en un juicio, tal como la aprobó el órgano legislativo hace 3 años y medio.
Para Ríos, es un tema prioritario para los magistrados de la sala en mención, ya que según ella, anteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha “abusado” de las escuchas telefónicas en las administraciones de Douglas Meléndez, señalado de actos de corrupción durante su gestión y de Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión.
Sobre el mismo hecho, el diputado pecenista, Raúl Beltrán Bonilla, también ha lanzado crítica contra la exdiputada Cristina López y ha tildado sus declaraciones de irresponsable.
“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan. Todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer de don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer, escribir y firma sabe lo que está haciendo”, dijo tajantemente Beltrán Bonilla, poniendo en evidencia el mal proceder de López.
En una entrevista a un medio radial, Cristina López dijo el lunes estar dispuesta a devolver lo cobrado en la Asamblea Legislativa, no sin antes señalar que la modalidad de cobro fue establecida por el jefe de fracción José Antonio Almendáríz.
Sus señalamientos dejan en claro la evidencia de nepotismo que por años se ha venido señalando al interior de la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos que la conforman, tema del que ya la FGR ha tomado cartas en el asunto por orden del fiscal general Raúl Melara, quien recientemente ha declaró una investigación abierta al PCN.
El presidente Nayib Bukele obtuvo un 94 % de aprobación por parte de la población salvadoreña, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por DataPoll y presentada ayer por su director, Romeo Auerbach, durante el programa Las Cosas como Son.
El estudio fue desarrollado entre el 8 y el 12 de julio en los 14 departamentos del país y tomó en cuenta la opinión de personas de entre 18 y 66 años. La encuesta evaluó la aprobación, desaprobación y el nivel de conocimiento de las principales figuras políticas del país.
«Nayib Bukele, que es el presidente, tiene el 94 % de aprobación. El presidente es conocido en todo el país», afirmó Auerbach, quien además indicó que los encuestados otorgaron al mandatario una calificación de 9.4.
El sondeo también consultó a los participantes sobre el sentimiento que les genera el presidente. Ante la pregunta: «¿Cuánta alegría le hace sentir el presidente Bukele cuando piensa en él, mucha, algo, poca o nada?», el 86 % respondió «mucha», el 8 % «algo», el 2 % «poca» y el 4 % «nada».
«El 86 % siente mucha alegría», explicó el director de DataPoll.
Asimismo, el 86 % de los ciudadanos consultados manifestó que no siente temor del actual Gobierno.
En cuanto a los principales aciertos del Ejecutivo, el 74 % de los encuestados señaló que la seguridad es el más importante. Además, DataPoll indicó que el 96 % de las personas consultadas aprueba las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción.
Respecto a la evaluación de las instituciones gubernamentales, la Fuerza Armada se ubicó en el primer lugar con un 92 % de aprobación, seguida por la Policía con 82 %, mientras que el Ministerio de Obras Públicas ocupó la tercera posición con más del 70 % de aprobación.
Como antecedente, en junio pasado el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una encuesta en la que la gestión del presidente Bukele fue calificada con una nota de 8.24 en su séptimo año de gobierno y obtuvo un 87.8 % de aprobación.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo para prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores hasta el 31 de agosto de 2027.
Durante la sesión, los diputados escucharon las explicaciones del viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien recordó que esta sería la tercera ocasión en que se extiende la vigencia de la normativa sobre las placas, con el objetivo de beneficiar a los conductores.
Reyes explicó que las actuales placas fueron emitidas en 2011 para un período de cinco años, por lo que debían ser sustituidas en 2016. No obstante, su vigencia ha sido prorrogada de forma continua desde 2017.
Una de las extensiones anteriores estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024 y, ese mismo año, se aprobó una nueva prórroga que amplió su validez hasta el 31 de agosto de 2025.
«Hay muchos planes para hacer una renovación de ese tiraje de placas existentes desde el 2011», manifestó Reyes a los diputados, quienes aprobaron por unanimidad la decisión de extender la vigencia de las placas.
El funcionario también indicó que las nuevas placas incorporarán elementos de seguridad que no poseen las fabricadas hace 15 años y señaló que el Gobierno ya trabaja en los aspectos técnicos para su implementación.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo contiene una disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, con el propósito de continuar garantizando la validez de las placas con formato del año 2011.
Según Reyes, la extensión evitará que los conductores deban asumir gastos adicionales este año, ya que la actual prórroga vence el próximo 31 de agosto.
«Representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no van a tener que erogar fondos adicionales este año para poder hacer el cambio de placas», afirmó el viceministro.
El Congreso prevé aprobar durante la sesión plenaria de esta semana el dictamen favorable y el proyecto de decreto que extendería por un año más la vigencia de las placas vehiculares.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles que circula en todo el país asciende a 2,108,298 vehículos.
Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada.
Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca.
Pero ese tema es con los narcos.… https://t.co/G91D76hU3f
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2026
El Salvador golpea al narcotráfico con histórico decomiso
El presidente Nayib Bukele anunció un nuevo golpe contundente contra el narcotráfico internacional. El 17 de julio, la Marina Nacional interceptó una lancha con motor fuera de borda (LMFB) a 947 millas náuticas (aproximadamente 1.764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. A bordo viajaban dos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en unos 34 millones de dólares.
Esta operación eleva las incautaciones del año a 14,61 toneladas de cocaína, equivalentes a más de 365 millones de dólares. Bukele enfatizó que El Salvador sigue actuando donde antes el crimen operaba con impunidad, consolidando su estrategia de seguridad que ha transformado al país en referente regional.
Las imágenes difundidas muestran a efectivos de la Marina custodiando el cargamento y a los detenidos, destacando la capacidad operativa en alta mar y el compromiso interinstitucional. Este decomiso se suma a una serie de acciones que han debilitado significativamente las rutas del narcotráfico en el Pacífico.
Hace apenas un mes asestamos el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador. Hoy, nuestra Marina Nacional vuelve a golpear a las organizaciones del crimen transnacional.
El 17 de julio, nuestra Marina Nacional interceptó una LMFB (Lancha con Motor Fuera… pic.twitter.com/tZnDdznVPi
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2026
