Política
Diputados del PCN tildan de irresponsable a Cristina López y hacen un llamado urgente a la CSJ para que retome el tema de las escuchas telefónicas, según la abogada Bessy Ríos
La exatleta y exdiputada Cristina López sigue estando en la palestra pública tras los señalamientos hechos contra el Partido de Concertación Nacional (PCN), institución política para la cual laboró y al que ha acusado de mantener por varios años “contrataciones irregulares” al interior de la Asamblea Legislativa.
Las acusaciones de López se basan luego que se filtrara la noticia que ella cobró por 6 meses (mayo a octubre de 2019) un salario de $2,000 con el cargo de asesora administrativa del PCN, sin presentarse al órgano legislativo, un acto considerado como nepotismos (trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos).
Tras la noticia, López destapó la caja de pandoras al responder en su cuenta de twitter y confesar que esa modalidad de cobro, fue implementada por el mismo el jefe de fracción, José Antonio Almendáriz, a lo que ella misma ha calificado de una “una trampa” en su contra y ha acusado de ello a sus antiguos compañeros.
Las declaraciones de López como era de esperarse ya han tenido respuestas de sus excompañeros de partido de político, quienes son acusados por la exatleta de irregularidades administrativas, presunto encubrimiento en el asesinato del dirigente político Ramón Kury y de falsedad material con la “falsificación” su sello y firma en una pieza de correspondencia que favorecía al empresario Enrique Rais, pieza de correspondencia que posteriormente fue aprobada por el congreso.
Sobre este caso específico, el actual presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce y exjefe de fracción del PCN en la legislatura 2015-2018, aseveró que López fue la única de su partido en firmar esa pieza de correspondencia, aunque desconoce quiénes más firmaron el documento.
“Ningún miembro a excepción de ella firmó esa pieza de la cual no estábamos de acuerdo”. ¿Quiénes participaron en la elaboración de esa pieza?, se le preguntó. “Desconozco”, dijo.
Ley Especial para la Intervención de Telecomunicaciones
Cristina López, a juicio personal hizo una interpretación auténtica de un artículo de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (Art. 23) que beneficia al empresario Enrique Rais, la cual ella misma habría presentado en la ventanilla de recepción de documentos del órgano legislativo tres años atrás.
Fue específicamente el 31 de octubre de 2017 en que la exdiputada propuso por iniciativa propia una interpretación del artículo 23 de la ley.
Ese artículo establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones. En diciembre de ese mismo año, previo a irse de vacaciones, los diputados aprobaron la interpretación planteada por la López a criterio personal y sin contar con la presencia y consentimiento del empresario Enrique Rais, quien al momento de la presentación se encontraba fuera del país.
La propuesta de López partió luego que la Fiscalía, según ella, estaba abusando de las escuchas telefónicas mediante el entro de escuchas telefónicas en administraciones anteriores.
Sobre ese punto, la abogada y defensora de derechos humanos en el país, Bessy Ríos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional, a que retomen el tema de las escuchas telefónicas y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas como pruebas en un juicio, tal como la aprobó el órgano legislativo hace 3 años y medio.
Para Ríos, es un tema prioritario para los magistrados de la sala en mención, ya que según ella, anteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha “abusado” de las escuchas telefónicas en las administraciones de Douglas Meléndez, señalado de actos de corrupción durante su gestión y de Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión.
Sobre el mismo hecho, el diputado pecenista, Raúl Beltrán Bonilla, también ha lanzado crítica contra la exdiputada Cristina López y ha tildado sus declaraciones de irresponsable.
“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan. Todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer de don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer, escribir y firma sabe lo que está haciendo”, dijo tajantemente Beltrán Bonilla, poniendo en evidencia el mal proceder de López.
En una entrevista a un medio radial, Cristina López dijo el lunes estar dispuesta a devolver lo cobrado en la Asamblea Legislativa, no sin antes señalar que la modalidad de cobro fue establecida por el jefe de fracción José Antonio Almendáríz.
Sus señalamientos dejan en claro la evidencia de nepotismo que por años se ha venido señalando al interior de la Asamblea Legislativa y en los partidos políticos que la conforman, tema del que ya la FGR ha tomado cartas en el asunto por orden del fiscal general Raúl Melara, quien recientemente ha declaró una investigación abierta al PCN.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
