Política
Asamblea Legislativa ratifica préstamo para comprar 1,500 buses chinos
Para mejorar el sistema de transporte público y continuar brindado beneficios a la población en esta área, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 56 votos, la suscripción de un convenio de préstamo con la Empresa YUTONG BUS CO.LTD, por el monto de hasta 1,301,656,680 yuanes, equivalentes a $179,577,857.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 10, los recursos servirán para adquirir 1,500 unidades de autobuses del servicio de transporte público de pasajeros, fundamentado en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, misma que fue aprobada en 2022.
El plazo del préstamo es por ocho años, con un período de gracia de seis meses, contados a partir de que las unidades desembarquen en puerto, la tasa de interés es del 6.5% y se deberá pagar una prima del 15 %.
La compra a la empresa Yutong, que es fabricante de autobuses fundada en 1963, en la ciudad de Zhengzhou, Henan, China, consta de la adquisición de 1,100 buses de 12 metros de largo, con cantidad de asientos entre 41 a 50 y capacidad máxima de transportar 90 pasajeros; y 400 buses de 8.6 metros de largo, con capacidad de 21 a 30 asientos y con capacidad máxima de 50 pasajeros.
La idea es renovar el 100 % de las unidades y así cambiar el sistema del transporte público, que a lo largo del tiempo ha sido deficiente y de mala calidad, pues la mayoría de los buses que funcionaban con los gobiernos pasados no reunía las condiciones necesarias para trasladar a los pasajeros.
Al autorizar el préstamo para obtener los fondos, los diputados indicaron que el proceso de licitación para hacer esta compra fue libre y transparente, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) recibió diversas ofertas, como de Alemania, Estados Unidos y del Reino Unido, pero fue la de China la que presentó mejores condiciones.
El historial del transporte en el país
Actualmente, el MOPT ejecuta diversos proyectos de infraestructura vial, mismas que sirven como parte de las estrategias para disminuir el tráfico vehicular y otras series de obras que traerán beneficios para los salvadoreños.
La modernización del transporte público es parte de ellas y es por eso que esa institución continúa trabajando en diversas vías para mejorar esta área.
En el país circulan 9, 816 unidades del transporte público y de estas se tiene que el 43.87% anda en un rango de 16 a 20 años de vida útil. Según la ley de transporte vigente, las unidades tienen hasta 20 años para poder circular.
Además, el 27.38% tienen entre 11 a 15 años de utilidad; el 20.97%, entre seis a 10 años; y solo el 7.73%, entre 0 a cinco años de vida útil.
Según el funcionario, en otros países como Colombia cambian las flotas de buses públicos que tengan entre los 12 a 15 años de utilidad.
“Con esta ratificación les dejamos una buena sensación a los usuarios del transporte público, que son alrededor del 70% de los salvadoreños. Más del 40% de los buses están por cumplir su vida útil y es por eso que es necesario renovarlos”, comunicó el parlamentario Saúl Mancía.
El diputado indicó que la nueva Asamblea Legislativa está generando las condiciones necesarias para que los empresarios de este sistema de transporte puedan adquirir nuevas unidades y prestar así un mejor servicio a la población.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
