Política
Asamblea Legislativa ratifica préstamo para comprar 1,500 buses chinos
Para mejorar el sistema de transporte público y continuar brindado beneficios a la población en esta área, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 56 votos, la suscripción de un convenio de préstamo con la Empresa YUTONG BUS CO.LTD, por el monto de hasta 1,301,656,680 yuanes, equivalentes a $179,577,857.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 10, los recursos servirán para adquirir 1,500 unidades de autobuses del servicio de transporte público de pasajeros, fundamentado en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, misma que fue aprobada en 2022.
El plazo del préstamo es por ocho años, con un período de gracia de seis meses, contados a partir de que las unidades desembarquen en puerto, la tasa de interés es del 6.5% y se deberá pagar una prima del 15 %.
La compra a la empresa Yutong, que es fabricante de autobuses fundada en 1963, en la ciudad de Zhengzhou, Henan, China, consta de la adquisición de 1,100 buses de 12 metros de largo, con cantidad de asientos entre 41 a 50 y capacidad máxima de transportar 90 pasajeros; y 400 buses de 8.6 metros de largo, con capacidad de 21 a 30 asientos y con capacidad máxima de 50 pasajeros.
La idea es renovar el 100 % de las unidades y así cambiar el sistema del transporte público, que a lo largo del tiempo ha sido deficiente y de mala calidad, pues la mayoría de los buses que funcionaban con los gobiernos pasados no reunía las condiciones necesarias para trasladar a los pasajeros.
Al autorizar el préstamo para obtener los fondos, los diputados indicaron que el proceso de licitación para hacer esta compra fue libre y transparente, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) recibió diversas ofertas, como de Alemania, Estados Unidos y del Reino Unido, pero fue la de China la que presentó mejores condiciones.
El historial del transporte en el país
Actualmente, el MOPT ejecuta diversos proyectos de infraestructura vial, mismas que sirven como parte de las estrategias para disminuir el tráfico vehicular y otras series de obras que traerán beneficios para los salvadoreños.
La modernización del transporte público es parte de ellas y es por eso que esa institución continúa trabajando en diversas vías para mejorar esta área.
En el país circulan 9, 816 unidades del transporte público y de estas se tiene que el 43.87% anda en un rango de 16 a 20 años de vida útil. Según la ley de transporte vigente, las unidades tienen hasta 20 años para poder circular.
Además, el 27.38% tienen entre 11 a 15 años de utilidad; el 20.97%, entre seis a 10 años; y solo el 7.73%, entre 0 a cinco años de vida útil.
Según el funcionario, en otros países como Colombia cambian las flotas de buses públicos que tengan entre los 12 a 15 años de utilidad.
“Con esta ratificación les dejamos una buena sensación a los usuarios del transporte público, que son alrededor del 70% de los salvadoreños. Más del 40% de los buses están por cumplir su vida útil y es por eso que es necesario renovarlos”, comunicó el parlamentario Saúl Mancía.
El diputado indicó que la nueva Asamblea Legislativa está generando las condiciones necesarias para que los empresarios de este sistema de transporte puedan adquirir nuevas unidades y prestar así un mejor servicio a la población.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
