Política
Asamblea Legislativa ratifica préstamo para comprar 1,500 buses chinos
Para mejorar el sistema de transporte público y continuar brindado beneficios a la población en esta área, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 56 votos, la suscripción de un convenio de préstamo con la Empresa YUTONG BUS CO.LTD, por el monto de hasta 1,301,656,680 yuanes, equivalentes a $179,577,857.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 10, los recursos servirán para adquirir 1,500 unidades de autobuses del servicio de transporte público de pasajeros, fundamentado en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, misma que fue aprobada en 2022.
El plazo del préstamo es por ocho años, con un período de gracia de seis meses, contados a partir de que las unidades desembarquen en puerto, la tasa de interés es del 6.5% y se deberá pagar una prima del 15 %.
La compra a la empresa Yutong, que es fabricante de autobuses fundada en 1963, en la ciudad de Zhengzhou, Henan, China, consta de la adquisición de 1,100 buses de 12 metros de largo, con cantidad de asientos entre 41 a 50 y capacidad máxima de transportar 90 pasajeros; y 400 buses de 8.6 metros de largo, con capacidad de 21 a 30 asientos y con capacidad máxima de 50 pasajeros.
La idea es renovar el 100 % de las unidades y así cambiar el sistema del transporte público, que a lo largo del tiempo ha sido deficiente y de mala calidad, pues la mayoría de los buses que funcionaban con los gobiernos pasados no reunía las condiciones necesarias para trasladar a los pasajeros.
Al autorizar el préstamo para obtener los fondos, los diputados indicaron que el proceso de licitación para hacer esta compra fue libre y transparente, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) recibió diversas ofertas, como de Alemania, Estados Unidos y del Reino Unido, pero fue la de China la que presentó mejores condiciones.
El historial del transporte en el país
Actualmente, el MOPT ejecuta diversos proyectos de infraestructura vial, mismas que sirven como parte de las estrategias para disminuir el tráfico vehicular y otras series de obras que traerán beneficios para los salvadoreños.
La modernización del transporte público es parte de ellas y es por eso que esa institución continúa trabajando en diversas vías para mejorar esta área.
En el país circulan 9, 816 unidades del transporte público y de estas se tiene que el 43.87% anda en un rango de 16 a 20 años de vida útil. Según la ley de transporte vigente, las unidades tienen hasta 20 años para poder circular.
Además, el 27.38% tienen entre 11 a 15 años de utilidad; el 20.97%, entre seis a 10 años; y solo el 7.73%, entre 0 a cinco años de vida útil.
Según el funcionario, en otros países como Colombia cambian las flotas de buses públicos que tengan entre los 12 a 15 años de utilidad.
“Con esta ratificación les dejamos una buena sensación a los usuarios del transporte público, que son alrededor del 70% de los salvadoreños. Más del 40% de los buses están por cumplir su vida útil y es por eso que es necesario renovarlos”, comunicó el parlamentario Saúl Mancía.
El diputado indicó que la nueva Asamblea Legislativa está generando las condiciones necesarias para que los empresarios de este sistema de transporte puedan adquirir nuevas unidades y prestar así un mejor servicio a la población.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
