Política
Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, rompe contrato de recolección de basura con MIDES y contrata nueve empresa 50% más cara
Como “BATALLA POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN APOPA” calificó una publicación realizada este día por El Diario de Hoy, respecto de lo que está sucediendo en la Alcaldía de Apopa, cuyo titular es la alcaldesa Jennifer Juárez, que evidencia una enorme corrupción para romper de facto el contrato suscrito entre Apopa y MIDES, por el plazo de veinte años para brindar los servicios de recolección de la basura, de manera que a pesar que el contrato con MIDES sigue vigente la municipalidad ha generado sus “propias crisis” con la acumulación de basura para realizar contratos de emergencia con la empresa Grupo Job, S.A. de C.V; y posteriormente constituyó un asocio público privado con la empresa Tecnoramy al que le otorgó el contrato de recolección a un precio 50% mayor del que cobraba MIDES por brindar exactamente el mismo servicio.
Según la nota de El Diario de Hoy, fuentes cercanasa a la comuna de Apopa aseguran que el concejo de ese municipio ignoró un contrato de asocio público privado para favorecer a la empresa Grupo Job, S.A. de C.V., en cuanto al servicio de recolección de desechos sólidos, a finales de 2022, esto como resultado que al tomar posesión en el cargo el 1º de mayo de 2021 la Alcaldesa Jennifer Juárez y su Concejo Municipal vieron la opción de desligarse de MIDES -empresa con la que la comuna aún mantiene una millonaria deuda- y buscaron nuevas compañías. Y en septiembre de 2021, cuando el municipio tenía decenas de basureros (por una crisis autocreada) a cielo abierto en colonias y calles, decidieron contratar a Grupo Job, empresa vinculada a ex funcionarios del FMLN para que resolviera el problema.
MIDES, además de haber ganado un arbitraje por el cual Apopa está obligada a pagar más de $1 millón de dólares por el servicio de disposición final de la basura; también ha iniciado, según información del equipo legal de la empresa, un nuevo arbitraje por el rompimiento ilegal del contrato por el servicio de recolección de la basura, de manera que además que la Alcaldía ha contratado ese servicio con las empresa Grupo Job y luego con el nuevo asocio público privado a un precio mayor en más del 50% de lo que cobraba MIDES, la actual administración dejará más endeudado al municipio de Apopa, cuando también se vea obligado a pagar el millonario reclamo que por incumplimiento de contrato se encuentra haciendo MIDES.
Cabe recordar que hace solamente unas semanas MIDES denunció a la Alcaldesa de Apopa y al Tesorero Municipal por los delitos de Malversación, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios, ya que en lugar de pagar por los servicios de transporte y disposición final con los fondos recaudados en la tasa municipal que es exclusiva para ese fin, dieron a esos recursos un fin distinto, además han incumplido órdenes judiciales de pagar a MIDES por el monto al que fueron condenados en el arbitraje.
Los escándalos de la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, han continuado, ya que se conoció que durante la última semana de abril del presente año, tanto ella como algunos concejales se autorizaron un desembolso de más de $31 mil dólares para viajar a Colombia, en plena crisis de la basura y financiera del municipio.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
