Política
Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, rompe contrato de recolección de basura con MIDES y contrata nueve empresa 50% más cara
Como “BATALLA POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN APOPA” calificó una publicación realizada este día por El Diario de Hoy, respecto de lo que está sucediendo en la Alcaldía de Apopa, cuyo titular es la alcaldesa Jennifer Juárez, que evidencia una enorme corrupción para romper de facto el contrato suscrito entre Apopa y MIDES, por el plazo de veinte años para brindar los servicios de recolección de la basura, de manera que a pesar que el contrato con MIDES sigue vigente la municipalidad ha generado sus “propias crisis” con la acumulación de basura para realizar contratos de emergencia con la empresa Grupo Job, S.A. de C.V; y posteriormente constituyó un asocio público privado con la empresa Tecnoramy al que le otorgó el contrato de recolección a un precio 50% mayor del que cobraba MIDES por brindar exactamente el mismo servicio.
Según la nota de El Diario de Hoy, fuentes cercanasa a la comuna de Apopa aseguran que el concejo de ese municipio ignoró un contrato de asocio público privado para favorecer a la empresa Grupo Job, S.A. de C.V., en cuanto al servicio de recolección de desechos sólidos, a finales de 2022, esto como resultado que al tomar posesión en el cargo el 1º de mayo de 2021 la Alcaldesa Jennifer Juárez y su Concejo Municipal vieron la opción de desligarse de MIDES -empresa con la que la comuna aún mantiene una millonaria deuda- y buscaron nuevas compañías. Y en septiembre de 2021, cuando el municipio tenía decenas de basureros (por una crisis autocreada) a cielo abierto en colonias y calles, decidieron contratar a Grupo Job, empresa vinculada a ex funcionarios del FMLN para que resolviera el problema.
MIDES, además de haber ganado un arbitraje por el cual Apopa está obligada a pagar más de $1 millón de dólares por el servicio de disposición final de la basura; también ha iniciado, según información del equipo legal de la empresa, un nuevo arbitraje por el rompimiento ilegal del contrato por el servicio de recolección de la basura, de manera que además que la Alcaldía ha contratado ese servicio con las empresa Grupo Job y luego con el nuevo asocio público privado a un precio mayor en más del 50% de lo que cobraba MIDES, la actual administración dejará más endeudado al municipio de Apopa, cuando también se vea obligado a pagar el millonario reclamo que por incumplimiento de contrato se encuentra haciendo MIDES.
Cabe recordar que hace solamente unas semanas MIDES denunció a la Alcaldesa de Apopa y al Tesorero Municipal por los delitos de Malversación, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios, ya que en lugar de pagar por los servicios de transporte y disposición final con los fondos recaudados en la tasa municipal que es exclusiva para ese fin, dieron a esos recursos un fin distinto, además han incumplido órdenes judiciales de pagar a MIDES por el monto al que fueron condenados en el arbitraje.
Los escándalos de la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, han continuado, ya que se conoció que durante la última semana de abril del presente año, tanto ella como algunos concejales se autorizaron un desembolso de más de $31 mil dólares para viajar a Colombia, en plena crisis de la basura y financiera del municipio.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
