Política
Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, rompe contrato de recolección de basura con MIDES y contrata nueve empresa 50% más cara
Como “BATALLA POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN APOPA” calificó una publicación realizada este día por El Diario de Hoy, respecto de lo que está sucediendo en la Alcaldía de Apopa, cuyo titular es la alcaldesa Jennifer Juárez, que evidencia una enorme corrupción para romper de facto el contrato suscrito entre Apopa y MIDES, por el plazo de veinte años para brindar los servicios de recolección de la basura, de manera que a pesar que el contrato con MIDES sigue vigente la municipalidad ha generado sus “propias crisis” con la acumulación de basura para realizar contratos de emergencia con la empresa Grupo Job, S.A. de C.V; y posteriormente constituyó un asocio público privado con la empresa Tecnoramy al que le otorgó el contrato de recolección a un precio 50% mayor del que cobraba MIDES por brindar exactamente el mismo servicio.
Según la nota de El Diario de Hoy, fuentes cercanasa a la comuna de Apopa aseguran que el concejo de ese municipio ignoró un contrato de asocio público privado para favorecer a la empresa Grupo Job, S.A. de C.V., en cuanto al servicio de recolección de desechos sólidos, a finales de 2022, esto como resultado que al tomar posesión en el cargo el 1º de mayo de 2021 la Alcaldesa Jennifer Juárez y su Concejo Municipal vieron la opción de desligarse de MIDES -empresa con la que la comuna aún mantiene una millonaria deuda- y buscaron nuevas compañías. Y en septiembre de 2021, cuando el municipio tenía decenas de basureros (por una crisis autocreada) a cielo abierto en colonias y calles, decidieron contratar a Grupo Job, empresa vinculada a ex funcionarios del FMLN para que resolviera el problema.
MIDES, además de haber ganado un arbitraje por el cual Apopa está obligada a pagar más de $1 millón de dólares por el servicio de disposición final de la basura; también ha iniciado, según información del equipo legal de la empresa, un nuevo arbitraje por el rompimiento ilegal del contrato por el servicio de recolección de la basura, de manera que además que la Alcaldía ha contratado ese servicio con las empresa Grupo Job y luego con el nuevo asocio público privado a un precio mayor en más del 50% de lo que cobraba MIDES, la actual administración dejará más endeudado al municipio de Apopa, cuando también se vea obligado a pagar el millonario reclamo que por incumplimiento de contrato se encuentra haciendo MIDES.
Cabe recordar que hace solamente unas semanas MIDES denunció a la Alcaldesa de Apopa y al Tesorero Municipal por los delitos de Malversación, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios, ya que en lugar de pagar por los servicios de transporte y disposición final con los fondos recaudados en la tasa municipal que es exclusiva para ese fin, dieron a esos recursos un fin distinto, además han incumplido órdenes judiciales de pagar a MIDES por el monto al que fueron condenados en el arbitraje.
Los escándalos de la Alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, han continuado, ya que se conoció que durante la última semana de abril del presente año, tanto ella como algunos concejales se autorizaron un desembolso de más de $31 mil dólares para viajar a Colombia, en plena crisis de la basura y financiera del municipio.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
