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URGENTE: Fiscalía busca responsabilizar a una adolescente temeraria por muerte de repartidor de pollo Campero
Josué Orlando Arriaza Pérez pasó más de un mes en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rosales pero su condición no mejoró y murió el pasado 14 de mayo.
Fiscalía busca responsabilizar a adolescente por muerte de repartidor de pollo Campero
La Fiscalía General de la República (FGR), anunció a través de un comunicado difundido en redes sociales que se presentó una promoción de acción en contra de una adolescente por la muerte del repartidor de Pollo Campero.
El hecho al que Fiscalía hace referencia fue ampliamente difundido en redes sociales porque una menor de edad que conducía un vehículo arrolló al repartidor de comida rápida dejándolo en estado grave de salud.
Josué Orlando Arriaza Pérez pasó más de un mes en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rosales pero su condición no mejoró y murió el pasado 14 de mayo. Razón por la cual la FGR le atribuye el delito de homicidio culposo a la menor de edad.
“Las investigaciones de la Fiscalía han logrado establecer que la adolescente es presunta responsable del delito ahora promovido, por lo que el juez de menores determinará la continuidad del proceso y bajo qué condiciones lo hará, según lo estipulado por la Ley Penal Juvenil”, se lee en la misiva difundida por las autoridades.
Una de las fiscales de la Unidad Penal Juvenil de la FGR dijo que no se están pidiendo medidas en contra de la menor, porque por tratarse de alguien que no tiene la mayoría de edad el proceso es otro.
“Para poder Fiscalía una medida concreta hay que ver el estudio social que se le va a hacer a la joven, en este momento solo se presenta certificación de todas las diligencias de investigación y es el juez el que señala una audiencia donde se va a discutir la medida que se va a solicitar”, indicó la fiscal.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Padres Aguilar y la 89 avenida sur de la colonia Escalón de San Salvador el pasado 31 de marzo. El caso generó polémica en las redes sociales durante varias semanas.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
