Judicial
ÚLTIMA HORA: Juzgado ordena capturar a Mathies Hill
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, ha ordenado a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar al empresario Roberto Mathies Hill, por negarse a comparecer para ser intimado por el delito de cheques sin provisión de fondos por un monto de $5,160.00.
A través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, el juzgado informó que el imputado tiene activo un proceso penal y como parte de las diligencias para continuar el caso se le mandó citatorio para que llegara o mandara un abogado que lo representara.
El tribunal le ha enviado oficio en tres ocasiones, pero el empresario se ha negado; la última vez que lo citaron a esa sede judicial fue el 21 de noviembre del año pasado, pero al no acudir la jueza de la causa mandó oficio a la PNC para que lo capturaran y pusieran a su disposición.
La jueza pidió ayuda a la Policía para que, a través de la figura de orden de captura lo remitieran a esa sede con el fin de informarle sobre la acusación que tiene, pero la Policía no lo ha localizado y la causa penal se mantiene en suspenso.
Ante la negativa de someterse al proceso, el referido tribunal ha resuelto declararlo en rebeldía y hasta que sea capturado y notificado del delito se reiniciará la causa y deberá programar vista pública.
Una vez sea detenido por la Policía, Mathies Hill será puesto a la orden de la jueza, quien deberá determinar si lo pone en libertad o lo deja en detención; la funcionaria judicial podría valorar en contra del empresario la falta de voluntad para someterse al proceso.
El acusado supuestamente emitió el 12 de junio del año 2017 a nombre de la víctima un cheque por la cantidad antes mencionada en concepto de una transacción con la empresa Central Automotriz S.A. de C.V., propiedad de Mathies Hill.
Pero cuando la persona denunciante se trasladó a una agencia bancaria para cobrar el cheque le dijeron que no tenía fondos; al consultarle a Mathies Hill sobre lo ocurrido, nunca le resolvió el problema, razón por la cual la víctima decidió llevar el caso hasta sede judicial para que por esa vía se dirima y se resuelva a su favor.
En 1997, Roberto Mathies Hill, fue acusado de haber defraudado a la economía pública y estafado a cientos de depositantes de las financieras Finsepro e Insepro.
Nota tomada de Diario El Mundo
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
