Judicial
Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes
Un empleado en entrenamiento de Vidrí fue obligado a firmar su carta de renuncia luego de sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta que lo dejó en estado grave, producto de la imprudencia de un operador de Sykes. En el percance también resultó lesionado otro de sus parientes.
La diversión de una noche se terminó convirtiendo en el inicio de una pesadilla para Joel, de 30 años de edad, quien junto con Elmer, su cuñado, salió a celebrar que había conseguido un empleo en el departamento de fontanería de Vidrí. El responsable de esto es German B., de 29 años, un empleado de Sykes, quien por no respetar la señal de alto impactó violentamente con la motocicleta.
Según la relación de los hechos, el trágico hecho sucedió el 28 de abril del 2018 al filo de las 9:00 de la noche. Segundos antes del impacto, Germán conducía su vehículo a toda velocidad sobre el bulevar Monseñor Romero y la 23 Calle Oriente de San Salvador, por acortar tiempo decidió acelerar haciendo caso omiso a una señal de alto sin percatarse que una motocicleta venía al paso.
El infractor impactó la parte delantera de la moto y lanzó por el aire a los dos jóvenes. Según los familiares de las víctimas, la noche de la tragedia German no pretendió responsabilizarse de los hechos. “No quiso darnos la cantidad que le pedimos para solventar los daños”, señaló una integrante del núcleo familiar.
Producto de las lesiones, los médicos le señalaron que la recuperación de Joel sería prolongada algo de lo que la empresa se valió para obligarlo a renunciar. “Iba con mi cuñado. Yo sufrí varios golpes y me lesioné ambas rodillas y me fracture la clavícula… No puedo caminar bien, tengo lesionada la clavícula y tengo miedo de que me vuelva a operar otra vez”, explicó.
El personal médico que lo atendió le señaló que se le colocaría una platina ortopédica, la cual está valorada entre $800 y $900. Sin embargo, no cuenta con el dinero para poder costearlas.
El otro de los afectados fue Elmer, quien salió gravemente herido ya que luego del impacto salió “volando” de la motocicleta hasta parar impactar de forma violenta contra el pavimento mientras esto sucedía se preguntó: “¡Dios mío!, ¿Por qué nos pasó esto?”.
Entre lágrimas, la víctima comenzó a notar que “no sentía los pies. No sabía con exactitud lo que había pasado cuando llegó la ambulancia vi que uno de mis piel colgaba”, señaló. Pasó 43 días ingresado casi el mismo tiempo que su pariente.
El desempleo y un proceso judicial
El accidente lo llevó a permanecer ingresado por varios días provocando que la administración de la empresa optara por la sustitución inmediata de este elemento, debido a que no completó el tiempo de prueba. Algo de lo que se valieron para pedirle que presentara su carta de renuncia.
“La empresa no se iba a hacer responsable. Ellos (recursos humanos) me dijeron que estaba aprueba y que tenía que renunciar. Yo no he renunciado, fue la misma empresa que me obligó”, señaló.
Posterior a esto, comenzó a realizar diferentes terapias para recuperar la movilidad de los miembros dañados pero en su cabeza no podía controlar su desesperación ya que tenía deudas que saldar y no contaba con el dinero. La moto quedó totalmente destrozada. Joel la había adquirido días atrás y apenas iba a pagar la segunda cuota del vehículo valorado en $2,021.07.
“Tengo miedo de andar otra vez en moto y me pongo nervioso cuando pasa un cerca un vehículo”, señaló con resignación.
German es procesado en el Tribunal Sexto de sentencia por el delito de lesiones culposas y espera el fallo en los próximos días. El juez será quien determine la responsabilidad civil y penal.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
