Judicial
Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes
Un empleado en entrenamiento de Vidrí fue obligado a firmar su carta de renuncia luego de sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta que lo dejó en estado grave, producto de la imprudencia de un operador de Sykes. En el percance también resultó lesionado otro de sus parientes.
La diversión de una noche se terminó convirtiendo en el inicio de una pesadilla para Joel, de 30 años de edad, quien junto con Elmer, su cuñado, salió a celebrar que había conseguido un empleo en el departamento de fontanería de Vidrí. El responsable de esto es German B., de 29 años, un empleado de Sykes, quien por no respetar la señal de alto impactó violentamente con la motocicleta.
Según la relación de los hechos, el trágico hecho sucedió el 28 de abril del 2018 al filo de las 9:00 de la noche. Segundos antes del impacto, Germán conducía su vehículo a toda velocidad sobre el bulevar Monseñor Romero y la 23 Calle Oriente de San Salvador, por acortar tiempo decidió acelerar haciendo caso omiso a una señal de alto sin percatarse que una motocicleta venía al paso.
El infractor impactó la parte delantera de la moto y lanzó por el aire a los dos jóvenes. Según los familiares de las víctimas, la noche de la tragedia German no pretendió responsabilizarse de los hechos. “No quiso darnos la cantidad que le pedimos para solventar los daños”, señaló una integrante del núcleo familiar.
Producto de las lesiones, los médicos le señalaron que la recuperación de Joel sería prolongada algo de lo que la empresa se valió para obligarlo a renunciar. “Iba con mi cuñado. Yo sufrí varios golpes y me lesioné ambas rodillas y me fracture la clavícula… No puedo caminar bien, tengo lesionada la clavícula y tengo miedo de que me vuelva a operar otra vez”, explicó.
El personal médico que lo atendió le señaló que se le colocaría una platina ortopédica, la cual está valorada entre $800 y $900. Sin embargo, no cuenta con el dinero para poder costearlas.
El otro de los afectados fue Elmer, quien salió gravemente herido ya que luego del impacto salió “volando” de la motocicleta hasta parar impactar de forma violenta contra el pavimento mientras esto sucedía se preguntó: “¡Dios mío!, ¿Por qué nos pasó esto?”.
Entre lágrimas, la víctima comenzó a notar que “no sentía los pies. No sabía con exactitud lo que había pasado cuando llegó la ambulancia vi que uno de mis piel colgaba”, señaló. Pasó 43 días ingresado casi el mismo tiempo que su pariente.
El desempleo y un proceso judicial
El accidente lo llevó a permanecer ingresado por varios días provocando que la administración de la empresa optara por la sustitución inmediata de este elemento, debido a que no completó el tiempo de prueba. Algo de lo que se valieron para pedirle que presentara su carta de renuncia.
“La empresa no se iba a hacer responsable. Ellos (recursos humanos) me dijeron que estaba aprueba y que tenía que renunciar. Yo no he renunciado, fue la misma empresa que me obligó”, señaló.
Posterior a esto, comenzó a realizar diferentes terapias para recuperar la movilidad de los miembros dañados pero en su cabeza no podía controlar su desesperación ya que tenía deudas que saldar y no contaba con el dinero. La moto quedó totalmente destrozada. Joel la había adquirido días atrás y apenas iba a pagar la segunda cuota del vehículo valorado en $2,021.07.
“Tengo miedo de andar otra vez en moto y me pongo nervioso cuando pasa un cerca un vehículo”, señaló con resignación.
German es procesado en el Tribunal Sexto de sentencia por el delito de lesiones culposas y espera el fallo en los próximos días. El juez será quien determine la responsabilidad civil y penal.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
