Judicial
Trabajador de Vidrí es obligado a renunciar luego de quedar gravemente herido en accidente de tránsito provocado por empleado de Sykes
Un empleado en entrenamiento de Vidrí fue obligado a firmar su carta de renuncia luego de sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta que lo dejó en estado grave, producto de la imprudencia de un operador de Sykes. En el percance también resultó lesionado otro de sus parientes.
La diversión de una noche se terminó convirtiendo en el inicio de una pesadilla para Joel, de 30 años de edad, quien junto con Elmer, su cuñado, salió a celebrar que había conseguido un empleo en el departamento de fontanería de Vidrí. El responsable de esto es German B., de 29 años, un empleado de Sykes, quien por no respetar la señal de alto impactó violentamente con la motocicleta.
Según la relación de los hechos, el trágico hecho sucedió el 28 de abril del 2018 al filo de las 9:00 de la noche. Segundos antes del impacto, Germán conducía su vehículo a toda velocidad sobre el bulevar Monseñor Romero y la 23 Calle Oriente de San Salvador, por acortar tiempo decidió acelerar haciendo caso omiso a una señal de alto sin percatarse que una motocicleta venía al paso.
El infractor impactó la parte delantera de la moto y lanzó por el aire a los dos jóvenes. Según los familiares de las víctimas, la noche de la tragedia German no pretendió responsabilizarse de los hechos. “No quiso darnos la cantidad que le pedimos para solventar los daños”, señaló una integrante del núcleo familiar.
Producto de las lesiones, los médicos le señalaron que la recuperación de Joel sería prolongada algo de lo que la empresa se valió para obligarlo a renunciar. “Iba con mi cuñado. Yo sufrí varios golpes y me lesioné ambas rodillas y me fracture la clavícula… No puedo caminar bien, tengo lesionada la clavícula y tengo miedo de que me vuelva a operar otra vez”, explicó.
El personal médico que lo atendió le señaló que se le colocaría una platina ortopédica, la cual está valorada entre $800 y $900. Sin embargo, no cuenta con el dinero para poder costearlas.
El otro de los afectados fue Elmer, quien salió gravemente herido ya que luego del impacto salió “volando” de la motocicleta hasta parar impactar de forma violenta contra el pavimento mientras esto sucedía se preguntó: “¡Dios mío!, ¿Por qué nos pasó esto?”.
Entre lágrimas, la víctima comenzó a notar que “no sentía los pies. No sabía con exactitud lo que había pasado cuando llegó la ambulancia vi que uno de mis piel colgaba”, señaló. Pasó 43 días ingresado casi el mismo tiempo que su pariente.
El desempleo y un proceso judicial
El accidente lo llevó a permanecer ingresado por varios días provocando que la administración de la empresa optara por la sustitución inmediata de este elemento, debido a que no completó el tiempo de prueba. Algo de lo que se valieron para pedirle que presentara su carta de renuncia.
“La empresa no se iba a hacer responsable. Ellos (recursos humanos) me dijeron que estaba aprueba y que tenía que renunciar. Yo no he renunciado, fue la misma empresa que me obligó”, señaló.
Posterior a esto, comenzó a realizar diferentes terapias para recuperar la movilidad de los miembros dañados pero en su cabeza no podía controlar su desesperación ya que tenía deudas que saldar y no contaba con el dinero. La moto quedó totalmente destrozada. Joel la había adquirido días atrás y apenas iba a pagar la segunda cuota del vehículo valorado en $2,021.07.
“Tengo miedo de andar otra vez en moto y me pongo nervioso cuando pasa un cerca un vehículo”, señaló con resignación.
German es procesado en el Tribunal Sexto de sentencia por el delito de lesiones culposas y espera el fallo en los próximos días. El juez será quien determine la responsabilidad civil y penal.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
