Sucesos
Soldado Elías Santos Amaya habría sido asesinado por pandilleros, pero por conflicto de uso del agua en el sector donde residía
Luego del lamentable hecho de violencia en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya, quien se encontraba de licencia, y una persona más, a quienes presuntos pandilleros asesinaron en horas de la tarde del pasado sábado en el cantón Isletas de Yamabal, en el departamento de Morazán; la razón del crimen podría ser uno distinto al que hasta ahora se ha manejado en el discurso oficial: que lo mataron los pandilleros por ser soldado. Esto según la versión de la madre del soldado caído, Emiliana Díaz.
Según la madre de Díaz Amaya, si bien fueron pandilleros quienes lo mataron, el motivo podría derivarse que hace varias semanas se originó un problema por el reparto de agua que proviene de un nacimiento natural y con el que se benefician varias familias del caserío en el que residen, del que, supuestamente, los criminales que operan en el sector, tienen el control, y del cual el soldado ya había sido amenazado a muerte.
«Hace unos 20 días, recibió amenazas de muerte de parte de dos mujeres residentes en el mismo caserío. Le dijeron que si no lo mataban a él, le matarían a la mamá o a cualquiera de sus hermanas. El les respondió que a su familia no le fueran a hacer daño, que si algún resentimiento tenían, que se desquitaran con él, menos con sus parientes» contó la adolorida madre.
Aunque las dos familias a las que pertenecen las mujeres que supuestamente amenazaron al soldado no son dueñas del agua.
Según vecinos del lugar y las indagaciones preliminares que han hecho las autoridades, hace dos semanas el soldado recibió una amenaza directa de «Jaime», quien tiene una relación sentimental con una de las dos mujeres que no querían compartir con Emiliana Díaz, el agua de un nacimiento del que se sirve gratuitamente toda la comunidad a través de cañerías y por gravedad.
Según fuentes policiales, Jaime es un reconocido pandillero de la zona de Guatajiagua y Yamabal. Y hay vecinos de esos municipios que aseguran que quienes mataron al soldado Díaz Amaya son los mismos que mataron a otros dos soldados a finales de septiembre de 2019 en un caserío vecino a donde vivía la víctima enterrada ayer.
Según los datos policiales, el 26 de septiembre de 2019 fueron asesinados con disparos de fusiles AK-47, a los hermanos Celio Tadeo, de 20 años, y José Aníbal Delgado Gómez, de 24, en el caserío Los Guevara, cantón El Volcán, de Guatajiagua. José Aníbal era comando de montaña, como Díaz Amaya.
Por su parte, Emiliana cree más probable que a su hijo lo mataron no por ser soldado sino por ese problema de agua. Recuerda que le habían advertido que no importaba que fuera comando, que siempre lo iban a matar.
“A él lo habían amenazado por asuntos de agua; del agua que nos echan aquí. Le mandaron a decir que no se metiera en cosas del agua porque ellos mandaban en eso”, expresó la madre del soldado horas antes de sepultarlo.
Junto a Díaz Amaya fue asesinado otro lugareño identificado como Juan Francisco Romero, de 54 años, quien regresaba de vender una yunta de bueyes y, aparentemente por coincidencia, hacían juntos el regreso a casa.
Elías Santos, el pilar de la economía familiar con su sueldo de soldado
Elías Santos era el hijo mayor de Emiliana; el único que le ayuda en la economía de la familia con su sueldo de soldado.
La mujer recuerda que su hijo llegó el viernes con licencia. Regresaría hasta ayer al cuartel. Aquella tarde del viernes no quiso salir de casa. Se la pasó viendo una película junto a sus hermanas menores.
El sábado decidió ir a San Francisco Gotera a ver una arma de fuego que le iban a vender, a raíz de las amenazas.
Cuando pasó el mediodía y al ver que su hijo no llegaba, decidió llamarle para ver si estaba bien. Pero lo que escuchó fue espeluznante y hasta le pareció increíble.
Cuando entró la llamada, Emilia reconoció que no era la voz de su hijo. “Tú hijo ya murió. Tu papito ya está muerto”, le dijo un hombre.
Emiliana llamó entonces al cuartel, donde le dijeron que no estaba allí. Minutos después decidió salir a buscarlo pero lo encontró muerto. Su hijo había intentado refugiarse en una casa que está inmediata a donde lo atacaron.
El día antes de que Elías Santos fuera acribillado a balazos por pandilleros, le había dicho a su madre que quería terminar el bachillerato porque en el cuartel les habían dicho que solo a los bachilleres les darían oportunidad de continuar en la Fuerza Armada.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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