Sucesos
Pandilleros corren a dos mujeres de su vivienda: Las intentaron quemar vivas
Un grupo de pandilleros intentó quemar con bolas de fuego a dos mujeres que se dedicaban a recolectar desechos sólidos en una quebrada de la colonia La Campanera en Soyapango, lugar del cual las querían expulsar de su casa.
Sandra y Patricia (nombres modificados por seguridad) vivieron durante cuatro años en la referida colonia de Soyapango considerada como una de las más peligrosas del país por la presencia de pandillas.
Al no contar con un trabajo estable, ambas mujeres encontraron una fuente de ingreso en la recolección de objetos de metal, aluminio y plástico los que posteriormente vendían en San Salvador.
Al notar el desempeño de las mujeres, los delincuentes que acechaban la zona llegaron hasta la vivienda de ambas para amenazarlas de muerte si no dejaban las casas que estaban arrendando.
Durante este periodo la administración del presidente, Sánchez Cerén implemento una serie de dispositivos en sectores como La Campanera que llevaron a la creación de las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) con el objetivo de evitar éxodos de familias.
Incluso, en febrero de 2016 esta zona se vio de Soyapango se vio invadida por tanques y elementos de seguridad del más alto nivel con los que el mandatario prometió la recuperación del territorio en manos de la pandillas.
Sin embargo, para noviembre de 2016 el trabajo de seguridad regresó a ser el mismo permitiendo que los delincuentes cumplieran su amenaza en contra de Sandra y Patricia a quienes ya tenían estudiado cada uno de sus movimientos.
Habitualmente bajaban a una quebrada, ubicada al final de la colonia, en la que había material reciclable; los delincuentes tenían conocimiento de esto y decidieron sorprenderlas.
Según el expediente judicial, en la cima de la colina se colocaron tres pandilleros que lanzaron varios trapos en forma de bola que iban prendidos en fuego en dirección de ambas mujeres..
Pese a que ninguna de las bolas hizo contacto con las víctimas, la maleza seca del lugar provocó un incendio que las acorraló. Angustiadas y asustadas se armaron de valor y saltaron en medio del fuego.
No contentos con su fechoría, los sujetos siguieron a las mujeres para reconfirmar la amenaza de muerte: “Ya sabemos dónde se moviliza con sus hijos. Es fácil ubicarlas para matarlas”, sentenciaron.
A los pocos días de este hecho, las mujeres decidieron huir de la zona. Una de ellas decidió interponer una denuncia en contra de los delincuentes quien posteriormente identificó a uno de sus agresores.
Entre los señalados se encuentran Luis Amílcar Santos Rivera, de 30 años de edad, alias “Chino de la muñeca”; José Alberto Miranda “El zombi”, de 20 y Elmer William Rivera, alias “gato”, quienes son procesados por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Será el juez del tribunal Quinto de Sentencia quien determinará la responsabilidad penal de los sujetos quienes están recluidos en distintos centros penitenciarios del país.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
