Sucesos
Pandilleros corren a dos mujeres de su vivienda: Las intentaron quemar vivas
Un grupo de pandilleros intentó quemar con bolas de fuego a dos mujeres que se dedicaban a recolectar desechos sólidos en una quebrada de la colonia La Campanera en Soyapango, lugar del cual las querían expulsar de su casa.
Sandra y Patricia (nombres modificados por seguridad) vivieron durante cuatro años en la referida colonia de Soyapango considerada como una de las más peligrosas del país por la presencia de pandillas.
Al no contar con un trabajo estable, ambas mujeres encontraron una fuente de ingreso en la recolección de objetos de metal, aluminio y plástico los que posteriormente vendían en San Salvador.
Al notar el desempeño de las mujeres, los delincuentes que acechaban la zona llegaron hasta la vivienda de ambas para amenazarlas de muerte si no dejaban las casas que estaban arrendando.
Durante este periodo la administración del presidente, Sánchez Cerén implemento una serie de dispositivos en sectores como La Campanera que llevaron a la creación de las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) con el objetivo de evitar éxodos de familias.
Incluso, en febrero de 2016 esta zona se vio de Soyapango se vio invadida por tanques y elementos de seguridad del más alto nivel con los que el mandatario prometió la recuperación del territorio en manos de la pandillas.
Sin embargo, para noviembre de 2016 el trabajo de seguridad regresó a ser el mismo permitiendo que los delincuentes cumplieran su amenaza en contra de Sandra y Patricia a quienes ya tenían estudiado cada uno de sus movimientos.
Habitualmente bajaban a una quebrada, ubicada al final de la colonia, en la que había material reciclable; los delincuentes tenían conocimiento de esto y decidieron sorprenderlas.
Según el expediente judicial, en la cima de la colina se colocaron tres pandilleros que lanzaron varios trapos en forma de bola que iban prendidos en fuego en dirección de ambas mujeres..
Pese a que ninguna de las bolas hizo contacto con las víctimas, la maleza seca del lugar provocó un incendio que las acorraló. Angustiadas y asustadas se armaron de valor y saltaron en medio del fuego.
No contentos con su fechoría, los sujetos siguieron a las mujeres para reconfirmar la amenaza de muerte: “Ya sabemos dónde se moviliza con sus hijos. Es fácil ubicarlas para matarlas”, sentenciaron.
A los pocos días de este hecho, las mujeres decidieron huir de la zona. Una de ellas decidió interponer una denuncia en contra de los delincuentes quien posteriormente identificó a uno de sus agresores.
Entre los señalados se encuentran Luis Amílcar Santos Rivera, de 30 años de edad, alias “Chino de la muñeca”; José Alberto Miranda “El zombi”, de 20 y Elmer William Rivera, alias “gato”, quienes son procesados por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Será el juez del tribunal Quinto de Sentencia quien determinará la responsabilidad penal de los sujetos quienes están recluidos en distintos centros penitenciarios del país.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
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Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
