Sucesos
Pandilleros corren a dos mujeres de su vivienda: Las intentaron quemar vivas
Un grupo de pandilleros intentó quemar con bolas de fuego a dos mujeres que se dedicaban a recolectar desechos sólidos en una quebrada de la colonia La Campanera en Soyapango, lugar del cual las querían expulsar de su casa.
Sandra y Patricia (nombres modificados por seguridad) vivieron durante cuatro años en la referida colonia de Soyapango considerada como una de las más peligrosas del país por la presencia de pandillas.
Al no contar con un trabajo estable, ambas mujeres encontraron una fuente de ingreso en la recolección de objetos de metal, aluminio y plástico los que posteriormente vendían en San Salvador.
Al notar el desempeño de las mujeres, los delincuentes que acechaban la zona llegaron hasta la vivienda de ambas para amenazarlas de muerte si no dejaban las casas que estaban arrendando.
Durante este periodo la administración del presidente, Sánchez Cerén implemento una serie de dispositivos en sectores como La Campanera que llevaron a la creación de las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) con el objetivo de evitar éxodos de familias.
Incluso, en febrero de 2016 esta zona se vio de Soyapango se vio invadida por tanques y elementos de seguridad del más alto nivel con los que el mandatario prometió la recuperación del territorio en manos de la pandillas.
Sin embargo, para noviembre de 2016 el trabajo de seguridad regresó a ser el mismo permitiendo que los delincuentes cumplieran su amenaza en contra de Sandra y Patricia a quienes ya tenían estudiado cada uno de sus movimientos.
Habitualmente bajaban a una quebrada, ubicada al final de la colonia, en la que había material reciclable; los delincuentes tenían conocimiento de esto y decidieron sorprenderlas.
Según el expediente judicial, en la cima de la colina se colocaron tres pandilleros que lanzaron varios trapos en forma de bola que iban prendidos en fuego en dirección de ambas mujeres..
Pese a que ninguna de las bolas hizo contacto con las víctimas, la maleza seca del lugar provocó un incendio que las acorraló. Angustiadas y asustadas se armaron de valor y saltaron en medio del fuego.
No contentos con su fechoría, los sujetos siguieron a las mujeres para reconfirmar la amenaza de muerte: “Ya sabemos dónde se moviliza con sus hijos. Es fácil ubicarlas para matarlas”, sentenciaron.
A los pocos días de este hecho, las mujeres decidieron huir de la zona. Una de ellas decidió interponer una denuncia en contra de los delincuentes quien posteriormente identificó a uno de sus agresores.
Entre los señalados se encuentran Luis Amílcar Santos Rivera, de 30 años de edad, alias “Chino de la muñeca”; José Alberto Miranda “El zombi”, de 20 y Elmer William Rivera, alias “gato”, quienes son procesados por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
Será el juez del tribunal Quinto de Sentencia quien determinará la responsabilidad penal de los sujetos quienes están recluidos en distintos centros penitenciarios del país.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
