Sucesos
El presidente Bukele ordena a MARN verificar denuncia a centro comercial La Gran Vía por el maltrato que están sufriendo las aves residentes y migratorias
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) verificará la denuncia contra el centro comercial La Gran Vía, en antiguo Cuscatlán, por el maltrato y muerte de aves a raíz de que se colocó una especie de pegamento en los techos.
En el video que fue difundido en las redes sociales de Protección Animal El Salvador, se aseguraba que se había colocado pegamento en los locales y las aves estaban quedando atrapadas, y al caer morían porque no podían extender sus alas.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la movilización de representantes del MARN al centro comercial por presunta violación a la Ley de Vida Silvestre y por maltrato animal.
“Hoy mismo, el Ministerio de Medio Ambiente irá a La Gran Vía a solucionar de una vez, la violación a la Ley de Vida Silvestre y el cruel maltrato animal que están sufriendo las aves residentes y migratorias, por el uso ilegal de pegamento para dañarlas.”, tuiteó el mandatario.
La denuncia generó rechazo por parte de los usuarios de redes sociales y señalaban que no había necesidad de colocar ese líquido en los techos pues las aves no les dañaban en nada la fachada de las instalaciones.
“En La Gran Vía están maltratando aves. Se les ocurrió poner un tipo de pegamento para que queden atrapadas o mueran al caer de la altura cuando pierden sus plumas. Invitamos a la población a rechazar y NO visitar lugares que promueven maltrato animal”, fue el tuit de la Asociación que acompañó al video.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
