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Revelan presuntos nexos de Grupo Promerica con narcotraficantes y empresarios salvadoreños para lavar dinero a bancos de EE.UU.
Un artículo publicado este día por el medio digital Diario1.com, indica que El Grupo Promerica y Terrabank N.A., estaría lavando dieron ilícito de un grupo de salvadoreños, en los que destacan narcotraficantes, políticos y empresarios que últimamente han estado bajo el ojo del huracán en el sistema judicial de El Salvador.
El medio de comunicación en mención, quien tuvo acceso a un informe de inteligencia, señala directamente a José Adán Salazar mejor conocido en el ámbito judicial como “Chepe Diablo”, presunto líder de cártel de Texis, quien actualmente guarda prisión en el sistema penitenciario del país.
El Grupo Promerica supuestamente utiliza el Terrabank N.A., ubicado en el estado de la Florida de Estados Unidos, para mover dinero de presuntos narcotraficantes y políticos vinculados a operaciones ilícitas.
El Terrabank, según el informe, está separado legalmente del Grupo Promerica. Sin embargo, los movimientos financieros indican que hay estrechos vínculos.
El Grupo Promerica, según su sitio web, es un conjunto de instituciones financieras enlazadas a través del HOLDING PROMERICA FINANCIAL CORP. (PFC), el cual es dirigido por un equipo multinacional de banqueros.
El sitio web agrega que, además de las instituciones financieras que conforman Grupo Promerica, el Terrabank N.A. es una institución afiliada a ellos.
“La persona de Terrabank que es el enlace en el país (El Salvador) la llaman Melisa. Su contacto en Promerica es Fátima Cadenas. Ella se reporta con María Elena de Casco, quien mantiene una relación sentimental con Eduardo Quevedo, presidente del Banco Promerica en El Salvador y Guatemala… Roxana Ramírez de Hernández es la gerente de Canales de Distribución del banco. Ella depende de María Elena de Casco y es la encargada de atender clientes de alto riesgo como el fiscal general Luis Martínez, Gumarsal, Salazar Romero”, añade el informe.
El exfiscal general, Luis Martínez, fue condenado en diciembre del año pasado a cinco años de cárcel por delitos de corrupción. Actualmente tiene otros procesos judiciales abiertos. Uno de los casos es por haber recibido dádivas de empresarios prófugos de la justicia y del expresidente Mauricio Funes. Parte del dinero, según un expediente judicial, fue depositado en el banco Promerica.
También el Banco Promerica ha sido señalado de mantener vínculos con cabecillas del cártel de Texis y su principal líder José Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”.
Salazar está siendo procesado por lavado de dinero. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene en sus archivos un expediente que establece cómo Salazar lavó $215 millones en 38 empresas, entre ellas algunas del exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, expresidente de Gumarsal.
Las ilegalidades del Promerica
En el informe de inteligencia se señala una serie de ilegalidades que el Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales. También desactivar la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detecta transacciones mayores de $50 mil.
Además, el
documento consigna que el Banco Promerica no tiene el debido control de
diligencia sobre las transacciones que vienen del exterior a través de la banca
corresponsal.
“El primer semestre de 2015 hubo transacciones por $562.4 millones. Solo a
través de Wells Fargo se recibieron $355.8 millones y del St. George Banks
$158.7 millones”, dice el documento.
Luego agrega: “La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas son remesas familiares que en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de $185 millones, siendo a través de AIR Pack $101 millones y por FEDECACES $22 millones, entre otros”.
Asimismo, el informe dice que Promerica tiene un sistema informático separado del sistema del banco con cuentas que no son de Promerica y que “antes del año 2000 se registraron más de 40,000 operaciones”.
Denuncia en Fiscalía
El pasado 9 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió un aviso en contra del Banco Promerica por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento en perjuicio del orden socioeconómico.
El aviso fue presentado por el abogado Víctor Andrés González Guzmán. En el escrito pide que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía individualice a las personas responsables de los delitos.
Algunas de las referencias que el abogado cita son noticias publicadas en periódicos y el expediente fiscal del caso Corruptela, en el que los principales acusados son el exfiscal general Luis Martínez y un exempresario de la basura ligado al tema de la basura.
El abogado González Guzmán señala que el caso Corruptela comienza recriminando acciones del Banco Promerica: “Dicho expediente nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del Banco Promerica. Sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por arte de magia, la denuncia desaparece. Jorge Cortez (exjefe de la unidad Financiera de la FGR) no hizo ninguna imputación en contra del Banco Promerica en aquel entonces”.
El abogado continúa explicando que, en aquel entonces, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría en contra del Banco Promerica en el que se señalaban graves irregularidades como la falta de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También hizo ver que al parecer el Banco Promerica no tiene controles de riesgo por transferencias por remesas familiares.
“La Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que el Banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de alerta de transferencias mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera”, dice el escrito.
El abogado termina destacando los posibles delitos que, a su criterio, la Fiscalía debe de investigar partiendo de la misma información que fiscales obtuvieron en 2016.
Vea la nota original de D1 aquí
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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