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Retiran bloqueo de señal telefónica de expenal de Chalatenango para convertirlo en universidad
La Dirección General de Centros Penales y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), retiraron el bloqueo de señal telefónica y de internet en el Centro Penal de Chalatenango luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara el cierre de esta penitenciaria para que sea ocupada como sede universitaria.
Para proceder a esta acción, el superintendente, Manuel Aguilar, procedió a desactivar el mecanismo que bloqueaba la señal por medio de un sistema digital.
«Nuestro Presidente Bukele cumplió su promesa de cerrar el Centro Penal de Chalatenango y hoy el Superintendente de la SIGET confirma que señal de voz y datos regresa; ya que muy pronto será un centro de estudios de beneficio a la población», confirmó Aguilar.
A seis meses de estar al mando del país, Bukele está haciendo realidad la promesa de campaña que hiciera a los ciudadanos del lugar, para brindar una oportunidad de desarrollo educativo de alta calidad a la juventud de la zona norte del país.
Previo a esta medida, la Centros Penales hizo el traslado de al menos 600 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) de esta cárcel hacia la de San Francisco Gotera, Morazán.
Horas más tarde de este traslado, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó a través de un mensaje en redes sociales que esta acción marcar el cierre definitivo del penal de Chalatenango.
«Este día hemos iniciado con el cierre total y definitivo del Centro Penitenciario de Chalatenango. Solo hoy, trasladamos a más de 600 reos (el 45% de su población penitenciaria) a otros penales. En los próximos días, trasladaremos los restantes 730», afirmó el mandatario salvadoreño.
En el mes de junio, el viceministro de Seguridad y director ad honoren de Centros Penales, Osiris Luna junto a la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco detallaron que en un corto plazo el centro penal de Chalatenango dejaría de albergar a privados de libertad para convertirse en sede de la Universidad de El Salvador (UES).
La cárcel de Chalatenango se convertirá en la primera clausurada por la administración de Nayib Bukele.
En el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén cerró dos penales durante sus cinco años en el poder: en Cojutepeque (Cuscatlán) e Ilobasco (Cabañas).
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
