Judicial
Rais y Merino sujetos de aplicación ley Magnitsky de los EEUU
Al prófugo Enrique Rais y al dirigente del FMLN, José Luis Merino, podrían aplicarles la Ley Global Magnitsky luego que congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le pidieran al presidente Donald Trump que investigue si amerita una sanción por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Eliot Engel dirigieron una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Además, piden al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino y a Rais la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
Enrique Rais es un exempresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción. José Luis Merino, por su parte, es considerado desde hace muchos años como el hombre fuerte del FMLN, el que maneja los millonarios negocios de ALBA. También ha sido vinculado por congresistas de los Estados Unidos al narcotráfico internacional.
¿En qué consiste la ley que los congresistas estadounidenses han pedido que se les aplique a Enrique Rais y José Luis Merino? La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
Engel y Ros-Lehtinen enumeran en su misiva a Trump a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal; a los salvadoreños José Aquiles Enrique Rais López y José Luis Merino; al hondureño Óscar Ramón Nájera y al mexicano con residencia guatemalteca Remigio Ángel González.
En un documento anexo los congresistas describen las posibles acciones criminales de los individuos, en su mayoría vinculados a la corrupción y al crimen transnacional.
¿Quién es Enrique Rais?
En el documento que los congresistas elaboraron dice que Enrique Rais “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Además, los congresistas recuerdan que en abril de 2016, “el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas”.
Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia desde más de un año. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes contra sus enemigos. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.
Todos ellos comenzaron a fabricar pruebas contra los canadienses y contra Mario Calderón (a quien acusaba de traición) y su esposa Claudia Herrera. Fue entonces que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. También a Calderón y a su esposa.
Los canadienses también demandaron. Pero, las demandas de estos contra Rais no trascendieron en los tribunales de justicia. Fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por posible lavado de dinero.
¿Quién es José Luis Merino?
“José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
San Salvador, 15 de marzo de 2014
José Luis Merino, mimebro de la cúpula del FMLN,
Foto D1: Nelson Dueñas
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El pasado mes de febrero, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.
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Judicial
¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad
Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.
La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.
Judicial
¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.
La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.
La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.
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¡CREYÓ PASAR DESAPERCIBIDO! Capturan en Soyapango a presunto pandillero de la MS-13 con antecedentes desde el año 2000
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un procedimiento desarrollado en la comunidad 22 de Abril, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. Según las autoridades, el detenido intentaba pasar desapercibido, pero fue identificado durante las labores de seguridad realizadas en la zona.
El capturado fue identificado como Jesús Baltazar Carballo Guerra, de 45 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presenta tatuajes relacionados con la estructura criminal MS-13. Durante un registro preventivo, los agentes descubrieron las marcas, entre ellas un tatuaje ubicado en la parte interna de su labio inferior.
La PNC también informó que Carballo Guerra registra antecedentes desde el año 2000 por los delitos de intento de homicidio y hurto. Esta información forma parte de su historial policial y fue dada a conocer por la institución tras confirmar su detención en Soyapango.
Las autoridades indicaron que el sospechoso será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil contra las estructuras de pandillas en diferentes sectores del territorio salvadoreño.
