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PNC de Santa Ana realiza diferentes capturas por extorsión y otros delitos
El departamento de investigaciones de la Policía Nacional Civil de Santa Ana, con apoyo de Seguridad Pública, realizó capturas mediante órdenes administrativas y judiciales por varios delitos.
Mediante orden judicial se capturó a Jesús Edgardo Clavel Escalón de 21 años por el delito de extorsión agravado y quien es supuesto miembro de estructuras terroristas, esta detención se llevó a cabo en horas de la mañana del día 28 de marzo de 2018 en el municipio y departamento de Santa Ana.
Por el delito de otras agresiones sexuales se capturo mediante orden administrativa a José Edgardo Guinea Linares de 36 años, hecho ocurrido en la colonia 5 de marzo.
Además, se realizó captura por el delito de acoso sexual de Francisco Javier Hernández Recinos de 20 años, mediante orden administrativa, este sujeto realizaba actos inmorales frente a una mujer de 45 años.
Por el delito de tráfico ilícito de droga se realizaron capturas en el municipio de Santa Ana y los detenidos responden a los nombres de: Ángel Jonathan Linares Matamoros, Ricardo Geovanny Lemus Urbina, German de Jesús Villalda Tejada, Wilfredo Geovanny Hernández Hernández, Luis Elmer Navas Hernández, Javier Campos Santos, José Eduardo Rivera, Noé Alfredo Trigueros Mejía y César Adiel Marroquín Ramírez, el total de incautación de droga por estas detenciones asciende a la cantidad de 23,106.63 gramos de marihuana equivalente a $26,341.00 dólares en el mercado.
Además, por el delito de posesión y tenencia de droga se capturó a Gabriela Carolina Castillo.
Por el delito de hurto se arrestó a Carlos Alfredo Solito Cea.
También se realizó la captura de Josué David Vásquez Morales de 26 años por el delito de maltrato infantil, detención realizada en horas de la madrugada de este día en colonia Río Zarco II etapa del municipio de Santa Ana.
Asimismo, en el tema de tránsito, en el periodo del 24 de marzo al 01 de abril se realizaron 25 detenciones por el delito de conducción peligrosa, con un aumento de 20 detenciones en comparación al año 2017, además se impusieron 1116 esquelas entre leves, graves y muy graves, se realizaron 1186 pruebas de alcotest con un aumento de 587 en comparación al año 2017 de la cuales dieron como positivo 35 y negativo 1148.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
