En su consolidado final de emergencias de fin de año 2025, la Comisión Nacional de Protección Civil destacó ayer que no registraron personas ahogadas en playas públicas y privadas, durante el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026. Este logro obedece a nuevas estrategias, como el uso de vehículos, con los que desarrollaron rondas en los sitios de turismo para atender rescates oportunamente, expresó ayer, Luis Amaya, director de Protección Civil.

Sin embargo, las autoridades registradon tres personas fallecidas en otros sitios del país. El primer caso reportado ocurrió en el río Lempa donde una persona en estado de ebriedad se adentró demasiado en el río y fue arrastrado. Lamentablemente falleció, informó Amaya. Igual circunstancia se suscitó con otra persona en estado de ebriedad, quien el pasado domingo 4 de enero, se introdujo al lago de Ilopango sin acatar recomendaciones. «Le dio un calambre y lamentablemente falleció», expuso el funcionario de Protección Civil.

Un tercer caso es el de una niña que falleció en una piscina, en el balneario Santa Anita, en el Distrito de Mercedes Umaña en Usulután Norte.
Sin embargo, Amaya destacó el trabajo de salvar vidas, desarrollado por el equipo humano de las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil. Esto permitió la ejecución de 36 rescates simples y 70 rescates profundos. Esto da un total de 106 rescates entre el 13 de diciembre y el 4 de enero.

En el tema de los accidentes de tránsito, Protección Civil reportó 1,492 percances viales. Esto significa un aumento del 17 por ciento al compararlos con los 1,270 registrados en el 2024. Como resultado de estos accidentes viales, registrados en las últimas festividades de Navidad y fin de año, hubo mil personas lesionadas y 89 fallecidos.

En cuanto a los detenidos por conducción peligrosa, Protección Civil registró 164 personas. En este caso, resalta el caso de un conductor, de 28 años, en Santa Ana que registró 338 grados de alcohol en la sangre.

«Seguimos trabajando de la mano de todas las instituciones, deben saber que todavía hay mucho turista en el país», expresó Amaya.

Mientras tanto, Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, brindó un informe de emergencias atendidas. El funcionario explicó que en el periodo de fin de año registraron 352 incendios, que significa un incremento del 27 por ciento comparado con los 278 registrados en el 2024. Solo el 31 de diciembre de 2025, fueron reportados 52 incendios.

De los 352 incendios reportados en este último periodo, 35 ocurrieron en vehículos, informó Bomberos.

El Informe de Ciberseguridad 2025: «Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe», elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que El Salvador ha dado pasos notables para establecer un sólido marco legal en materia de ciberseguridad.

Destacan entre los avances la aprobación en 2024 por parte de la Asamblea Legislativa de dos normativas clave: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

«La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información introduce un marco para políticas de ciberseguridad que se aplica a todas las entidades gubernamentales, incluidos los organismos autónomos y los municipios. Incluye sanciones específicas para los funcionarios del sector público que no implementen medidas de seguridad adecuadas, subrayando la importancia del cumplimiento», explica el estudio especializado.

En el reporte se agrega que el Gobierno salvadoreño se encuentra realizando diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de su Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional a través de la innovación y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

«La nación está desarrollando activamente una estrategia nacional de ciberseguridad, centrada en proteger la información digital del Estado mediante la adopción de normas internacionales y el establecimiento de una coordinación interinstitucional sólida y cooperativa», se lee en el informe, que constituye el tercero de su clase desde 2016.

Asimismo, se destaca que El Salvador ha establecido la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), responsable de implementar políticas de ciberseguridad en las instituciones del sector público, así como de crear y mantener un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

Dentro del documento se apunta que el país se encuentra implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para gestionar y responder a amenazas en sectores sensibles, donde se manejan datos de Gobierno Electrónico. Estos SOC se establecerán con el apoyo técnico y financiero del BID.

«En 2023, El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, destacando el compromiso del Gobierno con la ciberseguridad», detalla el informe de la OEA y el BID.

Además, se afirma que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv con la finalidad de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

También se indica que, a través de una campaña nacional de concienciación en ciberseguridad, que alcanzó a más de 500,000 ciudadanos, se logró aumentar en un 30 % la conciencia pública y la denuncia de fraudes cibernéticos.

Se asevera que, como parte del compromiso con la transformación digital, El Salvador impulsa iniciativas de gobierno electrónico para agilizar y asegurar los servicios públicos mediante el uso de la tecnología.

«El Gobierno salvadoreño ha priorizado la colaboración público-privada para fomentar la resiliencia cibernética en múltiples sectores, en colaboración con el líder tecnológico global Cisco», recalca.

El informe constituye una evaluación sobre el nivel de madurez en ciberseguridad de 30 países de las regiones latinoamericana y caribeña.

«El presente informe se basa en la tercera ola de recopilación de datos únicos sobre las capacidades nacionales de ciberseguridad de los Estados miembros. Al igual que los informes anteriores de 2016 y 2020, los datos de 2025 se basan en el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para Naciones [CMM] de Oxford, desarrollado en colaboración con la OEA», se explica.

Además, ofrece una visión empírica de los avances alcanzados entre 2020 y 2025, así como los desafíos pendientes, presentando recomendaciones prácticas dirigidas a responsables de políticas públicas, sector privado y sociedad civil.

De acuerdo con el especialista principal del sector en gobierno digital y coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital de la Unidad IFD/ICS del BID, Miguel Porrúa, durante la última década los países de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en la transformación digital, tanto en el sector público como en otros ámbitos.

«A escala gubernamental, países como Uruguay, Chile, Argentina y Brasil ocupan los primeros puestos en el

E-Government Development Index [EGDI] de la ONU, lo que refleja el progreso en servicios digitales y participación ciudadana», consignó en el informe. Según Porrúa, «la gobernanza de datos abiertos se está fortaleciendo en Colombia, Brasil y Perú, mientras que el Índice de Preparación de la Red del Foro Económico Mundial destaca a Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile como líderes regionales».

Los precios del petróleo cerraron al alza ayer, luego de que Estados Unidos anunciara su intención de participar en la explotación de los recursos petroleros de Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a pesar de que la jornada inició con retrocesos. El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero subió 1.74 % y se ubicó en $58.32, mientras que el Brent del mar del Norte para marzo terminó con una baja de 1.66 %, hasta $61.76.

La baja al inicio de la jornada estuvo asociada a una reducción en el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro venezolano. Tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez expresó su disposición a trabajar con la administración del presidente Donald Trump y abogó por una relación «equilibrada y respetuosa» con Estados Unidos, lo que fue interpretado por el mercado como una señal de posible normalización en las exportaciones de crudo.

«Esto reduce el riesgo de un embargo prolongado sobre las exportaciones de petróleo venezolano, que pronto podría circular libremente fuera de Venezuela», señaló Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Pese a que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, su producción actual se mantiene alrededor de un millón de barriles diarios, un nivel bajo en relación con su potencial. Según Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, un aumento significativo de la producción requerirá «enormes necesidades de inversión» y un proceso que tomará «años».

Sobre el posible impacto en los precios internacionales, César Addario, economista y vicepresidente de Exor Latinoamérica, explicó que en el mediano plazo el efecto sobre el WTI sería limitado. «El impacto sería mínimo y probablemente neutro-bajista moderado», indicó, con precios que tenderían a mantenerse estables en un rango cercano a $50-60 por barril.

Addario señaló que cualquier incremento de la producción venezolana sería reducido frente a una oferta global abundante, por lo que no se espera un cambio significativo en el mercado en el corto plazo. Sin embargo, advirtió que el panorama podría modificarse en un horizonte más largo.

«A largo plazo, si se materializa una recuperación sustancial de la producción venezolana, esto contribuiría a una presión bajista estructural», afirmó el economista. En ese escenario, añadió, los países importadores netos de combustibles podrían verse beneficiados por precios más bajos.

«El escenario hipotético planteado —donde empresas estadounidenses toman control efectivo de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio del presidente Trump de invertir miles de millones para reconstruir la infraestructura— tendría un impacto limitado en el precio del petróleo a mediano plazo (1-3 años) y potencialmente bajista a largo plazo (5-10 años), especialmente en el WTI (West Texas Intermediate), que es el benchmark de referencia para los combustibles importados en El Salvador», añadió el economista.

Para El Salvador, este análisis cobra especial relevancia debido a su dependencia de los combustibles importados. Luis Barrios, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP), recordó que el país no tiene capacidad de negociación sobre los precios internacionales y actúa únicamente como tomador de precio.

«Somos un país netamente importador y dependemos del precio internacional del petróleo. Si hay mayor disponibilidad de crudo, los precios podrían mantenerse o bajar, no habría razón para que suban», explicó.

Barrios añadió que Estados Unidos, además de ser un gran productor, tiene la capacidad de refinar el crudo pesado venezolano, lo que ampliaría la oferta de barriles disponibles.

El directivo señaló que, bajo este escenario, el precio del barril podría mantenerse por debajo de $60 en el mediano plazo, aunque aclaró que factores geopolíticos, climáticos y operativos continúan influyendo en la volatilidad del mercado.

En conjunto, el escenario planteado sugiere un impacto acotado en el corto y mediano plazo, pero con una posible presión bajista estructural sobre el WTI en el largo plazo. De concretarse, esto podría traducirse en combustibles más baratos para El Salvador, siempre que las inversiones y la estabilidad permitan una recuperación sostenida de la producción venezolana.