Migración
ÚLTIMA HORA: Juez bloquea política de Trump al prohibir enviar solicitantes de asilo a México
Un juez federal de San Francisco bloqueó este lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.
Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.
El juez Richard Seeborg aprobó una solicitud a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial.
La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación. Se desconoce de inmediato si el gobierno solicitaría a una corte de apelaciones que suspenda el fallo.
La política carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten “riesgo indebido a sus vidas o libertades” en México, señaló el juez.
Seeborg también dijo que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.
El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto. Trump tuiteó que el fallo era “injusto para Estados Unidos”.
El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo.
Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.
El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes.
Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y de la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El fallo se presentó un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos sobre sus estrictas medidas antimigratorias que fueron parte central de la campaña presidencial de Trump, incluyendo reveses en políticas como la de separar a familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.
La demanda afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.
Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.
En su fallo, Seeborg dijo que “se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas”.
La ACLU y otros grupos también señalan en la demanda que la ley que permite el envío de algunos inmigrantes de regreso a México no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.
Seeborg estuvo de acuerdo, diciendo que el “lenguaje llano” de la ley sustenta esa interpretación.
“Sea como sea, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que las personas soliciten asilo en Estados Unidos”, señaló Rabinovitz en un comunicado tras darse a conocer la decisión.
El gobierno espera que al forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800,000 casos pendientes en las cortes migratorias.
El abogado del Departamento de Justicia Scott Stewart señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México.
Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales, declaró.
Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.
El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.
Las autoridades migratorias de EE.UU. anunciaron este jueves la renovación automática de los permisos de trabajo para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta marzo de 2025.
El anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) favorecerá a más de 300.000 inmigrantes de estos países que tienen el alivio migratorio, que incluyen también a inmigrantes de Nepal y Sudán que se benefician del auxilio.
En junio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció que extendía el amparo para estas, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) intentara retirarles el beneficio migratorio.
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El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes y logró mantener el amparo.
USCIS recordó a los beneficiarios que todavía no han renovado el amparo que aún pueden hacerlo.
Precisó que, si bien los periodos de reinscripción finalizan en fechas diferentes dependiendo el país, todos los permisos de trabajo se extienden hasta la misma fecha: 9 de marzo de 2025.
Desde que los diputados de la nueva Asamblea Legislativa asumieron sus cargos, el tema de los compatriotas en el exterior ha sido retomado para compensar el tiempo en el que las legislaturas anteriores los tuvieron abandonados, ya que solo eran vistos como “remeseros”.
Por eso, en la sesión plenaria número 125, los parlamentarios aprobaron, con 64 votos, la creación de la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Se han saldado deudas históricas que se tenía con esa tercera parte de la población. Ellos son salvadoreños y por ende son sujetos de derechos”, expresó la legisladora Ana Figueroa.
Con esta normativa, que consta de nueve artículos, se unificarán esfuerzos, se trabajará con eficiencia y se garantizará el cumplimiento de los derechos de los migrantes, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.
“El fenómeno social de la migración es algo de categoría mundial y esta Asamblea Legislativa ha trabajado para apoyar y acompañar a nuestros migrantes con proyectos que se han fortalecido a beneficio de ellos”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua.
Con la aplicación de esta normativa se trasladarán las funciones de CONMIGRANTES a la dependencia de Cancillería, debido a que –además de tener dentro de sus funciones la promoción y protección de los derechos de los migrantes- poseen asignaturas similares.
Desde la creación de CONMIGRANTES este ente no ha brindado los frutos que se esperaban, por lo que será el viceministerio el que continúe respaldado los programas a favor de los compatriotas que residen en el exterior.
Con la disposición aprobada se emiten los fondos del consejo al Ministerio de Hacienda, para que sea esta cartera de Estado la que decida en qué otro rubro se invertirá ese dinero, debido a que el viceministerio ya cuenta con sus propios recursos.
Según los reportes de Cancillería, la tasa de migración se ha reducido a un 43 % y eso ha permitido que El Salvador salga de los primeros 10 países que sufren migración en la región.
El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana tiene dentro de sus atribuciones coordinar y articular políticas públicas, asistencia humanitaria, reintegración y desarrollo para la población que está en movilidad.
Dicha institución se creó apegada a las presentes necesidades, bajo una visión más estratégica y englobando todas las áreas del ciclo migratorio. Además, busca incentivar una atracción de inversiones con los salvadoreños que residen en el exterior.
La institución en donde recaerá el CONMIGRANTES ha desarrollado diferentes proyectos a beneficio de los salvadoreños que retornan al país.
Entre ellos, el plan de desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres migrantes retornadas; el proyecto de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial para mujeres migrantes retornadas y sus hijos; una formación para empleabilidad del sector femenino, migrantes en Centroamérica; proyectos de reintegración productiva con atención psicosocial para los migrantes retornados; campañas de prevención de la movilidad irregular, entre otros.
La Dirección General de Aduanas de El Salvador firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el compromiso con la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.
Esta iniciativa que busca proteger a los derechos de las personas en situación de movilidad se desarrolla con el apoyo de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR, por sus siglas en inglés).
El acuerdo fue firmado por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, y el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.
«Este instrumento busca oficializar la utilización de las instalaciones de Aduanas, en los diferentes puntos fronterizos para atender a personas en condición de refugio», detalló la viceministra Portal.
La Dirección General de Aduanas de El Salvador dispone sus instalaciones para implementar iniciativas que beneficien a la comunidad internacional, a fin de ejecutar acciones como compromiso de país, según indicó Mayorga.
