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La inflación retrocede en febrero y marca un 6.82 %, informó el BCR
El Salvador se mantiene como el país centroamericano con la menor afectación inflacionaria desveló el Banco Central de Reserva (BCR) cuyo informe para febrero reportó una tasa de 6.82 %.
Con este rango, la inflación en El Salvador retrocede 0.21 % con respecto al registro de enero cuando rondó el 7.03 %, y cumple además su cuarto mes consecutivo de bajas en este aspecto, informó la entidad bancaria estatal.
Respecto a la región centroamericana, la inflación de El Salvador sigue siendo la más baja, seguida por Costa Rica que reportó una tasa de 7.65 %, Guatemala que presenta un 9.69 % y Honduras con un 9.80 %.
Entretanto, la nación más afectada por las fluctuaciones de precios es Nicaragua que reportó un 10.92 % en febrero, la cual mantiene sus niveles inflacionarios por encima del 10 % desde los últimos meses de 2022, según las mediciones.
El Salvador tuvo su pico inflacionario en junio del año pasado cuando marcó un 7.76 %, y la previsión del BCR para este año es que este índice llegue a normalizarse en un 3.3 %.
Diferentes sectores señalan que los buenos resultados de El Salvador, al sortear las presiones económicas internacionales y mantener sus niveles inflacionarios por debajo del resto de la región, se deben a la estrategia lanzada por el presidente Nayib Bukele en marzo del año pasado.
En ese momento, el mandatario ordenó la fijación de precios de los combustibles, del gas licuado de petróleo (GLP), y de la energía eléctrica, además de asegurar el abastecimiento de los alimentos a través de la eliminación de aranceles de importación e incentivos para los productores nacionales.
Al respecto el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, consideró que estas medidas, además de proteger el bolsillo de la población favorecieron a que el país siguiera por la ruta del crecimiento económico.
«También hemos implementado políticas que benefician a nuestra población, como el subsidio de gas licuado que ha beneficiado a cerca de 1.8 millones de salvadoreños. Además, nuestros créditos productivos han experimentado un crecimiento del 15.2 % al cierre de 2022 en comparación con 2021», apuntó el funcionario.
El comisionado, a su vez agregó, todas estas medidas tienen mayor efectividad al ser ejecutadas en una base de seguridad y tranquilidad como la generada por el Gobierno, con la que, a la fecha, más de 63,000 pandilleros han sido capturados en todo el país.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
