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La inflación retrocede en febrero y marca un 6.82 %, informó el BCR
El Salvador se mantiene como el país centroamericano con la menor afectación inflacionaria desveló el Banco Central de Reserva (BCR) cuyo informe para febrero reportó una tasa de 6.82 %.
Con este rango, la inflación en El Salvador retrocede 0.21 % con respecto al registro de enero cuando rondó el 7.03 %, y cumple además su cuarto mes consecutivo de bajas en este aspecto, informó la entidad bancaria estatal.
Respecto a la región centroamericana, la inflación de El Salvador sigue siendo la más baja, seguida por Costa Rica que reportó una tasa de 7.65 %, Guatemala que presenta un 9.69 % y Honduras con un 9.80 %.
Entretanto, la nación más afectada por las fluctuaciones de precios es Nicaragua que reportó un 10.92 % en febrero, la cual mantiene sus niveles inflacionarios por encima del 10 % desde los últimos meses de 2022, según las mediciones.
El Salvador tuvo su pico inflacionario en junio del año pasado cuando marcó un 7.76 %, y la previsión del BCR para este año es que este índice llegue a normalizarse en un 3.3 %.
Diferentes sectores señalan que los buenos resultados de El Salvador, al sortear las presiones económicas internacionales y mantener sus niveles inflacionarios por debajo del resto de la región, se deben a la estrategia lanzada por el presidente Nayib Bukele en marzo del año pasado.
En ese momento, el mandatario ordenó la fijación de precios de los combustibles, del gas licuado de petróleo (GLP), y de la energía eléctrica, además de asegurar el abastecimiento de los alimentos a través de la eliminación de aranceles de importación e incentivos para los productores nacionales.
Al respecto el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, consideró que estas medidas, además de proteger el bolsillo de la población favorecieron a que el país siguiera por la ruta del crecimiento económico.
«También hemos implementado políticas que benefician a nuestra población, como el subsidio de gas licuado que ha beneficiado a cerca de 1.8 millones de salvadoreños. Además, nuestros créditos productivos han experimentado un crecimiento del 15.2 % al cierre de 2022 en comparación con 2021», apuntó el funcionario.
El comisionado, a su vez agregó, todas estas medidas tienen mayor efectividad al ser ejecutadas en una base de seguridad y tranquilidad como la generada por el Gobierno, con la que, a la fecha, más de 63,000 pandilleros han sido capturados en todo el país.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
