Nacionales
La inflación retrocede en febrero y marca un 6.82 %, informó el BCR
El Salvador se mantiene como el país centroamericano con la menor afectación inflacionaria desveló el Banco Central de Reserva (BCR) cuyo informe para febrero reportó una tasa de 6.82 %.
Con este rango, la inflación en El Salvador retrocede 0.21 % con respecto al registro de enero cuando rondó el 7.03 %, y cumple además su cuarto mes consecutivo de bajas en este aspecto, informó la entidad bancaria estatal.
Respecto a la región centroamericana, la inflación de El Salvador sigue siendo la más baja, seguida por Costa Rica que reportó una tasa de 7.65 %, Guatemala que presenta un 9.69 % y Honduras con un 9.80 %.
Entretanto, la nación más afectada por las fluctuaciones de precios es Nicaragua que reportó un 10.92 % en febrero, la cual mantiene sus niveles inflacionarios por encima del 10 % desde los últimos meses de 2022, según las mediciones.
El Salvador tuvo su pico inflacionario en junio del año pasado cuando marcó un 7.76 %, y la previsión del BCR para este año es que este índice llegue a normalizarse en un 3.3 %.
Diferentes sectores señalan que los buenos resultados de El Salvador, al sortear las presiones económicas internacionales y mantener sus niveles inflacionarios por debajo del resto de la región, se deben a la estrategia lanzada por el presidente Nayib Bukele en marzo del año pasado.
En ese momento, el mandatario ordenó la fijación de precios de los combustibles, del gas licuado de petróleo (GLP), y de la energía eléctrica, además de asegurar el abastecimiento de los alimentos a través de la eliminación de aranceles de importación e incentivos para los productores nacionales.
Al respecto el comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, consideró que estas medidas, además de proteger el bolsillo de la población favorecieron a que el país siguiera por la ruta del crecimiento económico.
«También hemos implementado políticas que benefician a nuestra población, como el subsidio de gas licuado que ha beneficiado a cerca de 1.8 millones de salvadoreños. Además, nuestros créditos productivos han experimentado un crecimiento del 15.2 % al cierre de 2022 en comparación con 2021», apuntó el funcionario.
El comisionado, a su vez agregó, todas estas medidas tienen mayor efectividad al ser ejecutadas en una base de seguridad y tranquilidad como la generada por el Gobierno, con la que, a la fecha, más de 63,000 pandilleros han sido capturados en todo el país.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
