Judicial
Vendedor de fruta es asesinado por el honor de la pandilla en Mejicanos
Un tributo para la pandilla, eso fue lo que la vida de un comerciante de frutas significó para los miembros de una estructura criminal quienes a pesar de no tener nada en su contra le dispararon en repetidas ocasiones frente a una escuela en Mejicanos.
Guillermo Duran, era un pequeño comerciante de frutas que nunca imaginó que caminar por la avenida José Matías Delgado, en Mejicanos, le iba a costar la vida por el ataque de cuatro pandilleros que lo escogieron a lazar.
El 8 de septiembre del 2016. Guillermo observó que había muchas personas a las afueras de un centro escolar esperando que los estudiantes salieran, le dio igual y pasó de largo sin percatarse que cuatro sujetos le seguían el paso.
Dos de ellos estaban pegados a una lámina de un chalet afuera de la escuela y otros dos estaban dentro de un vehículo con vidrios polarizados que rondaba despacio la calle.
Desde la tienda uno de los terroristas comenzó a darle indicaciones con las manos a los dos del vehículo. La mano se alzó y su dedo apuntó a Guillermo.
El conductor se aproximó lentamente, tal cual el cazador acecha a su presa. Se detuvieron justo a la par del vendedor quien reacciona de manera agitada buscando una salida, pero estaba acorralado.
Fueron tres balas las que traspasaron su cabeza y otras más que impactaron en varias partes de su cuerpo quitándole la vida inmediatamente.
El sonido de las detonaciones causó el espanto de las personas que estaban en el lugar, mientras que los asesinos escapaban en el carro.
Durante las investigaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero que pertenece a la clica que opera en esa zona quien al aceptar colaborar confesó que el asesinato del joven era parte de un ritual que hace en la pandilla.
“Estos sujetos son los que andan matando a varias personas en honor a la pandilla”, confesó el imputado quien agregó que en muchos casos quienes no cooperan son asesinados e incluso quien “hace un desprecio de inmediato lo matan”.
Uno de los testigos, que se encontraba a unos metros de donde ocurrió el asesinato, logró identificar a los responsables y dijo que quienes se conducían en el vehículo eran: Diego Alejandro A., alias “Streed boy”, de 19 años de edad; Jhonatan Alexander P., alias “Jhon”, de 20.
Mientras que Marvin G., alias “el chele Rugrats” y Kevin L., “el grillo”, eran los que vigilaban y dieron la orden de la muerte.
Luego del reconocimiento, los hombres fueron capturados y ahora esperan su resolución en el tribunal Primero de sentencia de San Salvador.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
