Judicial
Tribunal condena en responsabilidad civil a Rene Figueroa por 1.5 millones
El Tribunal 1°de Sentencia de San Salvador, sentenció en procedimiento abreviado a 3 años de prisión, con el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a René Figueroa, ex ministro de Seguridad y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
Asimismo, los condenó en responsabilidad civil al pago en figura de restitución al Estado por $1,504,991.18 dólares.
El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes, de modo que el tribunal lo autorizó, luego de cumplir los requisitos establecidos por la ley, entre ellos que ambos acusados confesaran haber lavado dinero.
Por lo anterior la Fiscalía y la defensa en conjunto hicieron un valuó de los bienes para cubrir el monto por el que eran acusados. Los bienes con los que cubrirá el monto del pago son tres; de los cuales uno tiene un valor de $ 421,035.86, el otro $302,581.66 y el último de $ 59,500. Asimismo dos cuentas bancarias, una por $220,760.08 y la otra por $ 500,000, haciendo un total de $1, 503,977.59 dólares; con todo esto restaría $ 1,013.59 dólares para completar el monto establecido, del que se hizo responsable entregar en efectivo cuando realice los traspasos de los bienes a favor del Estado Salvadoreño.
También, deberán realizar el pago de una multa de 20 salarios mínimos, establecidos en el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que establece una pena de multa, que corresponde al pago de $7,300 para cada uno, haciendo un total de $ 14,600 dólares.
El exfuncionario no pudo justificar el incremento patrimonial durante los años 2004 al 2009, en el período presidencial de Elías Antonio Saca. El dinero fue movilizado en el sistema financiero utilizando dos sociedades.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
