Judicial
Tribunal condena en responsabilidad civil a Rene Figueroa por 1.5 millones
El Tribunal 1°de Sentencia de San Salvador, sentenció en procedimiento abreviado a 3 años de prisión, con el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a René Figueroa, ex ministro de Seguridad y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
Asimismo, los condenó en responsabilidad civil al pago en figura de restitución al Estado por $1,504,991.18 dólares.
El procedimiento abreviado fue solicitado por las partes, de modo que el tribunal lo autorizó, luego de cumplir los requisitos establecidos por la ley, entre ellos que ambos acusados confesaran haber lavado dinero.
Por lo anterior la Fiscalía y la defensa en conjunto hicieron un valuó de los bienes para cubrir el monto por el que eran acusados. Los bienes con los que cubrirá el monto del pago son tres; de los cuales uno tiene un valor de $ 421,035.86, el otro $302,581.66 y el último de $ 59,500. Asimismo dos cuentas bancarias, una por $220,760.08 y la otra por $ 500,000, haciendo un total de $1, 503,977.59 dólares; con todo esto restaría $ 1,013.59 dólares para completar el monto establecido, del que se hizo responsable entregar en efectivo cuando realice los traspasos de los bienes a favor del Estado Salvadoreño.
También, deberán realizar el pago de una multa de 20 salarios mínimos, establecidos en el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que establece una pena de multa, que corresponde al pago de $7,300 para cada uno, haciendo un total de $ 14,600 dólares.
El exfuncionario no pudo justificar el incremento patrimonial durante los años 2004 al 2009, en el período presidencial de Elías Antonio Saca. El dinero fue movilizado en el sistema financiero utilizando dos sociedades.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
