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Testigo protegido por la FGR: “Los pandilleros me extorsionaban cuando descubrieron que yo era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad”

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Un testigo bajo el régimen de protección de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que los pandilleros lo empezaron a extorsionar luego de descubrir que él era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad en el municipio de Rosario de Mora.

El relato de Juancito, nombre dado por protección, fue clave para que el juzgado Segundo de Sentencia condenara a cuatro años de prisión a Jerónima del Carmen, Jesús Alberto Méndez y Óscar Antonio Pérez Trejo, quienes habrían desaparecido a Manuel Antonio Vásquez Ramos.

Juancito convenció al juez a cargo del proceso, a quien le relató que el 29 de enero de 2017 dos sujetos miembros de la MS interceptaron a la víctima en la zona conocida como La Ladrillera, en la carretera que conduce al municipio de Rosario de Mora.

El testigo esperaba un bus de la ruta 17 y dice haber visto como Méndez y Pérez agarraron de los brazos a Vásquez, al mismo tiempo que lo golpeaban con un palo. Todo esto ante la vigilancia de Jerónima, quien estaba pendiente de que no hubiera presencia policial.

Esa fue la última vez que Manuel fue visto con vida, algo que llevó a su familia a interponer una denuncia policial, la cual fue secundada por la denuncia del testigo, quien se atrevió a relatar los hechos ante los agentes.

Según el padre del desaparecido, su hijo recibió una llamada por teléfono y salió con dirección a la entrada del referido municipio de La Paz, en el cual residía.

Dos meses después los imputados fueron capturados, gracias a las declaraciones de Juancito, quien reconoció a los tres implicados en el hecho, algo que dice le ha valido para que los pandilleros le exijan una extorsión.

Dentro de los alegatos, el fiscal a cargo del caso señaló que “la renta que le exigen los pandilleros al testigo con régimen de protección demuestra que todo lo que dice él es verídico”.

El ministerio público no reveló mayores detalles de la situación que vive el testigo, debido a que dicen tener una investigación abierta por esta situación.

La defensa alegó que el testigo estaba mintiendo, ya que durante todas las diferentes etapas del proceso dijo que conocía a los imputados y a las víctimas desde hace siete meses y al momento de su declaración dijo que tenía hasta cuatro años de conocerlos.

El juez Alejandro Guevara, manifestó que el comportamiento del testigo le daba la seguridad que todo lo declarado en contra de los imputados era verídico y por ello estableció una pena de cuatro años de prisión para los tres.

Según lo explicado en su sentencia oral, Guevara impuso esta cantidad de años –la cual pudo haber sido de seis como máximo- debido a que la privación de libertad fue realizada a plena luz del día.

El juez alabó la valentía del testigo recordando que “en un país donde nadie nunca sabe ni vio nada, este testigo se atrevió a denunciar los hechos que se han conocido en esta sala”, remarcó Guevara.

Según lo revelado en el juicio, la familia de Vásquez Ramos sigue sin tener noticias sobre su familiar, a quien se presume compinches de los sentenciados le habrían dado muerte luego de interceptarlo en una zona conocida como La Ladrillera.

Lo anterior deja abierta la posibilidad a que los imputados puedan ver aumentada su pena, ya que de confirmarse la muerte de Vásquez, los podrían señalar por el delito de homicidio en calidad de cómplices.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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