Judicial
Nicolás Adriano Salume y exalcalde d’Aubuisson son demandados penalmente en Fiscalía General de la República
El Exalcalde d’Aubuisson otorgó ilegalmente a empresa de Salume, que no tenía permiso ambiental de funcionamiento, un contrato donde cobró más de US$1 millón de Dólares.
El Abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, Edgar Lemus, interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, por los delitos de estafa (en grado de cómplice) y negociaciones ilícitas y contra Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de la empresa PULSEM, que es administradora del botadero municipal del Puerto de La Libertad, por el delito de estafa, en perjuicio de las finanzas de la municipalidad de Santa Tecla, las cuales defraudaron por un monto superior a US $ 1 millón 300 mil Dólares.
Proceso de contratación amañado para favorecer a Salume.
De acuerdo al citado abogado, los hechos denunciados se suscitaron durante el año 2017, en el que el entonces Alcalde d’Aubuisson, juntamente con otros miembros del Concejo Municipal y varios empleados municipales, incluido el hermano del ex fiscal Raul Melara, crearon ilegalmente las condiciones para dejar de cumplir el contrato de “Servicios de disposición final de los desechos sólidos generados en el municipio de Santa Tecla”, el cual se encontraba vigente y obligaba a la municipalidad tecleña depositar la basura recolectada en el relleno sanitario de Nejapa, que si contaba con todos los permisos ambientales y la capacidad técnica autorizada por el MARN.
La forma adoptada para romper unilateralmente consistió en colocarse en mora por un monto aproximado de US $250 mil Dólares, que la Alcaldía no canceló a la compañía propietaria del Relleno de Nejapa. El exalcalde d’Aubuisson, por medio de la manipulación de procedimientos se inventó una Declaratoria de Urgencia y abrió un procedimiento de “Contratación directa” por el servicio de disposición final de la basura, el cual fue adjudicado a la empresa PULSEM, propiedad de Salume, el cual tendría vigencia entre el 31 de julio al 31 de diciembre de 2017, por un monto de US $ 867,875.47.
Adicionalmente durante el año 2018, para evitar que se pudieran conocer las anomalías en la contratación realizada de la empresa de Salume, se realizaron únicamente prórrogas el contrato, inclusive en exceso de las que permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Ante los múltiples signos de ilicitud, la Corte de Cuentas de la República recibió denuncia ciudadana que produjo la realización de un Examen Especial que fiscalizó el proceso de contratación Directa CD 07/2017 AMST efectuado por la Municipalidad de Santa Tecla, en el que Corte de Cuentas, determinó que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (AMST) incurrió en graves ilegalidades al otorgar el contrato a la empresa de Salume.
Auditoría efectuada por la Contraloría de la República que arrojó las irregularidades
cometidas por la AMST para adjudicar la empresa PULSEM, propiedad de Salume.
Entre las principales irregularidades por las que se solicita que se abra investigación en contra del Exalcalde Roberto d’aubuisson, se detectaron las siguientes:
- La Alcaldía de Santa Tecla deliberadamente dejó de pagar al proveedor del Servicio de disposición final de la basura, para romper el contrato.
- La Alcaldía de Santa Tecla emitió un calificativo de urgencia, seis días después de haber finalizado el supuesto hecho que produjo la emergencia.
- La resolución razonada emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad, para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, se firmó tres meses después de haberse formalizado el contrato de servicios.
Un contrato millonario para una empresa sin permiso de funcionamiento.
Para el licenciado Lemus, la comisión del delito de Estafa queda en total evidencia cuando la empresa PULSEM, propiedad de Salume, ante el requerimiento técnico consistente en comprobar que se cuenta con permiso ambiental de funcionamiento para el sitio de disposición ofertado, en lugar de presentar tal permiso (porque no lo poseía) muestra otro documento que no cumplía con los requisitos de los Arts. 19 y 20 inciso 2º de la Ley de Medio Ambiente; y pese a ello, se le otorgó el contrato.
Recuerda el profesional del derecho, que se comete Estafa cuando el oferente manifiesta que cumplirá con la entrega de un bien o servicio que cubre con ciertas condiciones legales y técnicas requeridas, pero que deliberadamente falsea la información, ofreciendo algo distinto. En el caso de este contrato, claramente existe la exigencia que la empresa contratada pueda brindar el servicio de disposición final de la basura en un sitio que cumpla con las condiciones legales y técnicas de acuerdo a las reglamentaciones en materia ambiental y sobre todo contar con el permiso ambiental de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con el que no contaba la empresa de Salume.
El engaño cometido es tan evidente, que en el mes de mayo de 2018 y ante las denuncias interpuestas por los habitantes circunvencinos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, que administra Salume, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordena una inspección que demuestra que el Botadero está operando sin permisos ambientales fuera de su capacidad, que a esa fecha le permitía únicamente dar tratamiento a 40 toneladas diarias de basura; y sin embargo, solamente de la municipalidad de Santa Tecla, se encontraba recibiendo entre 250 a 300 toneladas diarias, a las que no podía dar adecuado tratamiento provocando por consecuencia: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Informe Técnico en proceso judicial ambiental No. MC26-2/18
Es tan claro que la empresa PULSEM, mintió, que en el mes de junio de 2018, el Gerente General de la misma, René Fernando Colón Villalta, remite una solicitud al MARN, en la que hace clara referencia a que se cuenta únicamente con el permito para tratar 40 TONELADAS y para el resto del proyecto únicamente un permiso de construcción, que es con el que engañosamente obtuvieron el contrato con Santa Tecla.
Resolución del Juez Ambiental de Santa Tecla, de fecha 19 de junio de 2018
Expediente de medidas cautelares MC26-2/18
De acuerdo al denunciante, Colón Villalta, será denunciado como partícipe de los hechos y además se solicitará tanto al MARN como a FGR, que verifique la posible comisión de ilícitos como “tráfico de influencias” y “actos de corrupción” con los que presuntamente ha pretendido manipular información técnica al interior de la Cartera de Estado que rige todos los aspectos vinculados al medio ambiente. De manera que sean las instituciones quienes verifiquen la posibilidad de haberse cometido algún delito.
Botadero Municipal a pesar de contaminar, genera ganancias a Salume.
A pesar que en el mes de junio de 2018, el Juez Ambiental comprobó que el Botadero Municipal que administra la empresa de Salume, no contaba con permiso ambienta de funcionamiento para operar y le ordenó su tramitación, Salume siguió cobrando por medio de su empresa, a la Municipalidad de Santa Tecla, como si estaba cumpliendo con brindar adecuadamente el servicio de disposición final de la basura, al grado que al final del contrato y sus prórrogas, había cobrado más de $1 millón 300 mil Dólares por enterrar la basura en un sitio que no cumplía ni legal, ni técnicamente con las condiciones para hacer una verdadera disposición final de la basura.
El abogado ambientalista, expresa que por estas conductas le interpuso a la empresa de Salume una demanda de Daño Ambiental, la cual viene peleando desde finales del año 2019 y que recientemente que la Cámara Ambiental le dio la razón para proseguir con el proceso, de forma desleal el abogado Luis Elías Botto Zuñiga, a sabiendas que no procede interpuso un Recurso de Casación, únicamente para evitar que se pueda seguir con la tasación del daño ambiental que la empresa de Salume ha producido. Y sobre esto, señala que procederá de inmediato con una denuncia ante la Sección de Investigación Profesional, ante tan evidente conducta desprovista de lealtad y buena fe del abogado de Salume.
Lemus, cierra diciendo que en su caso, su cruzada principal es porque empresarios inescrupulosos no se sigan enriqueciendo a fuerza de realizar prácticas contrarias al medio ambiente, especialmente en una zona costera donde existen tantas proyecciones turísticas y que no se pueden perder por una actitud rácana de no cumplir con los requisitos para dar un adecuado tratamiento y disposición final a la basura y así incrementar ganancias.
Por último hizo ver que ésta no es la única denuncia que presentará contra Salume, ya que también ha identificado que presuntamente cometió los mismos actos defraudatorios en connivencia con el Exalcalde Neto Muyshondt, al ser contratado sin tener la capacidad, ni autorización para brindar el servicio de disposición final de la basura de San Salvador y en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante los gobiernos del FMLN, donde se le concedieron contratos, sin contar siempre con el permiso ambiental de funcionamiento.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
