Judicial
Representante de Quimagro solicita reapertura y avances en demanda contra exfiscal general y exmagistrados de la Sala de los Constitucional por incumplimiento de deberes y otros delitos
José Antonio Vega, representante legal y presidente de la empresa Quimagro, Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de S. V. se apersonó esta mañana de miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), sede la Sultana, Antiguo Cuscatlán, para solicitarle al actual fiscal general, Raúl Melara, avances en su denuncia contra del fiscal de la república Douglas Meléndez.
Por más tres décadas la empresa salvadoreña QUIMAGRO ha mantenido una batalla legal contra el sistema financiero del país, el cual a pesar de haber tenido a su favor una sentencia definitiva en el 2010 y que fue tomada por la Sala de lo Civil en 2016 como fallo juzgado, en una acción “irregular” por parte de los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aún mantiene en vilo la ejecución del pago de daños y perjuicios y costas procesales, cantidad que supera los 50 millones de dólares para Quimagro.
En ese sentido, Antonio Vega ha solicitado una reapertura del caso y los avances que este puede presentar dentro de la actual administración en la FGR.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
El caso fue declarado cerrado en el 2016 por los exmagistrados de la anterior Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia; quienes habría contado con el respaldo y la complicidad del exfiscal general Douglas Meléndez, al no procesar las denuncias interpuestas en contra de los exmagistrados, cayendo en el delito de incumplimiento de deberes y omisión a la investigación, según Vega.
“Estoy solicitando una reapertura que se presentó en días pasados al nuevo fiscal general de la república, en el sentido de que se avance una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia”, todos delitos en perjuicio de la administración pública”, aseguró el representante de Quimagro en el documento que al tuvo acceso Diario Digital Cronio.
El aviso penal en contra de los exmagistrados y el exfical Douglas Meléndez, según Vega, fue presentada en marzo del presente año. En ella se pide al fiscal general en turno, Raúl Melera, se gire instrucciones precisas a la Unidad fiscal correspondiente para las investigaciones que se estimen pertinentes y se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho y justicia.
Además, se declare ha lugar a la formación de causa en contra del exfiscal general por los delitos referidos anteriormente, tipificados y sancionados en el artículo 311 del código procesal penal sobre omisión de investigación así como incumplimiento de deberes que es sancionado en el artículo 321 del código penal como también actos arbitrarios tipificado y sancionado en el artículo 320 del código penal. Por último, también se señalan los delitos de desobediencia, tipificado en el artículo 322 del código penal.
El demandante espera que se haga justicia en su caso y que sean juzgados también los exmagistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia por haber violado las leyes del país, según Vega.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
“Conforme a la constitución, normas internacionales y leyes de la república por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de 3 a 10 años según las leyes este país por una sentencia en contra de nuestra empresa Quimagro, lo cual no han resuelto los actuales magistrados”, recalcó Vega.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
