Judicial
Representante de Quimagro solicita reapertura y avances en demanda contra exfiscal general y exmagistrados de la Sala de los Constitucional por incumplimiento de deberes y otros delitos
José Antonio Vega, representante legal y presidente de la empresa Quimagro, Sociedad Anónima de Capital Variable S.A. de S. V. se apersonó esta mañana de miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), sede la Sultana, Antiguo Cuscatlán, para solicitarle al actual fiscal general, Raúl Melara, avances en su denuncia contra del fiscal de la república Douglas Meléndez.
Por más tres décadas la empresa salvadoreña QUIMAGRO ha mantenido una batalla legal contra el sistema financiero del país, el cual a pesar de haber tenido a su favor una sentencia definitiva en el 2010 y que fue tomada por la Sala de lo Civil en 2016 como fallo juzgado, en una acción “irregular” por parte de los exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aún mantiene en vilo la ejecución del pago de daños y perjuicios y costas procesales, cantidad que supera los 50 millones de dólares para Quimagro.
En ese sentido, Antonio Vega ha solicitado una reapertura del caso y los avances que este puede presentar dentro de la actual administración en la FGR.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
El caso fue declarado cerrado en el 2016 por los exmagistrados de la anterior Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia; quienes habría contado con el respaldo y la complicidad del exfiscal general Douglas Meléndez, al no procesar las denuncias interpuestas en contra de los exmagistrados, cayendo en el delito de incumplimiento de deberes y omisión a la investigación, según Vega.
“Estoy solicitando una reapertura que se presentó en días pasados al nuevo fiscal general de la república, en el sentido de que se avance una denuncia contra el exfiscal anterior, Douglas Meléndez Ruiz, por los delitos de omisión de investigación incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia”, todos delitos en perjuicio de la administración pública”, aseguró el representante de Quimagro en el documento que al tuvo acceso Diario Digital Cronio.
El aviso penal en contra de los exmagistrados y el exfical Douglas Meléndez, según Vega, fue presentada en marzo del presente año. En ella se pide al fiscal general en turno, Raúl Melera, se gire instrucciones precisas a la Unidad fiscal correspondiente para las investigaciones que se estimen pertinentes y se resuelva a la brevedad posible conforme a derecho y justicia.
Además, se declare ha lugar a la formación de causa en contra del exfiscal general por los delitos referidos anteriormente, tipificados y sancionados en el artículo 311 del código procesal penal sobre omisión de investigación así como incumplimiento de deberes que es sancionado en el artículo 321 del código penal como también actos arbitrarios tipificado y sancionado en el artículo 320 del código penal. Por último, también se señalan los delitos de desobediencia, tipificado en el artículo 322 del código penal.
El demandante espera que se haga justicia en su caso y que sean juzgados también los exmagistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime y Sonia de Segovia por haber violado las leyes del país, según Vega.
Antonio Vega, Quimagro S.A de S.V.
“Conforme a la constitución, normas internacionales y leyes de la república por la razón de haber cometido un posible prevaricato, un delito penado de 3 a 10 años según las leyes este país por una sentencia en contra de nuestra empresa Quimagro, lo cual no han resuelto los actuales magistrados”, recalcó Vega.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
