Judicial
Raúl Mijango admite que se reunió con arrocera para negociar extorsión: “La empresa pidió en algún momento mi ayuda”
El autodenominado mediador de la tregua, Raúl Mijango, admitió haberse reunido con personal de una arrocera que era víctima de extorsión en el marco de la tregua y dijo ellos lo buscaron para poder encontrar una solución alterna y eliminar el delito.
En declaraciones previas al juicio que se desarrolla en contra de Mijango y otros 13 imputados por el delito de extorsión, Mijango sostuvo que participó en miles de reuniones durante el periodo de la denominada tregua y entre estas se incluyeron las que sostuvo con la empresa arrocera, por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ahora lo acusa de extorsión.
«La empresa pidió en algún momento mi ayuda, al igual que lo hicieron muchos otros buscando la forma de como encontrarle otra salida a los problemas del país», dijo Mijango. Agregó que querían que les ayudaran a que ellos pudieran desarrollar mejor su actividad comercial en medio del clima de inseguridad.
«Entiendo que ellos aducían ser victimas desde este delito desde mucho antes y estaban buscando la forma de eliminar ese tipo de delitos», explicó a la prensa.
Asimismo, insistió en que él solo estaba buscando un proceso de pacificación entre las pandillas, a través del diálogo.
En este sentido, sostuvo que si este proceso es un juicio político será condenado, de lo contrario va a quedar absuelto.
«Si lo que tiene que haber es un juicio político por lo que hicimos en la búsqueda de la paz de este país y por eso nos van a condenar, entones que me condenen, eso si es un juicio político y sino nosotros somos totalmente no culpables de las cosas que nos acusan», reiteró.
Esta mañana se desarrolla en el Juzgado Especializado de Sentencia «B» el juicio contra Mijango y otros 13 acusados de extorsión.
El fiscal del caso explicó que se presentarán como pruebas varios audios en los que se establece la participación de los imputados.
El ente fiscal asegura que el delito inició en 2010, que en inicio se desarrolla de una manera pero esta se modifica ya cuando entra la participación de Mijango y la modalidad de las entregas cambia.
El mediador de la tregua fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en la extorsión que pandilleros realizaron a una empresa arrocera, que habría sucedió en los años 2013 y 2014, donde los pandilleros exigían productos que luego comercializaban en diferentes mercados del país.
Según la FGR, fue el propio Mijango que se presentó a la empresa para coordinar la extorsión y con las ganancias del producto se pagaba una oficina jurídica, de acuerdo a las investigaciones.
Por: El Salvador Times
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
