Judicial
Raúl Mijango admite que se reunió con arrocera para negociar extorsión: “La empresa pidió en algún momento mi ayuda”
El autodenominado mediador de la tregua, Raúl Mijango, admitió haberse reunido con personal de una arrocera que era víctima de extorsión en el marco de la tregua y dijo ellos lo buscaron para poder encontrar una solución alterna y eliminar el delito.
En declaraciones previas al juicio que se desarrolla en contra de Mijango y otros 13 imputados por el delito de extorsión, Mijango sostuvo que participó en miles de reuniones durante el periodo de la denominada tregua y entre estas se incluyeron las que sostuvo con la empresa arrocera, por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ahora lo acusa de extorsión.
«La empresa pidió en algún momento mi ayuda, al igual que lo hicieron muchos otros buscando la forma de como encontrarle otra salida a los problemas del país», dijo Mijango. Agregó que querían que les ayudaran a que ellos pudieran desarrollar mejor su actividad comercial en medio del clima de inseguridad.
«Entiendo que ellos aducían ser victimas desde este delito desde mucho antes y estaban buscando la forma de eliminar ese tipo de delitos», explicó a la prensa.
Asimismo, insistió en que él solo estaba buscando un proceso de pacificación entre las pandillas, a través del diálogo.
En este sentido, sostuvo que si este proceso es un juicio político será condenado, de lo contrario va a quedar absuelto.
«Si lo que tiene que haber es un juicio político por lo que hicimos en la búsqueda de la paz de este país y por eso nos van a condenar, entones que me condenen, eso si es un juicio político y sino nosotros somos totalmente no culpables de las cosas que nos acusan», reiteró.
Esta mañana se desarrolla en el Juzgado Especializado de Sentencia «B» el juicio contra Mijango y otros 13 acusados de extorsión.
El fiscal del caso explicó que se presentarán como pruebas varios audios en los que se establece la participación de los imputados.
El ente fiscal asegura que el delito inició en 2010, que en inicio se desarrolla de una manera pero esta se modifica ya cuando entra la participación de Mijango y la modalidad de las entregas cambia.
El mediador de la tregua fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en la extorsión que pandilleros realizaron a una empresa arrocera, que habría sucedió en los años 2013 y 2014, donde los pandilleros exigían productos que luego comercializaban en diferentes mercados del país.
Según la FGR, fue el propio Mijango que se presentó a la empresa para coordinar la extorsión y con las ganancias del producto se pagaba una oficina jurídica, de acuerdo a las investigaciones.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
