Judicial
Raúl Mijango admite que se reunió con arrocera para negociar extorsión: “La empresa pidió en algún momento mi ayuda”
El autodenominado mediador de la tregua, Raúl Mijango, admitió haberse reunido con personal de una arrocera que era víctima de extorsión en el marco de la tregua y dijo ellos lo buscaron para poder encontrar una solución alterna y eliminar el delito.
En declaraciones previas al juicio que se desarrolla en contra de Mijango y otros 13 imputados por el delito de extorsión, Mijango sostuvo que participó en miles de reuniones durante el periodo de la denominada tregua y entre estas se incluyeron las que sostuvo con la empresa arrocera, por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ahora lo acusa de extorsión.
«La empresa pidió en algún momento mi ayuda, al igual que lo hicieron muchos otros buscando la forma de como encontrarle otra salida a los problemas del país», dijo Mijango. Agregó que querían que les ayudaran a que ellos pudieran desarrollar mejor su actividad comercial en medio del clima de inseguridad.
«Entiendo que ellos aducían ser victimas desde este delito desde mucho antes y estaban buscando la forma de eliminar ese tipo de delitos», explicó a la prensa.
Asimismo, insistió en que él solo estaba buscando un proceso de pacificación entre las pandillas, a través del diálogo.
En este sentido, sostuvo que si este proceso es un juicio político será condenado, de lo contrario va a quedar absuelto.
«Si lo que tiene que haber es un juicio político por lo que hicimos en la búsqueda de la paz de este país y por eso nos van a condenar, entones que me condenen, eso si es un juicio político y sino nosotros somos totalmente no culpables de las cosas que nos acusan», reiteró.
Esta mañana se desarrolla en el Juzgado Especializado de Sentencia «B» el juicio contra Mijango y otros 13 acusados de extorsión.
El fiscal del caso explicó que se presentarán como pruebas varios audios en los que se establece la participación de los imputados.
El ente fiscal asegura que el delito inició en 2010, que en inicio se desarrolla de una manera pero esta se modifica ya cuando entra la participación de Mijango y la modalidad de las entregas cambia.
El mediador de la tregua fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en la extorsión que pandilleros realizaron a una empresa arrocera, que habría sucedió en los años 2013 y 2014, donde los pandilleros exigían productos que luego comercializaban en diferentes mercados del país.
Según la FGR, fue el propio Mijango que se presentó a la empresa para coordinar la extorsión y con las ganancias del producto se pagaba una oficina jurídica, de acuerdo a las investigaciones.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
