Judicial
Raúl Mijango admite que se reunió con arrocera para negociar extorsión: “La empresa pidió en algún momento mi ayuda”
El autodenominado mediador de la tregua, Raúl Mijango, admitió haberse reunido con personal de una arrocera que era víctima de extorsión en el marco de la tregua y dijo ellos lo buscaron para poder encontrar una solución alterna y eliminar el delito.
En declaraciones previas al juicio que se desarrolla en contra de Mijango y otros 13 imputados por el delito de extorsión, Mijango sostuvo que participó en miles de reuniones durante el periodo de la denominada tregua y entre estas se incluyeron las que sostuvo con la empresa arrocera, por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ahora lo acusa de extorsión.
«La empresa pidió en algún momento mi ayuda, al igual que lo hicieron muchos otros buscando la forma de como encontrarle otra salida a los problemas del país», dijo Mijango. Agregó que querían que les ayudaran a que ellos pudieran desarrollar mejor su actividad comercial en medio del clima de inseguridad.
«Entiendo que ellos aducían ser victimas desde este delito desde mucho antes y estaban buscando la forma de eliminar ese tipo de delitos», explicó a la prensa.
Asimismo, insistió en que él solo estaba buscando un proceso de pacificación entre las pandillas, a través del diálogo.
En este sentido, sostuvo que si este proceso es un juicio político será condenado, de lo contrario va a quedar absuelto.
«Si lo que tiene que haber es un juicio político por lo que hicimos en la búsqueda de la paz de este país y por eso nos van a condenar, entones que me condenen, eso si es un juicio político y sino nosotros somos totalmente no culpables de las cosas que nos acusan», reiteró.
Esta mañana se desarrolla en el Juzgado Especializado de Sentencia «B» el juicio contra Mijango y otros 13 acusados de extorsión.
El fiscal del caso explicó que se presentarán como pruebas varios audios en los que se establece la participación de los imputados.
El ente fiscal asegura que el delito inició en 2010, que en inicio se desarrolla de una manera pero esta se modifica ya cuando entra la participación de Mijango y la modalidad de las entregas cambia.
El mediador de la tregua fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en la extorsión que pandilleros realizaron a una empresa arrocera, que habría sucedió en los años 2013 y 2014, donde los pandilleros exigían productos que luego comercializaban en diferentes mercados del país.
Según la FGR, fue el propio Mijango que se presentó a la empresa para coordinar la extorsión y con las ganancias del producto se pagaba una oficina jurídica, de acuerdo a las investigaciones.
Por: El Salvador Times
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
