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Judicial

Por amenazar y desplazar de vivienda a víctimas, pandilleros de Ciudad Delgado son condenados a prisión

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La Fiscalía General de la República logró que 5 integrantes de una estructura criminal deban cumplir diferentes años de prisión, después que un Tribunal de esta ciudad los declaró culpables por amenazar y obligar a que los propietarios de una vivienda -ubicada en Ciudad Delgado- la abandonaran.

Los sentenciados son integrantes de la pandilla 18 revolucionarios, y fueron identificados como: Nelson Benjamín Recinos Meléndez, Marco Antonio Amaya Panameño, Benjamín Ayala Hernández, José Bladimir Vásquez Palacios y Jesús Salvador Amaya Panameño.

La investigación debidamente fundamentada y expuesta ante los jueces, estableció que los delincuentes mantenían constante acoso contra la víctima y que la noche del 27 de agosto del año 2021, estos llegaron hasta la casa de esa persona portando armas de fuego y le amenazaron de muerte.

Uno de los terroristas le exigió a la víctima que, junto a su familia, abandonara el inmueble y se fueran de la zona.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador al final del juicio los declaró culpables y determinó imponer 12 años de cárcel contra Recinos Meléndez, por ser el autor directo de la acción delictiva, mientras lo demás fueron considerados cómplices y ahora deberán cumplir la pena de 8 años.

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Judicial

Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

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Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.

 

Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.

La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.

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Judicial

Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

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Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.

Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.

No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.

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Judicial

Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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Imagen de referencia

El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.

Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.

Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.

Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.

Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.

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