Judicial
Policías enfrentarán hasta el 17 de enero nuevo juicio por haber colocado droga al joven Daniel Alemán
Luego de que la Cámara 1° de lo Penal anulara el fallo absolutorio del Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), M. Alvaisa y R. Madrid, volverán a tener un juicio en su contra el 17 de enero de 2019, tras ser acusados por el delito de fraude procesal.
Los dos agentes se presentarán a una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el Tribunal 2° de Sentencia desarrollará la audiencia de vista pública que tiene como víctima a Daniel Avilés Alemán.
El 13 de marzo de este año, Nemely Ardón, la representante de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del caso, interpuso una apelación ante la Cámara por la decisión de un juez de absolver a los dos agentes.
Alvaisa y Madrid Pacheco estuvieron en un proceso judicial que duró nueve meses y tras ello ambos habían recobrado su libertad completa el 22 de enero, cuando sus abogados defensores presentaron las pruebas necesarias ante la jueza del Tribunal 1° de Sentencia.
En aquel momento, la juzgadora aseguró que no hubo suficientes pruebas por parte de la Fiscalía como para determinar la culpabilidad de los dos agentes. Además destacó que hubo varias contradicciones entre el testimonio de Alemán y los otros testigos.
Ambos policías fueron señalados de colocar droga a Alemán al momento de la captura hecha en Ilopango y por la que ambos fueron detenidos el 19 de abril de 2017.
El delito que se le imputó al joven en ese momento fue el de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y por el cual fue absuelto al no encontrarse pruebas que sustentaran los señalamientos.
Posteriormente, Alemán fue señalado por el cobro de una extorsión pero en este caso el juez decidió que Alemán fuera el único de los acusados en el caso que fue absuelto tras un juicio que duró varios días.
Amigos y familiares de Alemán han iniciado una campaña en la que intentan demostrar supuestas irregularidades que se presentan en casos del sistema judicial que dicen han llevado tras las rejas a personas inocentes.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
