Judicial
Policías enfrentarán hasta el 17 de enero nuevo juicio por haber colocado droga al joven Daniel Alemán
Luego de que la Cámara 1° de lo Penal anulara el fallo absolutorio del Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), M. Alvaisa y R. Madrid, volverán a tener un juicio en su contra el 17 de enero de 2019, tras ser acusados por el delito de fraude procesal.
Los dos agentes se presentarán a una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el Tribunal 2° de Sentencia desarrollará la audiencia de vista pública que tiene como víctima a Daniel Avilés Alemán.
El 13 de marzo de este año, Nemely Ardón, la representante de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del caso, interpuso una apelación ante la Cámara por la decisión de un juez de absolver a los dos agentes.
Alvaisa y Madrid Pacheco estuvieron en un proceso judicial que duró nueve meses y tras ello ambos habían recobrado su libertad completa el 22 de enero, cuando sus abogados defensores presentaron las pruebas necesarias ante la jueza del Tribunal 1° de Sentencia.
En aquel momento, la juzgadora aseguró que no hubo suficientes pruebas por parte de la Fiscalía como para determinar la culpabilidad de los dos agentes. Además destacó que hubo varias contradicciones entre el testimonio de Alemán y los otros testigos.
Ambos policías fueron señalados de colocar droga a Alemán al momento de la captura hecha en Ilopango y por la que ambos fueron detenidos el 19 de abril de 2017.
El delito que se le imputó al joven en ese momento fue el de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y por el cual fue absuelto al no encontrarse pruebas que sustentaran los señalamientos.
Posteriormente, Alemán fue señalado por el cobro de una extorsión pero en este caso el juez decidió que Alemán fuera el único de los acusados en el caso que fue absuelto tras un juicio que duró varios días.
Amigos y familiares de Alemán han iniciado una campaña en la que intentan demostrar supuestas irregularidades que se presentan en casos del sistema judicial que dicen han llevado tras las rejas a personas inocentes.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
