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Judicial

Policías enfrentarán hasta el 17 de enero nuevo juicio por haber colocado droga al joven Daniel Alemán

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Luego de que la Cámara 1° de lo Penal anulara el fallo absolutorio del Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), M. Alvaisa y R. Madrid, volverán a tener un juicio en su contra el 17 de enero de 2019, tras ser acusados por el delito de fraude procesal.

Los dos agentes se presentarán a una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el Tribunal 2° de Sentencia desarrollará la audiencia de vista pública que tiene como víctima a Daniel Avilés Alemán.

El 13 de marzo de este año, Nemely Ardón, la representante de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del caso, interpuso una apelación ante la Cámara por la decisión de un juez de absolver a los dos agentes.

Alvaisa y Madrid Pacheco estuvieron en un proceso judicial que duró nueve meses y tras ello ambos habían recobrado su libertad completa el 22 de enero, cuando sus abogados defensores presentaron las pruebas necesarias ante la jueza del Tribunal 1° de Sentencia.

En aquel momento, la juzgadora aseguró que no hubo suficientes pruebas por parte de la Fiscalía como para determinar la culpabilidad de los dos agentes. Además destacó que hubo varias contradicciones entre el testimonio de Alemán y los otros testigos.

Ambos policías fueron señalados de colocar droga a Alemán al momento de la captura hecha en Ilopango y por la que ambos fueron detenidos el 19 de abril de 2017.

El delito que se le imputó al joven en ese momento fue el de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y por el cual fue absuelto al no encontrarse pruebas que sustentaran los señalamientos.

Posteriormente, Alemán fue señalado por el cobro de una extorsión pero en este caso el juez decidió que Alemán fuera el único de los acusados en el caso que fue absuelto tras un juicio que duró varios días.

Amigos y familiares de Alemán han iniciado una campaña en la que intentan demostrar supuestas irregularidades que se presentan en casos del sistema judicial que dicen han llevado tras las rejas a personas inocentes.

Daniel Aleman

Por: El Salvador Times.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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