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Judicial

Pandillero es condenado a 40 años de cárcel por el delito de feminicio agravado

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El pandillero Moisés de Jesús Moreno Mira, alias “Chimbolo”, recibió una condena de 40 años de prisión, por el delito de feminicio agravado, en perjuicio de Zoila Jazmín Martínez Bonilla, ocurrido el 2 de marzo de 2017, en Cuscatancingo.

La vista pública que tuvo lugar en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, contra Moisés de Jesús Moreno Mira, para lo cual la Fiscal del caso aportó la prueba documental, pericial y además de contar con la declaración de u testigo protegido clave “Madrid”, quién transitaba por cerca del lugar de los hechos, por lo que pudo ver lo que ocurría.

La relación de los hechos describe que el asesinato ocurrió el 2 de marzo de 2017, alrededor de las 4:30 de la tarde, en el pasaje 9, casa 28 J, de la colonia Lirios del Norte, de la jurisdicción de Cuscatancingo, San Salvador, cuando el imputado Moisés de Jesús Moreno Mira, alias “Chimbolo”, junto a Kevin Mauricio Raymundo Nolasco, alias “Calvo”, miembros activos de la MS-13, ingresaron de forma violenta a la vivienda de la víctima portando armas de fuego cada uno.

La víctima Martínez Bonilla, estaba acompañada de sus tres hijos de 13, 8 y 4 años, quién les dijo a los sujetos “no me disparen”, pero inmediatamente Kevin Mauricio Raymundo Nolasco, le disparo en varias oportunidades, sujeto que había cortejado a la víctima, pero con la cual no había tenido ninguna relación; y el imputado Moisés de Jesús Moreno Mira, que también tenía un arma de fuego en la mano, la víctima si tuvo una relación amorosa hacía dos meses atrás, pero con el que se había peleado, razón por la cual habían terminado dicha relación.

La víctima con diferentes lesiones en el cuerpo fue trasladad hasta el Hospital Nacional Zacamil, pero ante la gravedad de las heridas que se le causaron, fue trasladada al Hospital Nacional Rosales, lugar donde estuvo hospitalizada por 27 días, hasta el día de su fallecimiento.

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Estafador es condenado a cinco años de cárcel

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Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.

El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.

Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.

Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.

En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.

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FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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