Judicial
Ocho pandilleros de la 18 reciben condenas de 28 y 220 años cárcel
Ocho terroristas de la pandilla 18 que delinquían en Cojutepeque y San Pedro Perulapán, Cuscatlán fueron sentenciados a penas de 28 años hasta 220 años de prisión.
Los imputados pertenecen a la estructura Shadows Parks Locos Sureños de la pandilla Barrio 18, y operaban en diferentes barrios y colonias de los referidos municipios.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los imputados fueron encontrados responsables penalmente por siete casos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, dos casos de intento de homicidio y agrupaciones ilícitas.
Los crímenes fueron cometidos entre el año 2008 al 2015, en las colonias Vista al Lago, Santa Clara, Franco, La Fuente, El Progreso, Bellavista, El Calvario, El Huerto y otras de Cojutepeque, así como en los cantones Cujuapa y La Palma I, y otros hechos los perpetraron en el municipio de Santa Cruz Analquito.
Una de las condenas más grandes cayó sobre Erick Geovanny Martínez Herrera, alias Piojo o Jonster, quien fue condenado a 220 años por siete casos de homicidios, un caso de privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
A José Nery Herrera Bonifacio, alias Baby, se le impuso sentencia condenatoria de 205 años por cinco casos de homicidios, un proceso por privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Mientras que Felipe Antonio Alfaro Lara fue sentenciado a 195 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, casos de homicidios y uno de privación de libertad.
Felipe Antonio Alfaro Lara, alias Felipón, fue sentenciado a 195 años de prisión, y Francisco Javier Aguilar Ramírez, alias Shagui o Centinela, obtuvo sentencia condenatoria de 174 años, por agrupaciones ilícitas y seis casos de homicidio.
José Manuel Martínez Rivera, alias Sailor, fue encontrado responsable penalmente por un caso de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que debe purgar 49 años en la cárcel. Además, se reporta la condena de Isabel Wilfredo Ramírez a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. El resto de los involucrados fueron condenados a otras penas por delitos como agrupaciones ilícitas y tenencia Ilegal de arma.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
