Judicial
Mujer es condenada por Maltrato Infantil en perjuicio de su hijastra de siete años
Unidad de Delitos Relativos a la Niñez Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que Tribunal Primero de Sentencia de ciudad, encontrara culpables a Jery Iveth Romero de Calderón, de 46 años y Jaime Lizandro Calderón Reyes, de 29 años de edad; ambos acusados de Lesiones Agravadas; Abandono y Desamparo de Persona, y Maltrato Infantil, en perjuicio de su hija de siete años de edad; hecho ocurrido en Residencial La Madrileña, de la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo a la Información proporcionada por el jefe de esta oficina Fiscal, Max Muñoz, ambos imputados fueron capturados con órdenes administrativas, el 6 de marzo de 2017; a Jery Iveth Romero de Calderón, madrastra de la víctima, se le detuvo en calidad de autor directo de los delitos de Lesiones Agravadas y Maltrato Infantil; mientras que a Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre biológico de la víctima, por Abandono y Desamparo de Persona y cómplice necesario, por su omisión en el actuar, en los delitos de Maltrato Infantil y Lesiones Agravadas.
La Fiscalía presentó durante la audiencia una serie de elementos de pruebas de tipo documental, pericial y testimonial, entre los que se encuentran: Peritaje Psicológico de la menor, Peritaje de Reconocimiento de Lesiones, en el cual concluye que las lesiones que presenta la víctima generaron una incapacidad de doce días, a partir de la fecha del trauma y son de data reciente, Acta de entrevista de la menor, realizada en la Sala de Cirugía Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, entre otras.
Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la representación Fiscal, el Tribunal encontró culpable a imputada Jery Iveth Romero de Calderón, como autor directo de los delitos que se le imputan y dicto la condena de seis años de prisión, ene l caso de Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre de la víctima, le impuso pena de tres años de cárcel.
Este caso se origina cuando agentes de policía que apoyaba el programa G.R.E.A.T., en el Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de Santa Ana, observaron a una niña que presenta hematomas (moretes) en su rostro, al acercarse a la niña ella empezó a llorar, y a narrar los constantes maltratos que recibía de parte de su madrastra, por lo que hicieron el procedimiento, remitiendo a la menor al Instituto de Medicina Legal y posteriormente a darle ingreso al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana.
La Fiscalía General de la República, inicio la investigación, consistente en abordaje a la víctima, médicos del Hospital San Juan de Dios, autoridades del Centro Educativo, familiares cercanos, encontrando los indicios probatorios suficientes para girar órdenes administrativas de detención en contra de los imputados Jery Iveth Romero de Calderón y Jaime Lizandro Calderón Reyes.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
