Judicial
Mujer es condenada por Maltrato Infantil en perjuicio de su hijastra de siete años
Unidad de Delitos Relativos a la Niñez Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que Tribunal Primero de Sentencia de ciudad, encontrara culpables a Jery Iveth Romero de Calderón, de 46 años y Jaime Lizandro Calderón Reyes, de 29 años de edad; ambos acusados de Lesiones Agravadas; Abandono y Desamparo de Persona, y Maltrato Infantil, en perjuicio de su hija de siete años de edad; hecho ocurrido en Residencial La Madrileña, de la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo a la Información proporcionada por el jefe de esta oficina Fiscal, Max Muñoz, ambos imputados fueron capturados con órdenes administrativas, el 6 de marzo de 2017; a Jery Iveth Romero de Calderón, madrastra de la víctima, se le detuvo en calidad de autor directo de los delitos de Lesiones Agravadas y Maltrato Infantil; mientras que a Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre biológico de la víctima, por Abandono y Desamparo de Persona y cómplice necesario, por su omisión en el actuar, en los delitos de Maltrato Infantil y Lesiones Agravadas.
La Fiscalía presentó durante la audiencia una serie de elementos de pruebas de tipo documental, pericial y testimonial, entre los que se encuentran: Peritaje Psicológico de la menor, Peritaje de Reconocimiento de Lesiones, en el cual concluye que las lesiones que presenta la víctima generaron una incapacidad de doce días, a partir de la fecha del trauma y son de data reciente, Acta de entrevista de la menor, realizada en la Sala de Cirugía Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, entre otras.
Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la representación Fiscal, el Tribunal encontró culpable a imputada Jery Iveth Romero de Calderón, como autor directo de los delitos que se le imputan y dicto la condena de seis años de prisión, ene l caso de Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre de la víctima, le impuso pena de tres años de cárcel.
Este caso se origina cuando agentes de policía que apoyaba el programa G.R.E.A.T., en el Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de Santa Ana, observaron a una niña que presenta hematomas (moretes) en su rostro, al acercarse a la niña ella empezó a llorar, y a narrar los constantes maltratos que recibía de parte de su madrastra, por lo que hicieron el procedimiento, remitiendo a la menor al Instituto de Medicina Legal y posteriormente a darle ingreso al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana.
La Fiscalía General de la República, inicio la investigación, consistente en abordaje a la víctima, médicos del Hospital San Juan de Dios, autoridades del Centro Educativo, familiares cercanos, encontrando los indicios probatorios suficientes para girar órdenes administrativas de detención en contra de los imputados Jery Iveth Romero de Calderón y Jaime Lizandro Calderón Reyes.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
