Judicial
Mujer es condenada por Maltrato Infantil en perjuicio de su hijastra de siete años
Unidad de Delitos Relativos a la Niñez Adolescencia y la Mujer en su relación Familiar de la oficina Fiscal de Santa Ana, logró que Tribunal Primero de Sentencia de ciudad, encontrara culpables a Jery Iveth Romero de Calderón, de 46 años y Jaime Lizandro Calderón Reyes, de 29 años de edad; ambos acusados de Lesiones Agravadas; Abandono y Desamparo de Persona, y Maltrato Infantil, en perjuicio de su hija de siete años de edad; hecho ocurrido en Residencial La Madrileña, de la ciudad de Santa Ana.
De acuerdo a la Información proporcionada por el jefe de esta oficina Fiscal, Max Muñoz, ambos imputados fueron capturados con órdenes administrativas, el 6 de marzo de 2017; a Jery Iveth Romero de Calderón, madrastra de la víctima, se le detuvo en calidad de autor directo de los delitos de Lesiones Agravadas y Maltrato Infantil; mientras que a Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre biológico de la víctima, por Abandono y Desamparo de Persona y cómplice necesario, por su omisión en el actuar, en los delitos de Maltrato Infantil y Lesiones Agravadas.
La Fiscalía presentó durante la audiencia una serie de elementos de pruebas de tipo documental, pericial y testimonial, entre los que se encuentran: Peritaje Psicológico de la menor, Peritaje de Reconocimiento de Lesiones, en el cual concluye que las lesiones que presenta la víctima generaron una incapacidad de doce días, a partir de la fecha del trauma y son de data reciente, Acta de entrevista de la menor, realizada en la Sala de Cirugía Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, entre otras.
Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la representación Fiscal, el Tribunal encontró culpable a imputada Jery Iveth Romero de Calderón, como autor directo de los delitos que se le imputan y dicto la condena de seis años de prisión, ene l caso de Jaime Lizandro Calderón Reyes, padre de la víctima, le impuso pena de tres años de cárcel.
Este caso se origina cuando agentes de policía que apoyaba el programa G.R.E.A.T., en el Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de Santa Ana, observaron a una niña que presenta hematomas (moretes) en su rostro, al acercarse a la niña ella empezó a llorar, y a narrar los constantes maltratos que recibía de parte de su madrastra, por lo que hicieron el procedimiento, remitiendo a la menor al Instituto de Medicina Legal y posteriormente a darle ingreso al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Santa Ana.
La Fiscalía General de la República, inicio la investigación, consistente en abordaje a la víctima, médicos del Hospital San Juan de Dios, autoridades del Centro Educativo, familiares cercanos, encontrando los indicios probatorios suficientes para girar órdenes administrativas de detención en contra de los imputados Jery Iveth Romero de Calderón y Jaime Lizandro Calderón Reyes.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
