Judicial
Ministro de Trabajo cuestiona si aún hay injerencia del exfiscal Douglas Meléndez al interior de la FGR que aún sigue sin proceder en contra del alcalde Roberto d’Aubuisson
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que pese a tener resoluciones judiciales, la fiscalía aún sigue sin proceder en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, sobre quien afirma tiene dos expedientes abiertos por los delitos de desobediencia y actos arbitrarios.
¿Será que aún existe alguna injerencia por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, que no permite al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, a actuar de manera más diligente?
Al menos eso fue lo que expuso Castro, acusando que el exfiscal Meléndez, respondía a “las grandes chequeras” del país y que al parecer, aún mantiene una estructura enquistada en el ministerio público.
Antecedentes: si Douglas Meléndez respondía a las chequeras fuertes del país, ¿sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el fiscal Raúl Melara actué?
En el pasado ya han existido denuncias en contra de varios fiscales, que estarían enquistado en el ministerio público actuando bajo órdenes del exfiscal Meléndez, entre ellos: Wil Walter Ruiz (primo hermano de Meléndez), Jorge Cortez, Froilán Coto y Neftalí Ábrego, entre otros. Según se conoció, sobre ellos existen denuncias.
Según expuso Castro, los fallos judiciales favorecen a los trabajadores de la comuna tecleña; sin embargo, el edil y su concejo municipal han decidido no acatar los fallos.
“Violentó el debido proceso, ha irrespetado al Órgano Judicial, no ha acatado las resoluciones de los tribunales competentes, acá hay resoluciones donde ha incumplido por qué no actúa (la FGR)”, cuestionó el ministro Castro.
“Yo respeto mucho al fiscal general pero quizá ese entorno de la fiscalía aún responde a Douglas Meléndez, quien respondía a las chequeras fuertes del país y que muchas cosas las hizo para apoyar esas chequeras, que manejaba, a lo mejor sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el señor fiscal actual, pero si no lo hace voy a presionar para que el estado de derecho prevalezca en el país”, recalcó Rolando Castro.
El titular de Trabajo previno al fiscal Raúl Melara que de no actuar lo denunciará ante la Organización Mundial del Trabajo. “Si no lo hace voy a denunciar ante la comunidad internacional, que el estado de derecho en El Salvador es atentatorio porque solo tiene un ojo abierto y el otro cerrado.
También me queda toda la comunidad internacional, la ley debe ser parejo para todos”, subrayó.
“La única explicación que puedo entender de la fiscalía es que el exfiscal Meléndez sigue con sus estructuras maquiavélicas dentro de la fiscalía que no le permiten actuar, pero tengo fe en el actual fiscal general, que pueda actuar en un tiempo dado. Si no lo hace, aplicaré como ministro todo lo que me corresponde a nivel nacional e internacional”, señaló Castro.
El ministro de Trabajo también adelantó que acudirá a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia para conocer las razones del por qué no se mueve nada relacionado a los expedientes
en contra del alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal.
Entre las acusaciones en contra del exfiscal Meléndez esta la que interpusieron algunos empleados de la fiscalía, quienes han denunciado torturas y amenazas por parte de un grupo del entorno a Meléndez, con el
fin de declararse testigos criteriados en procesos judiciales.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
