Judicial
Ministro de Trabajo cuestiona si aún hay injerencia del exfiscal Douglas Meléndez al interior de la FGR que aún sigue sin proceder en contra del alcalde Roberto d’Aubuisson
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció que pese a tener resoluciones judiciales, la fiscalía aún sigue sin proceder en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, sobre quien afirma tiene dos expedientes abiertos por los delitos de desobediencia y actos arbitrarios.
¿Será que aún existe alguna injerencia por parte del exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, que no permite al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Melara, a actuar de manera más diligente?
Al menos eso fue lo que expuso Castro, acusando que el exfiscal Meléndez, respondía a “las grandes chequeras” del país y que al parecer, aún mantiene una estructura enquistada en el ministerio público.
Antecedentes: si Douglas Meléndez respondía a las chequeras fuertes del país, ¿sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el fiscal Raúl Melara actué?
En el pasado ya han existido denuncias en contra de varios fiscales, que estarían enquistado en el ministerio público actuando bajo órdenes del exfiscal Meléndez, entre ellos: Wil Walter Ruiz (primo hermano de Meléndez), Jorge Cortez, Froilán Coto y Neftalí Ábrego, entre otros. Según se conoció, sobre ellos existen denuncias.
Según expuso Castro, los fallos judiciales favorecen a los trabajadores de la comuna tecleña; sin embargo, el edil y su concejo municipal han decidido no acatar los fallos.
“Violentó el debido proceso, ha irrespetado al Órgano Judicial, no ha acatado las resoluciones de los tribunales competentes, acá hay resoluciones donde ha incumplido por qué no actúa (la FGR)”, cuestionó el ministro Castro.
“Yo respeto mucho al fiscal general pero quizá ese entorno de la fiscalía aún responde a Douglas Meléndez, quien respondía a las chequeras fuertes del país y que muchas cosas las hizo para apoyar esas chequeras, que manejaba, a lo mejor sigue incrustada esa estructura en la fiscalía y no permiten que el señor fiscal actual, pero si no lo hace voy a presionar para que el estado de derecho prevalezca en el país”, recalcó Rolando Castro.
El titular de Trabajo previno al fiscal Raúl Melara que de no actuar lo denunciará ante la Organización Mundial del Trabajo. “Si no lo hace voy a denunciar ante la comunidad internacional, que el estado de derecho en El Salvador es atentatorio porque solo tiene un ojo abierto y el otro cerrado.
También me queda toda la comunidad internacional, la ley debe ser parejo para todos”, subrayó.
“La única explicación que puedo entender de la fiscalía es que el exfiscal Meléndez sigue con sus estructuras maquiavélicas dentro de la fiscalía que no le permiten actuar, pero tengo fe en el actual fiscal general, que pueda actuar en un tiempo dado. Si no lo hace, aplicaré como ministro todo lo que me corresponde a nivel nacional e internacional”, señaló Castro.
El ministro de Trabajo también adelantó que acudirá a la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia para conocer las razones del por qué no se mueve nada relacionado a los expedientes
en contra del alcalde de Santa Tecla y su concejo municipal.
Entre las acusaciones en contra del exfiscal Meléndez esta la que interpusieron algunos empleados de la fiscalía, quienes han denunciado torturas y amenazas por parte de un grupo del entorno a Meléndez, con el
fin de declararse testigos criteriados en procesos judiciales.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
