Judicial
Mecafé, su esposa e hijas deben devolver más de $2 millones al Estado
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
Judicial
Gerardo Quijada, dueño de Talleres GQ, condenado a más de 6 años de prisión por estafa agravada
El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana recibió una condena de más de seis años de prisión tras ser hallado culpable del delito de estafa agravada. Además, deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares como responsabilidad civil, aseguró la Fiscalía General de la Republica (FGR).
En 2008, Quijada Orellana acordó arrendar un inmueble perteneciente a la sociedad agraviada, pero desde 2009 no realizó ningún pago por el arrendamiento. El proceso judicial en su contra se había desarrollado desde 2009, y debido a leyes anteriores, logró manipular y evadir la justicia.
Quijada Orellana no se presentó a la lectura del fallo en su contra, lo que llevó a que se le considerara prófugo de la justicia. Sin embargo, gracias a la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se logró su ubicación y captura el día de hoy.
#Condena I El día de ayer, Gerardo Quijada Orellana ha recibido una condena de más de 6 años en prisión, tras ser encontrado culpable por el delito de estafa agravada y deberá pagar a la sociedad víctima un monto que asciende a $929,673.10 dólares, como responsabilidad civil.
En… pic.twitter.com/p2yOjs0vdy
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 19, 2024
Edras Adillas Cadenas Cartagena fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado imperfecto o tentado y privación de libertad. Al imputado se le impuso una pena de cárcel de 13 años.
El imputado fue perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha y junto a otros sujetos privaron de libertad a la víctima y luego la llevaron hasta el lugar conocido como El Salamar, cantón Tonala de Sonsonate.
En ese lugar ataron a la víctima y le golpearon hasta dejarle inconsciente, luego los imputados se retiraron de la zona pues les avisaron de que en el sector circulaba la policía. El hecho sucedió el 28 de julio de dos mil dieciocho.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate decidió imponer 10 años de cárcel por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado, y tres años y seis meses por por privación de libertad.
Por haber asesinado a una mujer y a su hija de cinco años, en Ilopango, dos pandilleros fueron enviados a juicio al finalizar la audiencia preliminar.
La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, en contra de Cristian Geovanny Miranda Müller y Rolando Antonio Hernández.
El juzgado admitió a la Fiscalía General de la República toda la prueba para que sea discutida en la vista pública, en esa diligencia se definirá la situación jurídica de los dos presuntos responsables del crimen de Yolanda C. de 25 años, y su hija.
El caso fue conocido por las autoridades cuando, el 17 de mayo de 2021, encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición, en una vivienda de la Residencial Villa Flores, de Alta Vista, Ilopango.
Fueron los vecinos quienes llamaron a las autoridades sobre olores fétidos que salían de casa número 21, Senda. Al llegar a verificar la denuncia, agentes de la Policía Nacional Civil, encontraron los cuerpos con lesiones causadas con arma blanca.
Según las pesquisas de la Fiscalía General de la República, las víctimas fueron asesinadas el 13 de mayo, presuntamente por Cristian Geovanny, quien mantenía una relación con la víctima, y fue ayudado por Rolando Antonio Hernández, para consumar el crimen.
Con la información obtenida, la Fiscalía giró orden de captura para Miranda Müller, el 3 de julio de 2021, desde esa fecha ha estado en prisión y ahora espera la vista pública.
