Judicial
Más de 71,000 pandilleros capturados en el régimen ya guardan prisión por orden de un juez
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
