Judicial
La Sala Constitucional y su controversial desestimación de demandas en contra de Roberto d’Abuisson
La tarde de este lunes, la Sala de lo Constitucional desestimó las demandas contra la candidatura a reelección del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Abuisson, interpuestas por el ministro de trabajo Rolando Castro, luego de desobedecer la orden del reinstalo de más de 150 trabajadores de esa comuna.
El 31 de julio de 2018, un total de 154 trabajadores del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos de dicha alcaldía, fueron despedidos luego de que el edil firmara un contrato con la empresa de extranjera INTERASEO SASESP para que recolectara los desechos sólidos de la cabecera departamental a través de TECLASEO.
En diciembre del año 2020, el Juzgado Segundo de lo Contencioso ordenó a d’Abuisson el reinstalo del personal, además de el pago de salarios no percibidos, sin embargo este hizo caso omiso.
Una de las peticiones del ministro de trabajo fue que emitiera de manera inmediata la medida cautelar para inhabilitar la reelección; sin embargo la sala señaló que «no impone el requisito de calidad notoria».
«El parámetro de control sugerido por el demandante no impone el requisito de moralidad notoria y la tesis principal del actor se centra en la aplicación de las disposiciones legales que exigen tal requisito», señaló la Sala.
«Penoso el papel en este proceso histórico de los firmantes, mañana daré mi reacción ante los medios de comunicación. Con sustento legal», adelantó Castro.
La administración d’Abuisson está llena de reveses, tal es el caso de el pago de sobresueldos a subalternos, a través del FODES, según la Corte de Cuentas de la República, el edil hizo uso de $869,505.47.
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), lamentó la situación y en una llamada a un medio radial, señalaron que continuarán haciendo presión para que el edil cancele las remuneraciones correspondientes y que se cumpla el reinstalo.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
