Judicial
Juzgado Ambientalista de San Salvador gira aviso a la FGR para investigar a la alcaldía capitalina de posible delito de contaminación ambiental en La Libertad
El juzgado Ambientalista de San Salvador ha girado un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue un posible caso de contaminación ambiental en la planta de transferencia Aragón, ubicada en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Esto debido a que habitantes de dicho sector se han quejado por el ambiente insalubre que está generando el traslado de la basura de San Salvador hasta el relleno sanitario del cantón Melara, el cual no cuenta con la capacidad suficiente para albergar miles de toneladas de desechos sólidos.
La decisión de llevar allí la basura de la capital, ha sido por orden del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt desde finales de 2018, tras un impasse en la renovación del contrato con la empresa MIDES, de ahí, el aviso del juzgado Ambientalista de San Salvador para la FGR para que indague a la comuna capitalina administrada actualmente por Ernesto Muyshondt de una posible contaminación ambiental en el cantón Melara.
“Se debe certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República a efecto que promueva la acción que corresponda. Así mismo, para que investigue la presunta comisión el delito de Contaminación Ambiental del art. 225 Pn. Por las acciones detectadas en la Planta Aragón y en la quebrada El Garrobo que colinda con la misma”, reza el aviso emitido por el juzgado el martes 5 de marzo del corriente año.
Los promontorios de basura que ahí se están acumulando corre el riesgo de una posible contaminación en el aire y en las aguas de la quebrada El Garrobo, lo que lleva a un peligro latente para las diversas comunidades que se ubican en las inmediaciones de la planta de transferencia.
El del aviso a la FGR, el juzgado también ha dejaron en claro una serie de medidas cautelares que la alcaldía de San Salvador debe cumplir de forma “urgente”.
Entre ella está el de “suspender de manera inmediata, es decir que dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de este proveído, el vertido directo de lixiviados al suelo del inmueble en que se ubica la referida planta y la quebrada El Garrobo que se ubica al costado sur oeste de tal inmueble”.
Así mismo se le ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizar una auditoría de evaluación ambiental en la Planta de Transferencia Aragón, debiendo presentar a esta sede el resultado de esta en un plazo de quince días hábiles posterior a la ejecución de la auditoría”.
Las medidas antes expuestas son “de carácter obligatorio” y de no ser cumplidas quienes no las acaten caerán en el “delito de desobediencia”.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
