Judicial
Hombre termina con el rostro desfigurado al no contestar las preguntas de un borracho en una gasolinera del bulevar Constitución
Estar en una zona donde no era conocido y negarse a responder los cuestionamientos de un sujeto en estado de ebriedad provocaron que un hombre terminara desfigurado en el estacionamiento de una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución.
La madrugada del 18 de mayo de 2017, Julio llegó a la estación de servicio buscando consumir bebidas y alimentos sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar a manos de Daniel H., de 37 años, quien podría recibir una condena de 10 años de prisión por los hechos.
Según el expediente judicial, la víctima y el imputado no se conocían y la discusión inició cuando el segundo Daniel H,, en estado de ebriedad y con un arma en sus bolsillos, comenzó a cuestionar a Julio.
Daniel, junto a un acompañante, llegó a la gasolinera a bordo de un vehículo y tras estacionarse se dirigió directamente a donde se encontraba Julio quien en un primer momento no se inmutó pese a la presencia de los dos extraños.
La forma de caminar de los sujetos y la manera en la que lo miraban alertó a la víctima quien disfrutaba de una bebida cuando comenzó a ser cuestionado sobre su procedencia por uno de los agresores.
Julio se quedó inquieto, pero no dijo nada y los cuestionamientos siguieron hasta un punto que se convirtieron en agresiones físicas que el ofendido no estaba dispuesto a tolerar pese a la desventaja que tenía.
En el relato que brindaron testigos se señala que Julio y Daniel comenzaron a forcejearse hasta que el imputado sacó un arma de fuego con la que apuntó a la cara de su víctima quien no pudo hacer nada por evitar el ataque.
Cuatro disparos cortaron brutalmente el silencio de la madrugada, Julio incluso no tenía forma de quejarse para ser socorrido ya que los impactos destrozaron su mandíbula y parte de su rostro.
Las detonaciones provocaron que testigos alertaran a elementos de la Policía Nacional Civil y a socorristas que llegaron a la zona para trasladar a Julio a un centro asistencial en el que fue estabilizado.
Los agresores intentaron darse a la fuga, pero los agentes arrestaron a Daniel por los delitos de homicidio tentado; el acompañante que estaba con el imputado logró huir sin dejar rastro y poco se conoce de su participación en el caso.
El fiscal del caso explicó que tras la larga recuperación la víctima perdió la gran mayoría de sus dientes y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para recuperar parte de su rostro.
El proceso judicial
Cuando comenzaron las investigaciones, Julio logró identificar a su atacante en una rueda de personas, algo que permitió que se judicializaran los hechos hasta llegar al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador
El martes 7 de mayo de 2019, Daniel –quien está siendo procesado en libertad- llegó a la sala de audiencia para enfrentar el juicio por el caso en el que se le detalló el delito y la pena que se le podría imponer.
La parte acusadora sostiene que el ataque fue producto de las reacciones de los efectos del alcohol, sin embargo, el abogado defensor sostiene que nunca a su cliente no se le hizo un examen que determinara esa afirmación.
Ese mismo martes, la representación fiscal solicitó una reprogramación ya que la víctima no había logrado tener el permiso de sus jefes para presentarse a la audiencia por lo que se espera que en próximos diez días se lleve a cabo el juicio.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
