Judicial
Hombre termina con el rostro desfigurado al no contestar las preguntas de un borracho en una gasolinera del bulevar Constitución
Estar en una zona donde no era conocido y negarse a responder los cuestionamientos de un sujeto en estado de ebriedad provocaron que un hombre terminara desfigurado en el estacionamiento de una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución.
La madrugada del 18 de mayo de 2017, Julio llegó a la estación de servicio buscando consumir bebidas y alimentos sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar a manos de Daniel H., de 37 años, quien podría recibir una condena de 10 años de prisión por los hechos.
Según el expediente judicial, la víctima y el imputado no se conocían y la discusión inició cuando el segundo Daniel H,, en estado de ebriedad y con un arma en sus bolsillos, comenzó a cuestionar a Julio.
Daniel, junto a un acompañante, llegó a la gasolinera a bordo de un vehículo y tras estacionarse se dirigió directamente a donde se encontraba Julio quien en un primer momento no se inmutó pese a la presencia de los dos extraños.
La forma de caminar de los sujetos y la manera en la que lo miraban alertó a la víctima quien disfrutaba de una bebida cuando comenzó a ser cuestionado sobre su procedencia por uno de los agresores.
Julio se quedó inquieto, pero no dijo nada y los cuestionamientos siguieron hasta un punto que se convirtieron en agresiones físicas que el ofendido no estaba dispuesto a tolerar pese a la desventaja que tenía.
En el relato que brindaron testigos se señala que Julio y Daniel comenzaron a forcejearse hasta que el imputado sacó un arma de fuego con la que apuntó a la cara de su víctima quien no pudo hacer nada por evitar el ataque.
Cuatro disparos cortaron brutalmente el silencio de la madrugada, Julio incluso no tenía forma de quejarse para ser socorrido ya que los impactos destrozaron su mandíbula y parte de su rostro.
Las detonaciones provocaron que testigos alertaran a elementos de la Policía Nacional Civil y a socorristas que llegaron a la zona para trasladar a Julio a un centro asistencial en el que fue estabilizado.
Los agresores intentaron darse a la fuga, pero los agentes arrestaron a Daniel por los delitos de homicidio tentado; el acompañante que estaba con el imputado logró huir sin dejar rastro y poco se conoce de su participación en el caso.
El fiscal del caso explicó que tras la larga recuperación la víctima perdió la gran mayoría de sus dientes y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para recuperar parte de su rostro.
El proceso judicial
Cuando comenzaron las investigaciones, Julio logró identificar a su atacante en una rueda de personas, algo que permitió que se judicializaran los hechos hasta llegar al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador
El martes 7 de mayo de 2019, Daniel –quien está siendo procesado en libertad- llegó a la sala de audiencia para enfrentar el juicio por el caso en el que se le detalló el delito y la pena que se le podría imponer.
La parte acusadora sostiene que el ataque fue producto de las reacciones de los efectos del alcohol, sin embargo, el abogado defensor sostiene que nunca a su cliente no se le hizo un examen que determinara esa afirmación.
Ese mismo martes, la representación fiscal solicitó una reprogramación ya que la víctima no había logrado tener el permiso de sus jefes para presentarse a la audiencia por lo que se espera que en próximos diez días se lleve a cabo el juicio.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
