Judicial
Hombre termina con el rostro desfigurado al no contestar las preguntas de un borracho en una gasolinera del bulevar Constitución
Estar en una zona donde no era conocido y negarse a responder los cuestionamientos de un sujeto en estado de ebriedad provocaron que un hombre terminara desfigurado en el estacionamiento de una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución.
La madrugada del 18 de mayo de 2017, Julio llegó a la estación de servicio buscando consumir bebidas y alimentos sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar a manos de Daniel H., de 37 años, quien podría recibir una condena de 10 años de prisión por los hechos.
Según el expediente judicial, la víctima y el imputado no se conocían y la discusión inició cuando el segundo Daniel H,, en estado de ebriedad y con un arma en sus bolsillos, comenzó a cuestionar a Julio.
Daniel, junto a un acompañante, llegó a la gasolinera a bordo de un vehículo y tras estacionarse se dirigió directamente a donde se encontraba Julio quien en un primer momento no se inmutó pese a la presencia de los dos extraños.
La forma de caminar de los sujetos y la manera en la que lo miraban alertó a la víctima quien disfrutaba de una bebida cuando comenzó a ser cuestionado sobre su procedencia por uno de los agresores.
Julio se quedó inquieto, pero no dijo nada y los cuestionamientos siguieron hasta un punto que se convirtieron en agresiones físicas que el ofendido no estaba dispuesto a tolerar pese a la desventaja que tenía.
En el relato que brindaron testigos se señala que Julio y Daniel comenzaron a forcejearse hasta que el imputado sacó un arma de fuego con la que apuntó a la cara de su víctima quien no pudo hacer nada por evitar el ataque.
Cuatro disparos cortaron brutalmente el silencio de la madrugada, Julio incluso no tenía forma de quejarse para ser socorrido ya que los impactos destrozaron su mandíbula y parte de su rostro.
Las detonaciones provocaron que testigos alertaran a elementos de la Policía Nacional Civil y a socorristas que llegaron a la zona para trasladar a Julio a un centro asistencial en el que fue estabilizado.
Los agresores intentaron darse a la fuga, pero los agentes arrestaron a Daniel por los delitos de homicidio tentado; el acompañante que estaba con el imputado logró huir sin dejar rastro y poco se conoce de su participación en el caso.
El fiscal del caso explicó que tras la larga recuperación la víctima perdió la gran mayoría de sus dientes y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para recuperar parte de su rostro.
El proceso judicial
Cuando comenzaron las investigaciones, Julio logró identificar a su atacante en una rueda de personas, algo que permitió que se judicializaran los hechos hasta llegar al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador
El martes 7 de mayo de 2019, Daniel –quien está siendo procesado en libertad- llegó a la sala de audiencia para enfrentar el juicio por el caso en el que se le detalló el delito y la pena que se le podría imponer.
La parte acusadora sostiene que el ataque fue producto de las reacciones de los efectos del alcohol, sin embargo, el abogado defensor sostiene que nunca a su cliente no se le hizo un examen que determinara esa afirmación.
Ese mismo martes, la representación fiscal solicitó una reprogramación ya que la víctima no había logrado tener el permiso de sus jefes para presentarse a la audiencia por lo que se espera que en próximos diez días se lleve a cabo el juicio.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
