Judicial
Funes es condenado a seis años de cárcel por evasión de impuestos
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a seis años de prisión por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos que la Fiscalía General de la República probó que cometió en el año 2014.
Esta es la segunda condena que el expresidente acumula, ya que el pasado 29 de mayo el Juzgado Especializado de Sentencia C le impuso 14 años por haber promovido, facilitado e impulsado la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En la vista pública, los fiscales le dijeron al tribunal colegiado que a través de una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del ministerio de Hacienda se examinó el impuesto a declarar en el año 2014 y se detectó que como contribuyente declaró información falsa con el fin de evadir impuestos sobre la renta, el examen fiscalizador determinó que Mauricio Funes no declaro $271,857.49.
La acción del exmandatario lo llevó a defraudar al fisco con un monto de $85,157.25, pero con multas e intereses el monto se incrementó a $200,449.52. En el juicio se conoció que Mauricio Funes extendió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre sin justificar la procedencia de los fondos.
Al no probar la procedencia se evidenció un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $56,000, según los informes financieros. Toda esa información fue puesta a la orden de la Fiscalía por parte de la DGII y la Unidad Penal de Estado hizo un cruce de información con las operaciones financieras bancarias que Funes realizó durante el año 2014.
Un testigo que el ministerio público presentó ratificó ante el tribunal que Mauricio Funes defraudó al fisco con artimañas consistentes en depósitos a tarjetas de crédito, compra de vehículos, servicio de mantenimiento de un vehículo, compra de armas y hasta reportó una donación de 80 armas de fuego que le hizo el piloto Luis Alfredo Maida Leiva, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial y prófugo en el caso «Saqueo Público», estas armas no estaban exentas de declaración de impuesto sobre la renta las cuales fueron valuadas en $215,000, pero Funes dijo que cada una tenía el precio de $1.00.
Por esta causa penal, el 9 de febrero de 2023 fue declarado rebelde por el Juzgado Octavo de Instrucción al no presentarse a la audiencia preliminar donde fue enviado a juicio.
El expresidente prófugo quien se asiló en Nicaragua desde 2016 para luego ser nacionalizado tiene siete procesos en los tribunales. En el caso tregua y el de evasión ya hay sentencias, pero tiene pendientes otros cinco expedientes.
Los casos pendientes que tiene son «El Chaparral» «Corruptela», «Saqueo Público», divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el proceso de lavado de dinero que se le siguió al expresidente Francisco Flores y el caso de la avioneta que un empresario guatemalteco le regaló para que le adjudicara la construcción del puente San Isidro, esta última causa está en la fase final y a espera de la vista pública.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
