Judicial
Funes es condenado a seis años de cárcel por evasión de impuestos
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a seis años de prisión por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos que la Fiscalía General de la República probó que cometió en el año 2014.
Esta es la segunda condena que el expresidente acumula, ya que el pasado 29 de mayo el Juzgado Especializado de Sentencia C le impuso 14 años por haber promovido, facilitado e impulsado la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En la vista pública, los fiscales le dijeron al tribunal colegiado que a través de una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del ministerio de Hacienda se examinó el impuesto a declarar en el año 2014 y se detectó que como contribuyente declaró información falsa con el fin de evadir impuestos sobre la renta, el examen fiscalizador determinó que Mauricio Funes no declaro $271,857.49.
La acción del exmandatario lo llevó a defraudar al fisco con un monto de $85,157.25, pero con multas e intereses el monto se incrementó a $200,449.52. En el juicio se conoció que Mauricio Funes extendió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre sin justificar la procedencia de los fondos.
Al no probar la procedencia se evidenció un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $56,000, según los informes financieros. Toda esa información fue puesta a la orden de la Fiscalía por parte de la DGII y la Unidad Penal de Estado hizo un cruce de información con las operaciones financieras bancarias que Funes realizó durante el año 2014.
Un testigo que el ministerio público presentó ratificó ante el tribunal que Mauricio Funes defraudó al fisco con artimañas consistentes en depósitos a tarjetas de crédito, compra de vehículos, servicio de mantenimiento de un vehículo, compra de armas y hasta reportó una donación de 80 armas de fuego que le hizo el piloto Luis Alfredo Maida Leiva, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial y prófugo en el caso «Saqueo Público», estas armas no estaban exentas de declaración de impuesto sobre la renta las cuales fueron valuadas en $215,000, pero Funes dijo que cada una tenía el precio de $1.00.
Por esta causa penal, el 9 de febrero de 2023 fue declarado rebelde por el Juzgado Octavo de Instrucción al no presentarse a la audiencia preliminar donde fue enviado a juicio.
El expresidente prófugo quien se asiló en Nicaragua desde 2016 para luego ser nacionalizado tiene siete procesos en los tribunales. En el caso tregua y el de evasión ya hay sentencias, pero tiene pendientes otros cinco expedientes.
Los casos pendientes que tiene son «El Chaparral» «Corruptela», «Saqueo Público», divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el proceso de lavado de dinero que se le siguió al expresidente Francisco Flores y el caso de la avioneta que un empresario guatemalteco le regaló para que le adjudicara la construcción del puente San Isidro, esta última causa está en la fase final y a espera de la vista pública.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
