Judicial
Funes es condenado a seis años de cárcel por evasión de impuestos
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a seis años de prisión por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos que la Fiscalía General de la República probó que cometió en el año 2014.
Esta es la segunda condena que el expresidente acumula, ya que el pasado 29 de mayo el Juzgado Especializado de Sentencia C le impuso 14 años por haber promovido, facilitado e impulsado la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
En la vista pública, los fiscales le dijeron al tribunal colegiado que a través de una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del ministerio de Hacienda se examinó el impuesto a declarar en el año 2014 y se detectó que como contribuyente declaró información falsa con el fin de evadir impuestos sobre la renta, el examen fiscalizador determinó que Mauricio Funes no declaro $271,857.49.
La acción del exmandatario lo llevó a defraudar al fisco con un monto de $85,157.25, pero con multas e intereses el monto se incrementó a $200,449.52. En el juicio se conoció que Mauricio Funes extendió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre sin justificar la procedencia de los fondos.
Al no probar la procedencia se evidenció un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $56,000, según los informes financieros. Toda esa información fue puesta a la orden de la Fiscalía por parte de la DGII y la Unidad Penal de Estado hizo un cruce de información con las operaciones financieras bancarias que Funes realizó durante el año 2014.
Un testigo que el ministerio público presentó ratificó ante el tribunal que Mauricio Funes defraudó al fisco con artimañas consistentes en depósitos a tarjetas de crédito, compra de vehículos, servicio de mantenimiento de un vehículo, compra de armas y hasta reportó una donación de 80 armas de fuego que le hizo el piloto Luis Alfredo Maida Leiva, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial y prófugo en el caso «Saqueo Público», estas armas no estaban exentas de declaración de impuesto sobre la renta las cuales fueron valuadas en $215,000, pero Funes dijo que cada una tenía el precio de $1.00.
Por esta causa penal, el 9 de febrero de 2023 fue declarado rebelde por el Juzgado Octavo de Instrucción al no presentarse a la audiencia preliminar donde fue enviado a juicio.
El expresidente prófugo quien se asiló en Nicaragua desde 2016 para luego ser nacionalizado tiene siete procesos en los tribunales. En el caso tregua y el de evasión ya hay sentencias, pero tiene pendientes otros cinco expedientes.
Los casos pendientes que tiene son «El Chaparral» «Corruptela», «Saqueo Público», divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el proceso de lavado de dinero que se le siguió al expresidente Francisco Flores y el caso de la avioneta que un empresario guatemalteco le regaló para que le adjudicara la construcción del puente San Isidro, esta última causa está en la fase final y a espera de la vista pública.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
