Judicial
FOTOS: «Ranfla histórica» para la División Antiextorsiones de la PNC, detienen a 33 cabecillas, y logra 757 condenas
Ranflero “histórico», son 33 cabecillas nacionales o departamentales, de las dos pandillas más grandes del país, que la División Antiextorsiones capturó o intimó durante el año 2019, así lo informaron fuentes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Como División Antiextorsiones, el año 2019 ha sido exitoso con 1616 detenidos y 327 intimados”, explica uno de los oficiales de esta unidad, adscrita a la Subdirección de Investigaciones (SIN) de la Policía, al hacer una exposición de resultados en esta materia.
El oficial señala que entre las intimaciones —notificación de detención a un preso— llevadas a cabo por la división, en el período por concluir, destacan las de cabecillas de la denominada ranfla histórica, como Helmer Canales Rivera, un pandillero cuarentón conocido por los alias de Ladrón o Cruck, quien guarda prisión por secuestro en una cárcel de máxima seguridad.
Otro de los principales pandilleros sacado de las calles por los policías antiextorsiones es Moisés Alejandro Prado Majano alias Big Craz, yerno de Canales Rivera, y Víctor Alejandro Fuentes de 20 años de edad, quien al momento de su arresto portaba un brazalete electrónico.
También sobresale la detención en 2019 del prófugo por años de nombre Santos Elías Guardado Flores de 50 años, alias Chocolate de Hollywood, Viejo Chocolate o Chocla, en poder de miles de dólares producto de ilícitos.
Entre los logros sobresalientes de la División Antiextorsiones, además de las capturas, se halla la condena de 757 delincuentes por el delito de extorsión y otros como organizaciones terroristas y homicidio.
“Este dato es uno de los más importantes, hemos logrado condenar a 757 personas”, subraya el oficial.
En general, la división y los equipos antiextorsiones desplegados a nivel nacional atendieron en 2019 un total de 1808 denuncias, incautaron más de $30,000, decenas de vehículos, droga y armas de fuego, durante los procedimientos en flagrancia u operaciones de investigación.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
