Judicial
Fiscalía solicita extensión de bienes registrados a nombre de exfuncionario de Mauricio Funes
Foto: FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), ha solicitado hoy de forma oficial que a Hugo Alfredo Barrientos Clará, exviceministro de Obras Públicas, en el gobierno de Mauricio Funes, se le extingan $2.6 millones, 47 inmuebles y 16 vehículos.
La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada de Extinción de Dominio con la pretensión que esos inmuebles y dinero que actualmente están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) pasen al Estado.
«Los bienes muebles e inmuebles son en titularidad del señor Hugo Barrientos Clará y su Sociedad Hugo Barrientos Arquitectos S.A de C.V. Este caso tiene relación al desvío de fondos cometidos por el expresidente Carlos Mauricio Funes en el período presidencial 2009-2014», explicó la fiscal que presentó el escrito de inicio del proceso.
Con la solicitud interpuesta, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio con sede en San Salvador, pero con jurisdicción en todo el país, revisará el expediente y resolverá si lo admite o hace alguna prevención al ministerio público.
Hugo Alfredo Barrientos, quien es prófugo, era uno de los funcionarios de confianza de Mauricio Funes, se había convertido en el constructor de lujosas residencias de las parejas del prófugo expresidente, según lo dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, en agosto del año pasado.
El titular del ministerio público, manifestó en ese entonces que el nivel de confianza entre Funes y Barrientos Clará, llegó a tal grado que era «quien le consentía todos sus caprichos», entre estos, la construcción de residencias de lujo en zonas exclusivas para sus parejas sentimentales.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra el exdiputado David Reyes y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, señalando un incremento patrimonial injustificado que supera los $225,000 durante su periodo legislativo.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían detectado irregularidades en la compra de vehículos, pagos de vivienda y uso de tarjetas de crédito, que no corresponden a los ingresos declarados por el exfuncionario.
La FGR sostiene que los fondos utilizados para dichas operaciones no tienen un origen lícito comprobable, por lo que solicitó al tribunal correspondiente que se impongan las sanciones establecidas por la ley en caso de confirmarse las irregularidades.
El proceso judicial se encuentra en su fase final, y será el próximo 28 de octubre cuando el juez emita su veredicto, determinando si Reyes y su esposa deberán devolver los fondos al Estado o enfrentar otras consecuencias legales.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
