Judicial
Fiscalía solicita extensión de bienes registrados a nombre de exfuncionario de Mauricio Funes

Foto: FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), ha solicitado hoy de forma oficial que a Hugo Alfredo Barrientos Clará, exviceministro de Obras Públicas, en el gobierno de Mauricio Funes, se le extingan $2.6 millones, 47 inmuebles y 16 vehículos.
La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada de Extinción de Dominio con la pretensión que esos inmuebles y dinero que actualmente están bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) pasen al Estado.
«Los bienes muebles e inmuebles son en titularidad del señor Hugo Barrientos Clará y su Sociedad Hugo Barrientos Arquitectos S.A de C.V. Este caso tiene relación al desvío de fondos cometidos por el expresidente Carlos Mauricio Funes en el período presidencial 2009-2014», explicó la fiscal que presentó el escrito de inicio del proceso.
Con la solicitud interpuesta, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio con sede en San Salvador, pero con jurisdicción en todo el país, revisará el expediente y resolverá si lo admite o hace alguna prevención al ministerio público.
Hugo Alfredo Barrientos, quien es prófugo, era uno de los funcionarios de confianza de Mauricio Funes, se había convertido en el constructor de lujosas residencias de las parejas del prófugo expresidente, según lo dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, en agosto del año pasado.
El titular del ministerio público, manifestó en ese entonces que el nivel de confianza entre Funes y Barrientos Clará, llegó a tal grado que era «quien le consentía todos sus caprichos», entre estos, la construcción de residencias de lujo en zonas exclusivas para sus parejas sentimentales.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.